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  • Edición impresa de Junio 5, 2012

Con un aumento de un 25% de los equipos de agentes, el departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos impulsa un agresivo programa de deportación de indocumentados con antecedentes penales.

Los equipos del ICE aumentaron de 104 a 129 con la misión de detener cada mes al menos a 50 sospechosos de carecer de papeles y tener de cargos pendientes con la justicia, reportó el sitio digital All Gov.com.

El plan se puso en marcha aun cuando recientes reportes gubernamentales confirman una significativa caída de la inmigración ilegal a lo largo de la frontera sur del país.

Un aumento similar se produjo antes de las elecciones legislativas de noviembre 2010, cuando funcionarios del ICE anunciaron una cifra récord de arrestos y deportaciones de inmigrantes ilegales, alrededor de 400 mil personas por año.

La medida se llevó a cabo para contrarrestar los ataques de los republicanos, quienes afirmaban que los demócratas eran muy tolerantes con la inmigración ilegal, agregó. Críticos dentro y fuera de la administración del presidente Barack Obama acusan a la Casa Blanca de ampliar las expulsiones con el fin de ayudar a la campaña por la reelección del mandatario, a seis meses de los comicios.

Tanto demócratas como republicanos luchan enconadamente por conquistar a los votantes en estados donde el tema migratorio resulta fundamental como Arizona, Colorado y Nuevo México.

Obama, con un fuerte apoyo de los votantes hispanos, está bajo presión de los activistas latinos que le exigen encontrar formas más humanas de hacer cumplir las leyes federales de inmigración y proteger a las familias con profundas raíces en Estados Unidos.

Por su parte, los líderes republicanos, incluyendo el eventual candidato a la presidencia Mitt Romney, han exigido mayores esfuerzos para identificar y deportar a cualquier persona que esté ilegalmente en Estados Unidos.

Arizona fue el primero de una docena de estados que como Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Utah, promulgaron medidas radicales en este sentido que esperan por la decisión de la Corte Suprema, la cual debe pronunciarse en junio sobre la constitucionalidad o no de estas legislaciones.

 


 

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