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  • Edición impresa de Junio 5, 2012

El fantasma de severas leyes antiinmigrantes en algunos estados y la falta de voluntad de la administración demócrata para aprobar una reforma migratoria integral espanta a quienes más necesita hoy Estados Unidos: los inmigrantes. Un reciente informe de la organización Partnership for a New America Economy señala que el país está destinado a perder la competencia por los inmigrantes con naciones que están adaptando sus leyes migratorias para atraer a esas personas como mano de obra.

El estudio identificó tres problemas o riesgos de no reformarse la actual política migratoria estadounidense: una escasez de trabajadores jóvenes, escasez de profesionales en industrias de innovación (tecnología, matemáticas, ciencias) y lentitud en la creación de empleos y de nuevas empresas. Ello ocurre en momentos que se pronostica una aceleración, en los próximos años, del envejecimiento de la fuerza laboral.

Mientras otros países adoptan políticas para atraer a inmigrantes necesarios para el crecimiento económico, la política de Estados Unidos ha sido la misma por cincuenta años, indica el reporte. El documento advierte sobre el peligro que significan la eventual implementación de iniciativas que emprenden de manera severa contra la presencia de ciudadanos sin papeles en algunos estados.

Arizona fue el primero de una docena de estados que, como Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Utah, promulgaron medidas radicales en este sentido y que esperan por la decisión de la Corte Suprema, la cual debe pronunciarse en junio sobre la constitucionalidad o no de estas legislaciones.

Tres años en la Oficina Oval han sido insuficientes para que el presidente Barack Obama materialice su promesa de campaña de concretar una reforma migratoria, dilación que habría incidido en que varios territorios decidieron tomar pasos concretos en materia de prohibir la entrada al país de los indocumentados.

Mientras se espera la decisión de la Corte, de algo sí puede ufanarse Obama: durante los dos primeros años de su administración deportó a cerca de 800 mil personas, cifra superior a lo registrado en similar periodo del gobierno del ex-presidente George W. Bush.

 


 

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