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  • Edición impresa de Junio 19, 2012

Las condiciones en Pinal County Jail violan el compromiso de la administración de Obama de tener un sistema de detención migratoria “verdaderamente cívico”.

PHOENIX- El American Civil Liberties Union y el ACLU de Arizona solicitaron al Departamento de Seguridad Interna (DHS) que retire a los detenidos por causas migratorias de Pinal County Jail (PCJ), o bien remedie inmediatamente las condiciones inconstitucionales del inmueble, donde cientos de detenidos se mantienen en condiciones poco sanitarias o son sujetos de abusos, a pesar de la promesa del gobierno de crear un sistema de detención migratoria “verdaderamente cívico”.

En una carta enviada al director del Inmigration and Customs Enforcement (ICE), John Morton, y a los altos mandos del gobierno, el ACLU alega que una investigación dentro de la cárcel ha revelado las condiciones inaceptables de confinamiento que son indisputablemente excesivas, a pesar del hecho de que los detenidos migratorios que se mantienen ahí están bajo cargos civiles y no criminales.

“Las condiciones en Pinal County Jail violan la Constitución de Estados Unidos, así como los propios lineamientos nacionales de ICE, y continúan a pesar de la promesa de la administración de Obama de establecer un sistema de detención migratoria verdaderamente cívico”, dice la carta de ACLU. “El confinamiento de detenidos migratorios en PJC, por lo menos en las condiciones actuales, no tiene lugar en ningún sistema que aspire al civismo”.

El ACLU demandó condiciones decentes en las unidades de detención migratoria de la cárcel en marzo de 2011, en una carta a los oficiales de ICE, después de hallar aproximadamente 90 reportes de detenidos que iniciaron una huelga de hambre para protestar por las condiciones en la cárcel. Antes de eso, ACLU mostró su preocupación sobre condiciones de uso excesivo de la fuerza por parte de los guardias de la cárcel, que afectan a las mujeres y a las minorías religiosas. Los oficiales de ACLU dieron un recorrido por la cárcel en marzo y han mantenido correspondencia y reuniones con los detenidos durante los últimos tres años.

Según la última carta, la investigación del ACLU revela múltiples violaciones de derechos garantizados por la cláusula del proceso de ley de la Quinta Enmienda, incluyendo la falta total de ejercicio al aire libre, aun para aquellos detenidos por cinco años, la negación de visitas cara a cara con seres queridos, condiciones insalubres y acceso inadecuado a artículos de aseo personal.

Los detenidos también reportan que sus llamados de atención médica a menudo son ignorados. Están sujetos a encierros frecuentes, revisión diaria de sus celdas y confiscación frecuente de material de lectura y bienes de la cooperativa de la cárcel. Los detenidos se han quejado de recibir alimentos infestados con lombrices en charolas sucias. Se encuentran insectos y lombrices en lavabos, según los detenidos, que dicen no se les proporcionan suficientes materiales para mantener sus espacios limpios o mantener una higiene personal adecuada.

Los oficiales de la cárcel han reconocido que las condiciones en las que viven los detenidos civiles migratorios son las mismas que viven las personas que enfrentan cargos criminales, lo cual es, según la carta de ACLE, una violación tanto de la Constitución de Estados Unidos como de los propios lineamientos de detención de ICE. De hecho, la Corte de Apelaciones para el Circuito Norte ha dictado que los detenidos civiles tienen derecho a “un trato más considerado” que aquellos detenidos como parte de un proceso criminal.

“A pesar del reconocimiento de los oficiales de ICE de la necesidad de una reforma de detención migratoria y la promesa, a menudo citada, de la administración de Obama de crear un sistema de detención verdaderamente cívico, las condiciones en Pinal County Jail no han mejorado y castigan duramente a los detenidos por ICE”, dice la carta de ACLU. “El patrón continuo de trato inhumano y condiciones deficientes en PCJ, condiciones inconsistentes aun con el estatuto constitucional mínimo de prisioneros convictos, no solo hacen que el compromiso de la administración por una detención humana parezca un chiste, sino también es una invitación a una demanda formal”.

Se puede encontrar una copia de la carta de ACLU en: www.aclu.org/prisoners-rights/letter-regarding-unconstitutional-conditions-pinal-county-jail.

 


 

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