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  • Edición impresa de Junio 19, 2012

Desde hace decenios, el irresponsable y mal regulado comercio internacional de armas ha contribuido a que cada año al menos un millón de personas mueran, resulten heridas, sufran tortura y otros graves abusos contra los derechos humanos, incluida la violencia sexual. En julio, todos los gobiernos del mundo se reunirán en la sede de la ONU en Nueva York y dedicarán un mes a las negociaciones para acordar un Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) de ámbito mundial, el primero de este tipo.

Si los líderes mundiales aprueban el texto adecuado, este nuevo tratado establecerá estrictos controles sobre transferencias internacionales de armas y municiones y una “Regla de oro” que impedirá las transferencias de armas cuando exista la posibilidad de que contribuyan a la comisión de abusos contra los derechos humanos.

Antes de esas negociaciones, activistas de Amnistía Internacional en todo el mundo están pidiendo a los gobiernos que apoyen un acuerdo lo más sólido posible.

“Al negociar un tratado efectivo basado en la protección de los derechos humanos, los gobiernos del mundo pueden poner fin a las transferencias irresponsables de armas que cada año contribuyen a la muerte de más de medio millón de personas y a que millones más resulten heridas, sufran una brutal represión, sean víctimas de violación o se vean obligadas a huir de sus hogares”, ha declarado Brian Wood, director de la campaña “Armas bajo Control” de Amnistía Internacional.

“Pedimos a los gobiernos –especialmente a los “Seis Grandes” exportadores de armas– que rechacen el planteamiento de la ‘bolsa de cadáveres’, que simplemente consiste en recurrir a un embargo de armas impuesto por la ONU cuando la población ya se ha visto sumida en una catástrofe de derechos humanos”.

Entre los “Seis Grandes” países exportadores de armas (Alemania, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia) suministran casi las tres cuartas partes del total de las armas que hay en el mundo. Estos estados, entre los que se encuentran los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, desempeñan un papel fundamental en las negociaciones de julio.

Para que el tratado sea efectivo, debe exigir a los gobiernos que lleven a cabo una rigurosa evaluación de los riesgos para los derechos humanos antes de decidir si autorizan una transacción o transferencia de armas y que informen públicamente y de forma periódica sobre todas las autorizaciones y los envíos.

El comercio sin autorización y el desvío ilegal de armas deben constituir delito y los estados que no cumplan con las obligaciones establecidas en el TCA deben rendir cuentas.

A medida que se van acercando las negociaciones, activistas de todo el mundo presionarán a cada uno de los “Seis Grandes” exportadores de armas para instarles a que respalden un tratado “a prueba de balas” que ponga fin al suministro de armas con que se cometen atrocidades y abusos.

 


 

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