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  • Edición impresa de Julio 21, 2009.

ECUADOR • Territorio de la base militar en Manta retorna a Ecuador

El gobierno ecuatoriano declaró que los militares estadounidenses dejarán la base militar Eloy Alfaro, en la ciudad portuaria de Manta, el próximo 18 septiembre. El año pasado, el presidente Rafael Correa ya había decidido no renovar el convenio sobre la instalación de la base militar extranjera en el país, con lo cual cumplió una de sus principales promesas de campaña.

El país había permitido la instalación de la base en noviembre de 1999, durante el gobierno del presidente Jamil Mahuad. Durante un período de diez años, Estados Unidos pudo realizar actividades aéreas de combate al tráfico de drogas en Manta.

La decisión del gobierno de Correa está basada en la Constitución del país, aprobada en septiembre del año pasado por la población ecuatoriana. El artículo 5º especifica que “no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras, ni instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”.

En julio de 2008, el gobierno ecuatoriano decidió no renovar el convenio con Estados Unidos, que decidió cumplir la medida y desocupar la base. Las instalaciones deberán ser entregadas a Ecuador en forma gratuita. Los dos gobiernos, sin embargo, están definiendo qué equipamientos se mantendrán en el lugar.

Por su parte, en un comunicado de la entidad No Bases, emitido el 13 de julio, la organización celebra la salida de los estadounidenses de la base de Manta y, al mismo tiempo, lamenta las atrocidades que los militares cometieron en el país.

Según la entidad ecuatoriana, la población del país fue “engañada” durante la instalación de la base, ya que el gobierno de Estados Unidos había prometido que “abrirían instalaciones sanitarias, construirían infraestructura, redes de telefonía”.

A partir de 1999 -después del cierre de su base militar en Panamá-, Estados Unidos instaló Centros Operativos de Avanzada (FOL) en países como Ecuador, El Salvador y Aruba/Curaçao, que aceptaron la justificación del “combate a las drogas”. Sin embargo, no hay pruebas de que el establecimiento de bases militares haya diminuido la entrada de drogas es Estados Unidos.

 

 


 

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