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  • Edición impresa de Julio 20, 2010

Otros ocho estados apoyan la SB1070

Florida presentó un documento jurídico ante la Corte Federal de Estados Unidos en Arizona en el que da su apoyo, junto a Michigan y otros siete estados, a la ley estatal SB1070

El “amicus brief”, o argumento amistoso a favor de una de las partes, presentado por el fiscal de Florida, Bill McCollum, indica que no existe lugar jurídico para la demanda que el gobierno federal interpuso contra la controvertida ley de Arizona.

Durante una conferencia de prensa, McCollum consideró que la SB1070 “es consistente con leyes de inmigración federales y se enfoca en la soberanía que tienen los estados de la Unión para promulgar sus propias leyes”.

Además de Florida y Michigan, Alabama, Nebraska, Pensilvania, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Virginia, Texas y el territorio estadounidense de las Islas Marianas firman el documento de apoyo a la ley de Arizona, aseguró McCollum.

“Yo apoyo la ley actual de Arizona y los esfuerzos para tener una ley similar en nuestro estado”, subrayó McCollum, que consideró que la SB1070 surge como consecuencia de la falta de “acción y liderazgo por parte de las autoridades federales” para resolver el problema de la inmigración.

“Arizona tiene derecho a moverse para proteger a sus ciudadanos y es por eso que están siendo demandados por el presidente (Barack Obama)”, abundó McCollum, candidato a gobernador de Florida por el Partido Republicano.

Según el fiscal de Florida, que estaría trabajando en la redacción de una ley similar a la SB1070 junto al representante republicano William Snyder, “Florida, al igual que Arizona, tiene el derecho soberano de utilizar su poder de establecer políticas para asegurar el cumplimiento de las leyes federales de inmigración”.

La SB1070, que entrará en vigor el próximo día 29, es la primera ley en Estados Unidos en criminalizar la presencia de inmigrantes indocumentados, otorga funciones de agentes de inmigración a los policías locales y obliga a los extranjeros a portar sus documentos migratorios al momento de ser interpelados por las autoridades.

También convierte en un delito menor solicitar empleo en las calles, tal y como lo hacen los jornaleros, y penaliza a los que alberguen o transporten indocumentados

El Departamento de Justicia interpuso una demanda contra la ley de Arizona, al considerar que el gobierno federal es el único que tiene autoridad para dictar y aplicar leyes de inmigración.

 


 

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