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  • Edición impresa de Julio 1, 2014

La Columna Vertebral • ¿Ya nada nos conmueve?

La dramática situación que viven las decenas de niños que llegan a los estados fronterizos diariamente es el reflejo patente de la desproporción a la que ha llegado el fenómeno migratorio en Estados Unidos. Y, a pesar de todo, en el Congreso no pasa nada.

La crítica situación de pobreza y violencia rampante en los países centroamericanos sigue expulsando niños inmigrantes que buscan darle un rumbo distinto a sus vidas en el Norte, lejos del asedio de las pandillas y el miedo.

La realidad es que al llegar al país de los sueños, corriendo los conocidos peligros del desierto y sus traficantes de vidas, no encuentran más que un refugio temporal: la antesala a un proceso de deportación.

Y eso es lo único claro: que quienes ingresan ilegalmente al país -aun cuando sean menores de edad- deberán someterse al rigor de la ley.

Como dijo elecretario de Seguridad Nacional, Jeh C. Johnson, en su carta abierta a los padres de los niños que cruzan la frontera, enviar a los niños ilegalmente a Estados Unidos no es la solución.

Y es que sólo en el mes de mayo 9 mil menores cruzaron la frontera sin la compañía de uno de sus padres. En lo que va del año ya son más de 47 mil los que lo hicieron, la mayoría provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala.

El asunto es que rumores mal fundados de que los niños que llegasen a Estados Unidos se beneficiarían del Programa de Acción Diferida para la Niñez conocido como DACA dispararon el número de menores de edad queriendo ingresar al país. ¿Quiénes son los más beneficiados? Los traficantes de personas.

Para que un menor sea elegible para obtener los beneficios de DACA debe haber llegado a los Estados Unidos antes del 15 de junio de 2007.

En otras palabras, ningún niño que ingrese al país por la frontera será considerado bajo ningún tratamiento especial, bajo ninguna ley vigente o futura, ya que incluso el proyecto de reforma que cursa en el Congreso contempla extender este plazo a menores que hayan ingresado antes del 31 de diciembre de 2011. Es decir, hace más de dos años y medio.

Y, de acuerdo con la misiva del Secretario de Seguridad, cualquier persona que sea aprehendida cruzando la frontera ilegalmente es sujeta a deportación, sin consideración de su edad.

Así las cosas, no hay alternativas. Los padres que tienen a sus hijos lejos, en países donde la violencia callejera es pan de cada día, no tienen alternativas.

Habría alternativas, claro, si los gobiernos fuesen eficientes en la aplicación de políticas humanas en lo que a inmigración se refiere, pero es bien sabido que eso no es así.

Que los niños adquieran el estatus de refugiados para poder permanecer en el país es la alternativa que han planteado diversos grupos de defensores de derechos humanos que lidian con la crisis humanitaria en la frontera por estos días.

Cierto es que si existieran leyes justas, esos padres que hoy se ven obligados a poner en riesgo la vida y la seguridad de sus hijos probablemente serían ciudadanos, y podrían acogerse al ritmo de la ley para reunificar su familia. Pero dichas leyes no existen y el régimen inhumano e ineficiente que rige las inmigraciones en este país sigue esperando por una reforma que reposa en las gavetas del Congreso. Pero al parecer, ya nada nos conmueve.

 


 

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