Aprueban extender la Ley Patriota

La Cámara de Representantes aprobó en votación 257 sobre 171 la reautorización, con algunos cambios, de 16 cláusulas de la Ley Patriota ante las quejas demócratas de que ciertas secciones atentan contra los derechos civiles y las libertades individuales.

Con el voto, 14 de las 16 cláusulas de la ley se hacen permanentes y las dos más controversiales (sobre obtención de récords y la intercepción de comunicaciones) se extienden por 10 años.

El voto tuvo como telón de fondo la intentona de nuevos ataques terroristas en Londres, Inglaterra, principal aliado de Estados Unidos en la guerra en Irak, exactamente dos semanas después de los siniestros del 7 de julio que cobraron la vida de más de 50 personas.

Esto dio armas a los republicanos para ilustrar la importancia de otorgar mayores poderes al gobierno federal y a las autoridades policiacas para investigar a individuos, empresas o grupos sospechosos de ser terroristas o de tener vínculos con organizaciones terroristas.

El secretario de Justicia, Alberto Gonzales, alabó la reautorización de la ley. “Tras una mesurada deliberación y debate público, la Cámara de Representantes ha provisto una vez más a los valientes hombres y mujeres de las agencias policiacas con herramientas críticas en sus esfuerzos para combatir el terrorismo y proteger a los estadounidenses”.

Por otro lado, el Comité de Asuntos Judiciales del Senado, aprobó su versión de la reautorización de las 16 cláusulas de la ley, 14 de ellas de forma permanente y las dos más controversiales (obtención de récords y la intercepción de comunicaciones) por otros cuatro años, hasta diciembre de 2009.

La Ley Patriota se aprobó con premura tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Pero demócratas, varios republicanos, así como grupos liberales y algunos conservadores consideran que partes de la ley atentan contra las libertades individuales y han sido mal empleadas y en muchos casos abusadas.

La controversia surge de dos secciones de la ley que tienen que ver con ampliar los poderes de vigilancia, intercepción de comunicaciones y obtención de emplazamientos para tener acceso a documentos personales que van desde historiales médicos a recibos de bibliotecas, librerías o historiales de impuestos.

En la versión de la Cámara Baja, se harán permanentes 14 de las 16 cláusulas, y las dos consideradas más controversiales (la de acceso a documentos personales y la de intercepción de comunicaciones se limitaría a un sólo teléfono sin identificar al sospechoso) expirarán en 10 años.

Los republicanos, encabezados por el presidente George W. Bush, aseguran que la ley ha sido efectiva y ha resultado en la presentación de cargos contra más de 400 personas y más de la mitad han sido convictas.

 

Bush nomina a John G. Roberts para el Supremo

El presidente George W. Bush nominó al juez del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, John G. Roberts, Jr., de 50 años de edad, para llenar la vacante que deja la juez Sandra Day O’Connor, formulando su primera nominación al máximo tribunal y la primera en 11 años.

“Las decisiones de la Corte Suprema afectan las vidas de todos los estadounidenses y el nominado a esa corte debe ser una persona con magníficas credenciales, la más alta integridad, ser una persona que aplicará fielmente la Constitución manteniendo nuestra promesa de igualdad de justicia bajo la ley....Encontré a esa persona en el juez Roberts”, dijo Bush en la Casa Blanca.

Agregó que Roberts ha evidenciado su intelecto, su sólido juicio y su decencia personal y que es respetado por “personas de ambos partidos políticos”. Empero, pueden anticiparse disputas por tratarse de un puesto vitalicio.

Bush le urgió al Comité de Asuntos Judiciales del Senado y a la Cámara Alta que conduzcan el proceso de confirmación con dignidad, de manera justa, y prontamente para asegurar que Roberts ocupe su escaño cuando la Corte reanude su sesión el 3 de octubre.

Roberts, acompañado de su esposa, fue parco y breve al agradecer a Bush el haberle nominado diciendo que “es un honor ser nominado para servir en la Corte Suprema”.

La posibilidad de que se nominara a un juez hispano(a) o a una mujer queda a la espera de la próxima oportunidad que tenga Bush de formular nominaciones antes de que finalice su periodo presidencial, si se diera el caso.

Las audiencias de confirmación se iniciarían a fines de agosto o principios de septiembre.

Roberts fue confirmado en 2003 por consentimiento  unánime del Senado al puesto que ahora ocupa. Pero es de anticiparse que algunos senadores se opongan a su nom inación, particularmente demócratas, y que surjan diferencias entre grupos conservadores y liberales, algunos de los cuales defenderán y otros se opondrán, respectivamente, a la nominación del juez, particularmente por escritos que formuló en 1990 en torno al espinoso tema del aborto.

Sin embargo, esas posturas bien no podrían tener ningún impacto como probaron los conservadores con el juez David Souter, nominado por el ex presidente George H.W. Bush, quien probó ser más moderado para disgusto de los conservadores.

La firma legal para la cual trabajaba Roberts asesoró a la campaña de Bush en 2000 en el proceso de recuento de votos que culminó en el Supremo con una decisión que favoreció al ahora presidente.

“El reemplazo de la juez Sandra Day O’Connor puede tomar dos rumbos: el mismo camino independiente y no ideológico de la juez O’Connor, o puede unirse al bloque derechista de la Corte que consistentemente ha expresado su creencia de que el derecho de una mujer a elegir (si se practica o no un aborto) no está garantizado como tampoco lo está la capacidad del gobierno federal  de proteger trabajadores o el medio ambiente”.

 

Por narcoviolencia, EU cierra consulado en Nuevo Laredo

La embajada de Estados Unidos en México decidió cerrar su consulado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, debido a los hechos violentos ocurridos en esa ciudad, donde el pasado jueves un comando atacó a balazos y con bazucas una casa de seguridad, lo que al parecer fue un enfrentamiento entre narcotraficantes.

En un escueto comunicado, el embajador Tony Garza sostiene: “He tomado esta decisión para que podamos evaluar las condiciones de seguridad para nuestros empleados, para los estadounidenses que viajan a esta región y para las personas que acuden al consulado.

“Como parte de nuestra valoración de la seguridad, observaremos lo que esperamos será una respuesta rápida y certera del gobierno de México para controlar esta situación”, afirma el funcionario estadounidense.

Al exponer los motivos que lo llevaron a tomar dicha determinación, el embajador se refirió al “violento tiroteo” ocurrido la noche del jueves, entre dos grupos de delincuentes de Nuevo Laredo, en el que fueron utilizadas “armas poco comunes y de muy alto calibre”.

El diplomático explica que las oficinas del consulado suspenderán sus servicios por una semana, a partir del lunes 1 de agosto, mientras se evalúan las condiciones de inseguridad que pueden afectar eventualmente a sus empleados y a los turistas que viajan a esa zona del norte del país.

Tony Garza detalla que después de dicho análisis se decidirá si se reabre el consulado o permanece cerrado indefinidamente, por la ola de asesinatos en Nuevo Laredo.

“A la luz de este incidente deplorable y de que continúa la violencia en nuestra frontera, he decidido que se suspendan todas las actividades de nuestro consulado”, señala.

El jueves por la noche, dos grupos rivales, presuntamente narcotraficantes, se enfrentaron durante media hora con armas de fuego de grueso calibre, granadas y una bazuca, en las inmediaciones de lo que parecer ser una casa de seguridad ubicada en la colonia Campestre de Nuevo Laredo.

La fachada de la casa habitación presentaba al menos tres impactos de bazuca, mientras que en el piso se encontraron más de dos mil casquillos percutidos de cuerno de chivo, rifles R-15 y otras armas de grueso calibre.

La semana pasada, la embajada de Estados Unidos sugirió a los ciudadanos de esa nación que quisieran visitar México, consultar la hoja de información consular sobre nuestro país, donde advierte de los altos niveles de crímenes en México, a menudo violentos, sobre todo en las ciudades de México, Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Sinaloa.

 

Buscan combatir con más efectividad el contrabando humano

En el combate al contrabando de extranjeros, las agencias estadunidenses carecen de coordinación y es necesario reforzar la campaña con la confiscación de las viviendas que sirven de refugio transitorio de contrabandistas y contrabandeados, según una dependencia del Congreso.

El Departamento de Seguridad Interior debe resolver el problema de coordinación y el Departamento de Justicia está ya trabajando en la ampliación de las facultades de las autoridades para confiscar bienes raíces, dijo la oficina conocida como Oficina de Contraloría General (GAO), el brazo de investigaciones del Congreso.

Las divisiones de Protección de Aduanas y Fronteras (llamada CBP por su nombre original) y la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) trabajan sin coordinación y carecen de estrategias de operación, agregó.

El informe, Lucha contra el contrabando de extranjeros, fue presentado en una audiencia por Richard M. Stana, de la división de seguridad interior de la GAO, ante el subcomité de Justicia Criminal del Comité de Reforma de Gobierno en la Cámara de Representantes.

Según la GAO, el contrabando de extranjeros (conocido también como contrabando de personas o contrabando humano) no es lo mismo que tráfico de personas (o tráfico humano), aun cuando tienen similitudes y elementos comunes.

El contrabando humano produce ganancias de corto plazo para los contrabandistas, cuya relación con los extranjeros termina cuando éstos llegan a su destino. En el tráfico humano, la criminalidad y los abusos de derechos humanos —trabajo forzado, prostitución y otras formas de explotación— continúan después del punto de destino, generando ganancias de corto y largo plazos.

Según el Departamento de Estado, el contrabando de extranjeros y el tráfico humano generan al año unos 9,500 millones de dólares para las organizaciones criminales en el mundo. Las ganancias se usan a su vez para financiar otro tipo de actividades delictivas como tráfico de drogas, armas y terrorismo.

Pero el departamento, que elabora anualmente un informe sobre el tráfico humano en el mundo, desconoce cuántas personas ingresan a Estados Unidos bajo ambas modalidades.

Estados Unidos, el destino principal de ambas actividades, ha centralizado la campaña en el Departamento de Seguridad Interna (DHS), creado en marzo de 2003 luego de los atentados terroristas de septiembre de 2001. Allí se dio a CBP el control en los puntos de ingreso y a ICE el seguimiento dentro de la nación.

 

Aprueban el TLCAC

Tras un intenso cabildeo personal que llevó al propio presidente George W. Bush al Capitolio, la Cámara Baja aprobó en votación 217 sobre 215 el Tratado de Libre Comercio de América Central y República Dominicana (TLCAC), dando así la ratificación final por parte del Congreso que la Casa Blanca aguardaba.

Según los demócratas y grupos sindicales y religiosos opuestos al tratado, el TLCAC está lleno de faltas que no sólo supondrán la pérdida de empleos en Estados Unidos ante la competencia de mano de obra más barata de los seis países signatarios: El Salvador, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y República Dominicana.

También aseguran que aunque se ha vendido como un vehículo para promover la democracia y la estabilidad económica en el hemisferio occidental, la realidad es muy distinta porque la práctica ha probado que quienes salen ganando con estos acuerdos son las clases empresariales y más acaudaladas de los países en cuestión.

Semanas atrás el congresista demócrata de Arizona, Raúl Grijalva, afirmó que el TLCAC “será una réplica del TLC (Tratado de Libre Comercio de América del Norte [entre Estados Unidos, México y Canadá]”.

“Diez años más tarde (del TLC) se han perdido 1.3 millones de empleos y más de dos millones de personas han cruzado la frontera [sur, hacia EU] en busca de trabajo”, sostuvo Campos.

 

ALERTAN EN EU SOBRE FRONTERA VULNERABLE

La Patrulla Fronteriza advirtió que la frontera con México sigue siendo vulnerable tanto al crimen organizado como al terrorismo y al tráfico de personas y de drogas. Desde septiembre del año pasado a la fecha se han asegurado a cerca de 500 personas provenientes de las 35 nacionalidades que Estados Unidos considera de especial interés o presuntamente relacionadas con actos terroristas. En al año fiscal anterior (octubre 2003- septiembre 2004) se detuvo a 644 personas de este tipo. Salvador Zamora, vocero de la Patrulla Fronteriza, explicó en videoconferencia desde Washington, que la mayoría de esas 644 personas ingresaron de manera ilegal hacia Estados Unidos por México. Sin embargo, la Patrulla Fronteriza aceptó que en materia de narcotráfico, sus agentes no están exentos de la corrupción que origina este mal.

 

Desmantelan banda de falsificadores

Las operaciones de la “más grande y sofisticada” banda de falsificadores de documentos de identidad, tanto de México como de Estados Unidos, llegaron a su fin con el arresto de la mayoría de los delincuentes, anunciaron autoridades federales.

Según Bill Leone, a cargo de la fiscalía federal del Distrito de Colorado, las falsificaciones realizadas por la banda encabezada por Pedro Castorena Ibarra eran tan buenas que se necesitaron cinco años de investigaciones para detectarlas.

Según las autoridades, sólo se pudo comprobar que los documentos no eran auténticos usando alta tecnología en los laboratorios de agencias federales.

Leone indicó que Castorena, de 42 años, sigue prófugo, y aparentemente huyó a Guadalajara, México, de donde es oriundo. Sin embargo, varios de sus familiares y otros miembros de su grupo delictivo fueron arrestados.

Esta banda operaba, además de Colorado, en California, Carolina del Norte, Illinois, Iowa, Georgia, Nebraska y Nuevo México, y posiblemente en Texas. Pero en Denver tenía su “laboratorio de producción” y su “centro de distribución”.

Los documentos falsificados incluían tarjetas de residencia (o “tarjetas verdes”), tarjetas del Seguro Social, licencias de conducir de Estados Unidos y de México, matrículas consulares mexicanas, y varios otros tipos de documentos de identidad mexicanos y estadounidenses, como certificados de nacimiento y tarjetas de seguro para automotores.

Leone aseveró que Castorena proveía de documentos falsos no solamente a inmigrantes indocumentados, sino también a traficantes de personas, contrabandistas de drogas, organizaciones dedicadas al lavado de dinero y, posiblemente, grupos terroristas.

Aunque Castorena y sus hermanos ya habían sido condenados por delitos similares en Texas en 1995, y ya se habían presentado cargos adicionales en su contra en 1998 y en el 2000, fue sólo en enero de este año cuando la investigación realmente progresó, gracias al arresto de Francisco Javier Miranda Espinosa en la ciudad de Aurora, al este de Denver. (También Espinosa había sido convicto de falsificación de documentos en el 2000).

En el departamento que Espinosa alquilaba se encontraron cientos de documentos de identidad falsificados de alta calidad. Y en un galpón de almacenamiento, también a nombre de Espinosa, se incautó una imprenta digital (o “laboratorio portátil”), capaz de producir sellos oficiales y hologramas de seguridad como los que se usan en los documentos de Estados Unidos y México.