México del Norte
Protección de Derechos 

Jorge Mújica Murias

En estos días, Chicago vive un clima de temor en la comunidad inmigrante. Según datos del Consulado de México, hay docenas de casos, hasta un promedio de 80 semanalmente, de mexicanos deportados.

Pero ocurre que tanto la ciudad de Chicago como Cook, el Condado que la rodea, son supuestamente “santuarios”, según indica la orden ejecutiva emitida en 1985 por el entonces alcalde de la ciudad, Harold Washington.

Al calor de las marchas de la Primavera del Inmigrante, 21 años después, el Ayuntamiento de Chicago elevó a ordenanza esa orden ejecutiva, que claramente indica a todas las autoridades de la Ciudad que no deben preguntar, ni investigar, ni ayudar en la investigación del estado migratorio de una persona. La nueva ordenanza se celebró con bombo y platillo y los inmigrantes se sintieron seguros.

Exceso de derechos

Pero ahora la policía de Chicago, a pesar de la mentada prohibición, les pregunta a sus detenidos dónde nacieron, y escribe y reporta el dato. Luego de una complicada cadena de transferencias, los detenidos terminan en el Servicio de Inmigraciones.

La razón para preguntar (a los latinos, claro, porque hasta ahora no encontramos arrestados de otra nacionalidad), esÉ respeto a la Convención de Ginebra.

Este acuerdo internacional (que Estados Unidos no respeta y por eso inventó, para violarlo, la categoría de “enemigo combatiente”), dice que los detenidos en suelo extranjero tienen el derecho de que se notifique a su consulado o embajada. Por curiosa curiosidad, con otras nacionalidades las autoridades que hacen el arresto están obligadas a avisar al gobierno extranjero, pero no en el caso de los mexicanos.

Con nosotros, la autoridad solamente está obligada a informarnos que tenemos la opción de contactar al consulado o embajada. Y cuando la Policía de Chicago, bien cumplidora de los acuerdos internacionales y bien respetuosa de los derechos de sus detenidos, pregunta dónde nacimosÉ de paso nos pone un nopal tricolor en la frente que el Servicio de Inmigraciones nota a diez cuadras de distancia.

La policía entrega la lista de detenidos al Condado de Cook (que tampoco “colabora con el Servicio de Inmigraciones”) y los carceleros reciben un immigration hold, petición de no soltar al preso al final de su caso legal, sino retenerlo por 48 horas para que el Servicio de Inmigraciones tenga oportunidad de apresarlo.

Si hay papelito de hold, el Condado no acepta fianzas por los cargos criminales, y el preso se pasa semanas y meses en la cárcel. Si el juez lo suelta, el Condado lo retiene 48 horas más. Si el Servicio de Inmigraciones lo recoge, comienza el proceso de deportación, con otras fianzas y semanas en la cárcel y demás.

¿El consulado? Bien, gracias, ¿y usted como está? No por brutos o malvados, pero los trabajadores del consulado no tienen ni el tiempo ni los recursos para hacerse cargo de todos los casos (suponiendo que el detenido tenga acceso a un teléfono y los llame para pedir protección consular).

 En conclusión, la policía cumple con todas las leyesÉ y nos perjudica en el proceso. La propuesta que se hizo al Ayuntamiento de Chicago es que es mejor agregarle el aviso de la Convención de Ginebra a los Derechos de Miranda (los que dicen que tenemos derecho a permanecer callados), y que el discurso diga algo así como: “Si usted es griego, chino, polaco, coreano, etcétera, estamos obligados a comunicarnos con su consulado o embajada; si usted es mexicano, usted puede hacerlo solo”. Y punto. Sin nopales tricolores, sin reportes.

A fin de cuentas, este derecho sólo nos complica la vida.