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  • Edición impresa de Agosto 3, 2010

Fallo sobre la SB1070: victoria a medias

El bloqueo temporal de algunas de las secciones más controversiales de la ley antiinmigrante SB1070 de Arizona fue bienvenido, incluso fue más allá de lo que algunos anticipaban, pero no es el final del camino. De todos modos la ley entró en vigor el jueves pasado; de todos modos, el alguacil Joe Arpaio sigue haciendo de las suyas; de todos modos, no hay reforma migratoria en puerta.

En una decisión salomónica, la jueza permitió que la ley entrara en vigencia aunque bloqueó la autoridad de la policía para cuestionar la situación migratoria de una persona en el transcurso de alguna averiguación. Bloqueó además la parte que pide que los inmigrantes lleven consigo en todo momento sus documentos; la que prohíbe a los jornaleros solicitar trabajo en lugares públicos; y la que concede a la policía básicamente la autoridad de determinar quién es deportable.

   La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, quien ha colocado este asunto al centro de su campaña electoral, ya anunció que apelará el bloqueo de las cláusulas ante el Noveno Circuito de San Francisco. Así que el asunto continúa.

  Con o sin SB1070, Arpaio ha seguido desafiante y continúa con su circo mediático, mostrándole a la prensa el espacio preparado en su ciudad de carpas para albergar a los indocumentados que detenga. Pese a las 2,700 demandas en su contra, todavía el Departamento de Justicia no anuncia los resultados de su investigación en torno al alguacil por manejo de perfiles raciales, entre otras cosas.

  Con o sin SB1070, muchos inmigrantes permanecerán en Arizona o se trasladarán a otros estados con el mismo problema sin resolver: viviendo ocultos, a merced de otras iniciativas anti inmigrantes y en muchos casos, con familiares residentes legales o ciudadanos pagando las consecuencias del desbarajuste.

  Y es que en tanto el Congreso y la administración no agarren el toro por los cuernos y avancen una reforma migratoria que aborde de manera integral todos los componentes del problema migratorio, el gobierno federal seguirá viéndose obligado a defender su autoridad una y otra vez. Algunos esperan que el caso de Arizona siente un precedente para que otros estados entiendan los límites de su autoridad.

  Por ahora, todo apunta a que esa autoridad federal sobre gobiernos estatales en el ámbito migratorio se le sigue reconociendo en la teoría. Queda por verse si comienza a ejercerla de manera efectiva en la práctica. Queda por verse también, si además, esta situación en Arizona saca a los políticos de los cómodos escondites de donde salen cada dos o cuatro años a hacer campaña y se decidan a pasar de tanta promesa a algo real.

  En la vigilia, Jorge González portaba su cartel contra la SB1070. “Llevamos 102 días esperando y rezando. Queríamos que la jueza quitara toda la ley, no sólo partes. Es una victoria a medias. Nos ayudaría más una reforma, pero no sé si pasará, aunque la esperanza es lo último que se pierde”.

 


 

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