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  • Edición impresa de Agosto 17, 2010

¿Quién decidirá si la frontera común con México llena los requisitos de seguridad que permitirían considerar en el Congreso un plan de reforma migratoria amplia? Quién sabe. Lo que sí se sabe es que la seguridad fronteriza es buen tema de año electoral.

  Los republicanos parecen dirigir la orquesta en ese frente, como el niño que es dueño del balón y controla el juego. Siguen sumando requisitos a su interminable lista.

  Los demócratas, por su parte, siguen cediendo a presiones republicanas y proveyendo diferente discurso a diferente audiencia: a un sector le dicen que están ejerciendo mano dura contra la inmigración indocumentada; a otro sector le aseguran que se están sentando las bases para avanzar un plan de reforma amplia. Que esperen, que ya casi.

  En ambos casos, la costura de año electoral se ve a leguas.

  Como el envío de 1,200 Guardias Nacionales a la frontera para “labores de apoyo”. En el sector de Arizona, zona cero del debate migratorio, ni siquiera estaban listos para ser desplegados el primero de agosto después de tanto bombo y platillo.

El senador demócrata de Nueva York, Charles Schumer, presidente del panel de Inmigración del Senado, reiteró que “tenemos mucha gente, demócratas y republicanos moderados, que dicen que no considerarían una reforma migratoria hasta que no hagamos algo en torno a la frontera”.

  La versión del proyecto de 600 millones de dólares para otros 1,500 agentes y para aviones no tripulados de vigilancia, entre otros extras, que aprobó el Senado, que la Cámara Baja está considerando y que responde a una petición del presidente Barack Obama, “es inteligente, no es punitiva y es un avance para lograr la reforma migratoria amplia”. ¿De verdad?

  La realidad es otra. La seguridad fronteriza, según la defina cada cual, avanza, pero no la reforma migratoria.

  En junio la secretaria de Seguridad Interna (DHS, por su sigla en inglés), Janet Napolitano, declaró ante el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales que “en el transcurso de los pasados dieciocho meses esta administración ha dedicado más recursos –personal, tecnología e infraestructura- a la frontera del Suroeste que en ningún otro momento de la historia de Estados Unidos”.

  Napolitano enumeró algunos logros: la cifra de patrulleros fronterizos se ha duplicado desde 2004, de 10,000 a más de 20,000; casi se han completado 652 millas de muro fronterizo; la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) ha deportado a cientos de miles (en el año fiscal 2009 deportó a 387,790 y se espera que este año fiscal supere los 400,000); se han ampliado los programas 287(g), de colaboración con policías estatales, y “Comunidades Seguras” en las cárceles; se han triplicado las auditorías contra empleadores que contratan indocumentados. Entre los años fiscales 2004 y 2009 ha habido una reducción de 53% en la cifra de detenciones en la frontera.

  Esto no lo dijo Napolitano, pero sí la Oficina Federal de Investigaciones (FBI): cuatro de las ciudades con la tasa más baja de crímenes violentos están ubicadas en estados fronterizos. Son San Diego, California, El Paso a pesar de la violencia en Ciudad Juárez-, y Austin, en Texas, y Phoenix, Arizona, donde rige la ley SB1070.

  Según cifras del Centro Hispano Pew, entre 25% y 40% de los indocumentados no ingresaron sin documentos a Estados Unidos sino con visados que luego expiraron.

“Los números cuentan la historia y no mienten”, declaró Napolitano en junio.

Los números no mienten, pero muchos legisladores sí.

 


 

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