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  • Edición impresa de Agosto 17, 2010

España, igual que Arizona

El fallo de la jueza Susan Bolton, en Phoenix, desplumó de sus artículos más polémicos la nueva ley de inmigración de Arizona. La justicia norteamericana considera que castigar como delito que un extranjero no tenga su documentación en regla se da de bruces con la Constitución. También promover las deportaciones express de sin papeles a sus países, pedir la documentación a ciudadanos por su aspecto físico u obligar a sólo una parte de la población, a los extranjeros, a estar documentada en todo momento.

Sin embargo, en los últimos años, varios países europeos han incluido medidas similares en sus ordenamientos jurídicos. Italia y Francia, por ejemplo, han aprobado leyes que discriminan y persiguen abiertamente a los inmigrantes irregulares.

En España, vivir sin papeles no es delito, sino una falta administrativa. Pero las asociaciones de inmigrantes aseguran que, si lo fuese, las detenciones de inmigrantes serían más garantistas, porque se les internaría en cárceles. Sus encierros se realizan en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), durante un máximo de 60 días. Estos centros son más opacos que las prisiones y los detenidos gozan de menos derechos que los reos.

Otra de las medidas que bloqueó el tribunal de Phoenix fue generalizar las deportaciones express. España permite realizarlas desde 1985, mediante el procedimiento denominado “preferente”, que da sólo 48 horas al detenido para presentar sus alegatos.

Más allá de las sanciones, Arizona también ha tratado de dar más autonomía a los policías y de permitir detenciones en función de interpretaciones subjetivas de los propios agentes. En España, en los dos últimos años se han intensificado las denuncias de las asociaciones y ONG sobre el trato discriminatorio que practica la policía con los inmigrantes, por su aspecto físico. Según estas organizaciones, los agentes realizan controles e identifican a personas por su aspecto físico en las bocas del metro y lugares frecuentados especialmente por inmigrantes, desde locutorios hasta escuelas de formación para extranjeros.

A principios de este año, otro documento instó a los agentes a trasladar a comisaría a sin papeles que sólo portasen su pasaporte en los controles de identidad. El grupo de juristas Inmigrapenal recordó que sólo se puede trasladar así a un indocumentado en dos supuestos: como detenido (cuando hay un indicio racional de delito o infracción) o para proceder a su identificación (imposible, por lo tanto, si el foráneo, irregular o no, ha mostrado su pasaporte al agente).

Al margen de los artículos que bloqueó Bolton, la ley que entró en vigor el día 29 tiene más vínculos con la legislación española. La nueva norma castiga a quien recoja a sin papeles por la calle para darle trabajo y aporta mecanismos de denuncia para los que se sientan discriminados por motivos raciales. Las leyes de Extranjería e Igualdad españolas también han introducido más sanciones para los empresarios.

En 2008, el Parlamento Europeo aprobó la llamada Directiva de la Vergüenza, que permite internar hasta 18 meses a quienes esperan ser deportados.

 


 

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