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  • Edición impresa de Agosto 16, 2011

Ecuador • Los guardianes de la selva

El pueblo amazónico de Sarayaku ha sentado en el banquillo al Estado de Ecuador por violaciones de los derechos humanos durante el conflicto con la petrolera CGC, a la que logró expulsar de su territorio en 2004. La mayoría de los asistentes nunca había visto un juicio. Agolpados en una casa comunal de paredes de madera y techos de palma, una cuarta parte de la población de Sarayaku siguió la declaración de sus vecinos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica los pasados 6 y 7 de julio.

Los representantes de Sarayaku pidieron a la Corte que el gobierno declare el área zona libre de actividad petrolera y retire los explosivos. La mayoría de los 1,200 habitantes de Sarayaku viven de la agricultura de subsistencia, de la caza y de la pesca. Para llegar a su territorio, 135,000 hectáreas de bosques vírgenes amazónicos, hay que viajar en canoa o en avioneta.

En la historia de Sarayaku abundan los episodios de resistencia. Entre los años cuarenta y sesenta, la población obligó a la Iglesia y al Ejército a abandonar sus territorios. En 1989 le tocó el turno a la petrolera Arco-Agip.

Pero fue a partir de 1996 cuando la comunidad empezó a estar realmente en peligro. En ese año, el Estado adjudicó a la petrolera argentina CGC el bloque 23, que abarca 200,000 hectáreas de selva, el 60% de ellas dentro del territorio de Sarayaku.

A finales de 2002, la empresa CGC, con la protección del Ejército, penetraba por primera vez en su territorio. En una asamblea general, el pueblo se declaró en estado de emergencia. En las fronteras del territorio se instalaron cerca de 25 campamentos de “paz y vida”. En tiendas de palos y hojas de palma, cerca de 600 personas resistieron durante más de cuatro meses.

A principios de 2003, fue interceptada una avanzadilla de trabajadores custodiados por militares fuertemente armados dentro del territorio de Sarayaku. Las mujeres rodearon a los militares y les quitaron las armas. Las imágenes de las mujeres devolviendo las pesadas ametralladoras a los oficiales del Ejército unos días después dieron la vuelta al mundo. A cambio de las armas, fueron liberados cuatro indígenas que habían sido detenidos y torturados por el Ejército y la empresa.

En 2004, tras varias sentencias judiciales, la compañía decidió retirarse. Pero los daños causados en la comunidad eran irreparables. Los explosivos quedaron enterrados y las divisiones producidas entre las distintas comunidades provocaron numerosos enfrentamientos.

Parece claro que los planes del gobierno no coinciden con los de Sarayaku. Una nueva ronda de licitaciones petroleras prevista para octubre de este año vuelve a poner en grave peligro el territorio de este pueblo quechua y toda la región amazónica.

Narcisa Santi, de 66 años, se apoya en su bastón de cedro. Resume de esta forma la lucha del pueblo: “El dinero se acaba. La tierra nunca se acaba si no se contamina. Es la herencia para nuestros hijos”.

 


 

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