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  • Edición impresa de Agosto 7, 2012

Frente Binacional de Organizaciones Indígenas hace un llamado a políticas de desarrollo sustentables que apoyen a los campesinos

foto93OAXACA, MEXICO- Durante más de dos décadas, en muchas partes de México, las grandes corporaciones, en su mayoría de propiedad extranjera pero generalmente con colaboradores ricos mexicanos, han desarrollado proyectos inmensos en áreas rurales. Llamados mega proyectos, las minas y esfuerzos para la extracción de recursos se aprovechan de las reformas económicas y tratados de intercambio como el North American Free Trafe Agreement (NAFTA).

Enfatizar la inversión extranjera, aún a costa de la destrucción medioambiental y el desplazamiento de personas, ha sido la política de desarrollo de las administraciones mexicanas desde los 1970s. Cuando el Partido Acción Nacional derrotó al antiguo partido gobernante, Partido Revolucionario Institucional, en el 2000, este modelo de desarrollo económico no cambió. De hecho, el PAN simplemente se apoderó de la administración de esta política de desarrollo, e incluso la aceleró, mientras que en la Cámara de Diputados de México ambos partidos colaboraron para alcanzar sus metas.

Sin embargo, mientras estos proyectos gozan del patrocinio oficial de los poderosos, casi invariablemente incitan a la oposición local por amenazar, o de hecho causar, desastres medioambientales. La destrucción del medio ambiente, junto con los cambios económicos que la acompañan, provocan el desplazamiento de personas. Las familias en las comunidades afectadas por este impacto son desarraigadas, y a menudo comienzan a migrar. A pesar de esto, los proyectos gozan de apoyo oficial y son defendidos por el gobierno federal de las protestas cada vez mayores en su contra, por parte de los granjeros pobres y gente del pueblo.

Este modelo económico pudo haber cambiado en las elecciones nacionales a comienzos de julio, si hubiese ganado un partido comprometido con proveer a los pobres y a las comunidades indígenas con empleo y servicios sociales, con aumentar los ingresos a nivel rural y con la protección del empleo y los derechos sociales. Este fue el programa propuesto por Andrés Manuel López Obrador, el candidato de izquierda del Partido Revolucionario Democrático.

El PRD no ganó, sin embargo. En su lugar, la campaña electoral mexicana pareció cada vez más como aquellas en Estados Unidos, en la cual dos partidos conservadores, el PRI y el PAN, fueron conducidos por contribuciones corporativas. La fuerte cobertura televisiva por parte de las redes corporativas cautivas excluyó por completo a la izquierda, mientras “el proceso electoral imparcial” anunció el regreso inevitable del PRI. Y al final, una oleada de compra de votos a la antigua respaldó el circo mediático.

El regreso del PRI al poder no cambia la realidad social de México, especialmente su política de desarrollo dominada por corporaciones. El costo de esta política se ha vuelto obvio y los conflictos más intensos en comunidades rurales que enfrentan proyectos mineros industriales inmensos. Bajo una nueva administración del PRI, estos conflictos con seguridad se multiplicarán, particularmente dado el historial que tiene el partido de utilizar la fuerza en contra los movimiento populares.

En Oaxaca y el sur de México, los crecientes movimientos anti mineros nos dan una vista previa de lo que se avecina. Ya se han desatado conflictos fuertes con respecto a las minas en Oaxaca, donde en una comunidad los líderes indígenas han sido asesinados y el pueblo está fuertemente dividido desde que comenzó la operación minera. Las compañías y sus defensores prometen empleos y desarrollo económico. Pero las comunidades afectadas denuncian que mucha más gente pierde su empleo y su patrimonio debido a las consecuencias negativas medioambientales y económicas.

En Oaxaca, la minera basada en Vancouver Fountain Silver Inc. comenzó a cavar agujeros de exploración en el área previamente minada de San José del Progreso. San José es un pueblo pequeño en el municipio de Ocotlán, una hora al sur de la capital del estado. Sus 1200 habitantes halan Zapoteco, una lengua indígena que ya tenía siglos de antigüedad cuando los europeos colonizaron México.

En enero de 2012, un grupo de manifestantes enfrentó a una brigada de trabajadores que tendían tuberías para agua, acusándolos de construir un sistema de agua para la mina. Nuevamente se llamó a la policía y esta vez dispararon y mataron a Bernardo Méndez, uno de los líderes de COPOVU. Después de eso, el alcalde del pueblo se fugó y las oficinas municipales se mantuvieron cerradas.

 

 


 

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