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  • Edición impresa de Agosto 21, 2012

La prueba de fuego de la Acción Diferida

Al anunciarse finalmente las regulaciones del proceso que permitirá que hasta 1.4 millones de Soñadores o DREAMers obtengan un alivio temporal de la deportación, se inicia una prueba de fuego, no sólo para los jóvenes que solicitarán el amparo, sino para el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), que controlará el proceso, y para la dependencia regidora, el Departamento de Seguridad Interna (DHS).

Tras el fiasco del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) al aplicar la política de la discrecionalidad procesal para centrar las deportaciones en verdaderos criminales, mucho se especula sobre la necesidad de que de una vez y por todas, algo se implemente eficientemente.

Al pasar revista, la lista de decepciones es larga. La ampliación de controversiales programas de colaboración con policías locales y estatales, como la Sección 287(g) y Comunidades Seguras, llenaron las filas de deportados, algunos justificados, aunque mayormente se ha tratado de una buena porción de padres y madres de familia. Los efectos han sido devastadores, no sólo para esas familias, sino para las comunidades que han visto incrementar su inseguridad por la desconfianza hacia las autoridades.

Y también figura el peligro del uso de perfiles raciales mediante el 287(g) y Comunidades Seguras. De hecho, los excesos de la aplicación del programa 287(g) y el uso de perfiles raciales por parte del Alguacil Joe Arpaio, del condado de Maricopa en Arizona, han quedado al descubierto en el juicio que actualmente se sigue contra el funcionario.

Al cierre del año fiscal en curso, serán otros 400,000 los deportados y el programa de discreción procesal que se anunció hace un año con bombos y platillos ha sido decepcionante. ICE anunció que revisaría más de 300,000 casos de deportación pendientes ante tribunales para determinar quiénes serían prioridad de remoción, pero apenas el 2% ha recibido lo que se conoce como un cierre administrativo de su caso.

A los fiascos federales se han sumado los dolores de cabeza por las medidas migratorias estatales. La primera de ellas, la SB 1070 de Arizona que ha servido de modelo nacional, llegó al máximo tribunal de la nación y ahora grupos pro inmigrantes y de derechos civiles pelean por impedir la entrada en vigor de la cláusula que tiene el potencial de que se usen perfiles raciales contra ciudadanos y residentes legales.

De manera que, para la comunidad inmigrante, el anuncio de la acción diferida para los DREAMers ha sido como un oasis en medio del desierto.

Se trata de jóvenes estudiantes o profesionales, que de lo contrario permanecerán inmersos en la economía subterránea, sin oportunidades de progreso individual y, por ende, para nuestra economía. Son futuros contribuyentes y consumidores, y mientras mayor es la preparación, mayores son los ingresos individuales, para el fisco y para los negocios. En momentos en que Estados Unidos enfrenta una crisis de deserción escolar entre los hispanos, contar con jóvenes latinos que sólo luchan por ser profesionales debería ser premiado y no castigado.

Mientras no haya DREAM Act o reforma migratoria a nivel legislativo, hay que arrear a nivel administrativo. Los DREAMers se alistan para solicitar el amparo que los coloque más cerca de su Sueño. En la carretera de dos vías, ojalá que el USCIS y el DHS no los frenen.

 

 


 

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