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  • Edición impresa de Agosto 20, 2013

Corte Federal determina que el gobierno de Estados Unidos está obligado a otorgar audiencias de fianza a los inmigrantes detenidos

LOS ANGELES- El juez federal Terry J. Hatter decidió aplicar una intervención permanente que obliga al Gobierno a otorgar audiencias de fianza automáticas tan pronto como los inmigrantes detenidos hayan sido encarcelados durante seis meses, para determinar si deben continuar detenidos.

El dictamen sigue la decisión del Noveno Circuito, que afirma el mandato preliminar emitido por Hatter el año pasado. Al tomar dicha decisión, el juez encontró que todos los inmigrantes detenidos en el Distrito Central de California tenían casos de deportación pendientes y por eso gozaban del derecho a una audiencia de fianza a los seis meses. Esas audiencias deben incluir una protección aumentada del procedimiento para asegurar que sean justas.

“Los inmigrantes detenidos ya no tendrán que sufrir tiempos prolongados preguntándose si se pasarán el resto de sus días en un centro de detención,” dijo Michael Kaufman, abogado para el American Civil Liberties Union of South California. “Ahora tendrán la oportunidad de tener una opción justa de ser liberados bajo fianza”, agregó.

Ese mandato preliminar emitido el año pasado, conocido como el caso Rodriguez V. Robins, es una demanda colectiva a favor de cientos de inmigrantes a quienes el Gobierno ha encarcelado por más de seis meses en el área de Los Ángeles mientras sus casos de deportación se decidían. La demanda lucha por el derecho más básico de procedimiento para los inmigrantes detenidos: el derecho a una audiencia donde puedan argumentar su liberación bajo fianza. El caso ha estado pendiente desde 2008 y ha sido litigado extensamente, incluyendo dos apelaciones diferentes ante el Noveno Distrito.

“La decisión del día de hoy es una victoria importante contra las prácticas inhumanas del Gobierno federal, poniendo a los inmigrantes en detenciones a largo plazo sin un proceso básico de ley para una audiencia de fianza,” dijo Michael Tan, abogado de ACLU Immigrant´s Rights Project. “Mientras el Congreso continua debatiendo la reforma migratoria, esta decisión es un recordatorio importante de que una reforma significativa debe incluir una enmienda a nuestro sistema de detención migratoria quebrantado, un sistema que malgasta el dinero, arruina vidas y viola nuestros valores constitucionales”.

“La determinación de hoy asegura que los inmigrantes reciban la protección básica del debido proceso de ley antes que el Gobierno los asigne a un centro de detención por un periodo de tiempo prolongado,” manifestó Jayashri Srikantiah, director de Stanford Law School, Immigrant´s Rights Clinic.

 

 


 

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