Desmantelan red de corrupción policiaca y narcotráfico

El procurador general de la República anunció una serie de detenciones de policías corruptos en la frontera noroccidental con Estados Unidos, al descubrirse una extensa red de agentes que protegían a la banda narcotraficante de los Arellano Félix.

El presunto cabecilla del también llamado Cartel de Tijuana, Francisco Javier Arellano Félix, está detenido en Estados Unidos en espera de juicio por narcotráfico y blanqueo de dinero.

En conferencia de prensa, el fiscal mexicano Daniel Cabeza de Vaca dijo que la red de agentes protegía al Cartel de Tijuana para el traslado de toneladas de marihuana, cocaína y metanfetaminas a Estados Unidos. Los policías corruptos también dieron muerte a colegas honestos, incluso decapitaron a tres en junio, expresó.

“La operación de estos grupos delictivos y, en especial, de ese grupo del Cartel de Tijuana, se sustenta, se refuerza con la corrupción policial”, admitió el titular de la Procuraduría General de la República. “Es bien importante, ese es el sustento de la operación de este grupo delictivo”, indicó.

La justicia federal acusó a los policías Jorge Alberto Pérez y Salvador Cebreros de recibir soborno de la banda de Arellano Félix. Los dos agentes trabajaban en el Departamento de Policía de Rosarito, unos 25 kilómetros al sur de la frontera con la ciudad estadounidense de San Diego.

Ambos policías también son sospechosos de participar en junio en el homicidio de tres agentes de su estación, dijo Cabeza de Vaca. Las tres víctimas fueron vistas con vida por última vez cuando acudían al lugar de un supuesto secuestro en Rosarito. Sus cabezas fueron encontradas después en una playa de la cercana ciudad de Tijuana. Rosarito y Tijuana se encuentran en el estado noroccidental de Baja California.

Cabeza de Vaca afirmó que Pérez y Cebreros eran parte de “una gran red de protección” del cartel en Rosarito y Tijuana. Las fuerzas policiacas serán “depuradas” con la presentación ante la justicia de todos los agentes corruptos, dijo.

“En el caso de Tijuana, que para nosotros es un caso muy emblemático, hay información de toda la organización”, expresó. “En estos momentos hay gente de nosotros reunida, porque estamos ahora sobre las redes financieras de la organización y vamos a trabajar para su total desmantelamiento”, afirmó el procurador mexicano de justicia.

 

Personas sin seguro social no podrán casarse en Michigan

Los tiempos se están volviendo cada vez más difíciles para los inmigrantes en Estados Unidos, las autoridades del condado de Kent anunciaron que los requisitos para conseguir una licencia matrimonial cambiarán a partir del primero de octubre del 2006.

Para poder casarse en el “Kent County” las dos personas a proceder deberán mostrar su documento de seguro social.

En los últimos años, muchos inmigrantes indocumentados han obtenido su legalización cuando han contraído matrimonio con personas que son ciudadanas norteamericanas. A partir de Octubre esto no será posible, a menos que se casen en otro estado o en otro país.

El condado ha comunicado la resolución a los ministros y sacerdotes que realizan matrimonios.

El abogado Richard Kessler dijo que “esa situación está ocurriendo en el condado de Ottawa, al que pertenece la ciudad de Holland, que tiene un 30 por ciento de hispanos.

“Los abogados que trabajan en el área de inmigración están hablando con las autoridades para lograr una excepción en el caso de personas que por cualquier razón no tengan su documento de seguro social”.

Por su parte, el abogado José Sandoval, abogado especialista en inmigración en Grand Rapids calificó de absurda la medida y dijo que “De acuerdo a la constitución, no se puede interferir con el derecho que una persona tiene al matrimonio… el matrimonio es un derecho federal, no estatal”.

 

Anuncian marchas masivas de protesta

Más allá de luchar por mejores condiciones de trabajo, jornaleros y sindicalistas anunciaron marchas masivas de protesta en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Washington, en pos de reavivar el debate por una reforma migratoria “completa y justa”, que se encuentra en el limbo en el Congreso.

Las manifestaciones de protesta ­programadas para el 7 y 28 de septiembre próximo­ serán similares a la “megamarcha’’ del pasado 25 de marzo, cuando centenares de miles de inmigrantes invadieron literalmente las calles del país.

En Los Ángeles, medio millón de personas marcharon para intentar detener la ley HR4437 del congresista republicano James Sensenbrenner (republicano de Wisconsin), que criminaliza el ingreso ilegal a Estados Unidos y a quienes les proporcionen ayuda.

“Esa ley está viva, sigue ahí. Nada está muerto, no ha desaparecido”, comentó el líder jornalero Pablo Alvarado. “El futuro [de la reforma migratoria] es incierto; lo mejor sería que nada sucediera este año”.

Para Sullivan, presidente del Sindicato Internacional de Obreros de la Construcción (LIUNA), la discusión actual en el Congreso, que enfatiza sobre seguridad en la frontera con México, “no tiene sentido”.

En días anteriores el presidente George W. Bush dijo haber cumplido su promesa de desplegar seis mil efectivos de la Guardia Nacional en cuatro estados fronterizos con México, donde se construyen centenares de millas de un muro para impedir la entrada de indocumentados. Se calcula que unos 12 millones de personas radican sin documentos en Estados Unidos.

 

Obtienen células sin dañar embriones humanos

Una compañía estadounidense de biotecnología desarrolló un nuevo mecanismo para crear células troncales sin destruir embriones humanos y lo describió como una posible solución al debate político y ético que se ha desatado acerca del tema.

“Esto hará mucho más difícil oponerse a esta investigación”, dijo Robert Lanza, de la firma Advanced Cell Technology, la compañía de Alameda, California, que anunció el nuevo método.

Investigadores de las también llamadas células madre se manifestaron impresionados por la nueva técnica que puede generar dos grupos de células madre sin necesidad de destruir embriones, y una portavoz de la Casa Blanca dijo que el procedimiento era alentador.

Para muchos científicos, las células troncales son sumamente promisorias por su capacidad de transformarse en casi cualquier tipo de tejido humano, lo que podría llevar a curas de una amplia variedad de enfermedades. Pero el Vaticano y el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, entre otras personalidades, argumentan que la promesa de las células troncales no debe materializarse a costa de la vida humana, incluso en sus primeras etapas de gestación.

La nueva técnica requiere una sola célula de un embrión en su fase inicial y la utiliza para crear una línea de células troncales.

El resto del embrión retiene el potencial necesario para continuar su desarrollo normal.

El procedimiento de fertilidad, conocido como diagnóstico genético de preimplantación (PGD, por su sigla en inglés), es utilizado cuando los progenitores no desean tener un hijo con un defecto congénito mortal o que tienda a la discapacitación. Alrededor de mil procedimientos de este tipo son realizados cada año en Estados Unidos.

El PGD comienza con la fertilización in vitro para producir numerosos embriones. En una de las primeras fases de gestación, cuando los embriones son apenas un cúmulo de ocho o 10 células, se extrae una sola célula de cada uno. Las células retiradas son sometidas a estudios para detectar posibles problemas congénitos, y los que están sanos son entonces implantados en la madre con la esperanza de que se desarrollen con normalidad.

Un documento con la descripción del método fue difundido en internet por la revista británica Nature. La publicación divulgó el año pasado un estudio similar de Advanced Cell Technology que demostraba la viabilidad de la técnica en ratones.

 

Cada vez más ciudades aplican medidas locales antiinmigrantes

Un creciente número de ciudades desde Yakima, Washington, en la costa noroeste, hasta Avon Park, Florida, han hecho un frente contra la migración ilegal con medidas que esperan resuelva asuntos pendientes del gobierno federal.

A través de ordenanzas que en algunos casos han sido ya apeladas en las cortes, las autoridades buscan limpiar sus comunidades de inmigrantes ilegales, prohibiendo que les renten lugares donde vivir, que sean contratados y acceso a servicios públicos.

En el caso más reciente, el alcalde de Hazelton, Pennsylvania, Louis J. Barletta, promovió una ordenanza aprobada luego por el Concilio de la ciudad, que impone una multa de mil dólares diarios a quien rente propiedades a inmigrantes indocumentados.

Además de revocar licencias a cualquier comercio que les dé empleo y ratifica el inglés como el idioma oficial, prohibiendo que los empleadores traduzcan a cualquier otro idioma documento alguno sin contar con la autorización de la ciudad.

Adicionalmente, la legislatura estatal planea iniciar audiencias para considerar varias medidas tendientes a impedir que los inmigrantes ilegales tengan acceso a servicios públicos, siguiendo el ejemplo de estados como Arizona, Georgia y Colorado.

El congresista estatal demócrata Tom Yewcic dijo que las medidas son la respuesta a la renuncia del gobierno federal para “asumir su responsabilidad, y por ello nosotros tenemos que proteger nuestras fronteras”.

Sin embargo, para promotores civiles, las acciones de comunidades como Hazelton, además de injustas porque ignoran las contribuciones de los inmigrantes, sólo contribuirán a exacerbar el actual clima social en torno a este tema.

“Lo que esta ordenanza hace es crear más tensión y odio entre vecinos”, dijo Cesar Perales, presidente del Fondo Puertoriqueño de Defensa Legal, que junto con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentaron una demanda contra la acción de Hazelton.

La lista de ciudades que han implementado ordenanzas similares incluye también a San Bernardino y Riverside, California; Sandwich, Massachusetts y Avon Garden, California.

Otras como Yakima, Washington, donde se encuentra un gran número de inmigrantes mexicanos, empezaron a ver con atención el ejemplo de estas comunidades.

En Texas, el cabildo de la ciudad de Farmers Branch, un suburbio del norte de Dallas, anunció la víspera que analizará la aprobación de una serie de medidas tendientes a dificultar la vida de inmigrantes indocumentados en esa comunidad.

Las medidas fueron presentadas por el regidor Tim O”Hare, quien acusó a los inmigrantes de estar afectando el nivel de vida de su comunidad.

Las medidas han sido precedidas por acciones extremas como las que el año pasado implementaron las comunidades de New Ipswich y Hudson, en Nueva Hampshire, cuyos policías detuvieron a inmigrantes ilegales bajo la acusación de ingreso ilegal a propiedad ajena.

En esa instancia sin embargo la medida experimental llegó a su fin, ya que la Procuradora estatal, Kelly Ayotte, instruyó a la policía estatal a evitar los arrestos, luego que un juez estatal desestimó los cargos contra dos mexicanos detenidos.

 

Empresas demandan por emplear indocumentados

Varias empresas, enfurecidas por la inmigración indocumentada, llevaron su queja a los tribunales, donde presentaron una serie de demandas en las que acusan a sus competidores de contratar a inmigrantes indocumentados para tener una ventaja competitiva.

Los demandantes argumentaron que su acción sirve para reforzar la ley inmigratoria al sentar un precedente que disuada a las empresas de contratar a indocumentados.

En una demanda, una agencia empleadora que suministra trabajadores agrícolas demandó a otras tres empresas.

“Vemos cómo los abogados intentan influir en este asunto tal como lo hicieron en la seguridad del consumidor”, dijo Mike Hethmon, del Instituto de Reforma de Ley Inmigratoria, un grupo que apoya las demandas.

Otros casos en los que se ha demandado a empresas por violar leyes federales han tenido resultados diversos, pero se cree que las demandas de California son las primeras en acogerse a las leyes de competencia desleal, según algunos especialistas.

Global Horizons, de Santa Mónica, señaló en su demanda que Munger Brothers contrató a inmigrantes indocumentados de la empresa Ayala Agricultural Services y J&A Contractors.

La demanda agrega que Munger Brothers tenía un contrato con Global Horizons para emplear a más de 600 cosechadores en el segundo trimestre de este año, pero incumplió el acuerdo para contratar a inmigrantes indocumentados.

“La contratación de inmigrantes indocumentados por la competencia está perjudicando a los negocios”, dijo el presidente de Global Horizons, Mordechai Orian. “Hemos llegado a una situación tal que hacer negocios legalmente no vale la pena”.

El gerente de Ayala Agricultural Services, Javier Rodríguez, no ha leído la demanda, pero dijo que la empresa no contrata a indocumentados.

“Si alguien no tiene el permiso de residencia o documentos de trabajo, no los contratamos”, dijo.

 

Latinos defenderán el voto

Con el lema de “Su Voto es su Voz, Su Voto es Poder,” USHLI en su cena anual en Illinois, a la que concurrieron oficiales públicos y representantes de importantes organizaciones hispanas, para unirse al llamado de fortalecer el poder electoral del conglomerado en la mayor cantidad posible de estados de la unión americana.

En la conferencia de prensa precedente al evento, Juan Andrade Jr., presidente del Instituto, saludó y presentó a Henry G. Cisneros, actual secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Rebeca V. Girón, secretaria del estado de New Mexico, Ángel Fuentes, concejal del estado de New Jersey, Roy Domínguez, abogado latino y sheriff de Lake County, Indiana.

En directa referencia a los 13,000 nuevos votantes registrados en las 10 últimas semanas, según información que trascendió durante el acto, el Dr. Andrade comenzó diciendo: “Esta campaña que lanzamos hoy es para Illinois, pero invité a algunos amigos para demostrar que no estamos solos, que en cada uno de los estados hay campañas de esta gran labor que es registrar nuevos votantes latinos”.

Agregó que lo que afecta a unos afecta a todos en cualquier parte de la nación. Por lo cual se hace necesario compartir también el efecto que se puede crear inscribiendo más ciudadanos.. Luchamos por la justicia y el respeto que demandamos porque el pueblo lo merece”.

El secretario Cisneros, interlocutor principal del evento, dijo que agradecía a USHLI y al Dr. Andrade porque es un grupo dedicado a mejorar la calidad de vida y las condiciones a largo plazo por medio del voto, “por medio de éste va avanzar nuestra comunidad, es nuestra voz, es la manera en que vamos a mostrar nuestra posición clara en este país”.

Concluyó citando palabras del Dr. Andrade “Marchar por un día es algo, pero registrar cambio en la política de este país por medio del voto, ésa es nuestra presencia para el largo plazo”.

El apoyo de la gente se puede hacer mucho, para lo que se necesita que asuma su ciudadanía y vote, “no por ellos nada más, sino por sus familias y por aquellos que no pueden hacerlo”.

 

Pasaporte obligatorio en enero

A partir del 8 de enero de 2007 los ciudadanos de Estados Unidos, México, Canadá y Bermudas deberán presentar su pasaporte para poder ingresar a territorio estadounidense por aeropuertos o puertos marítimos como parte de una iniciativa para evitar el uso de documentos falsos y prevenir el ingreso de potenciales terroristas y criminales a este país.

La regla sobre la “Iniciativa Relativa a Viajes en el Hemisferio Occidental” estará abierta a comentarios por parte del público hasta el 24 de septiembre de este año, indicaron los departamentos de Seguridad Interna (DHS) y de Estado.

Posteriormente, se publicará una segunda regla sobre los documentos que se requerirán, a partir del 1 de enero de 2008, para quienes ingresen a Estados Unidos por las fronteras terrestres.

Será obligatorio presentar pasaporte y otros documentos que certifiquen fuera de toda duda la identidad y ciudadanía de todo individuo que ingrese a territorio estadounidense.

El DHS ha indicado que es difícil determinar la legalidad de un documento cuando hay hasta ocho mil tipos de identificaciones que se aceptan y, por ello, aboga por la estandarización y uniformidad de los documentos de identidad.

Asimismo, semanas atrás el DHS anunció una propuesta para ampliar el programa US-Visit, que al presente incluye sólo a extranjeros, para obligar a todos los residentes permanentes que salen de Estados Unidos a someter sus huellas digitales en puertos de entrada a su retorno a este país.

Se trata de una serie de medidas administrativas enfocadas en seguridad en tanto se aguarda por una resolución a la reforma migratoria integral.

 

Inmigrantes no son carga del gobierno

Los inmigrantes compensan con creces los beneficios que reciben y no son una carga para EU, dijeron grupos a su favor que rechazan los cálculos del Congreso sobre que la legalización de los indocumentados causará gastos federales extraordinarios en una década.

Un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estima que la reforma de inmigración aprobada por el Senado en mayo pasado acarreará gastos adicionales por unos 126,000 millones de dólares de 2007 a 2016.

El coste de los trámites migratorios experimenta una subida cada dos años por mandato del Congreso, que determinó que los interesados en cambiar su condición migratoria deberán contribuir con casi el setenta por ciento del presupuesto anual del USCIS.

Muchos expertos estadounidenses consideran que los cálculos de la CBO son engañosos.

El Centro de Políticas de Inmigración manifestó en un comunicado, que el proyecto del Senado destina 78,000 millones de dólares a la construcción de un muro en varios tramos de la frontera con México, contratación de nuevos agentes de la Patrulla de Frontera, helicópteros, empleados para la verificación de datos en los empleos y otro personal.

Sin embargo, hace caso omiso a los fondos que los indocumentados destinan al pago de impuestos que jamás reclaman debido a su condición ilegal.

Otra entidad, la Coalición Hispana, dijo que si se legaliza a los doce millones de indocumentados que se calcula viven en EU y estos trabajan ocho horas diarias durante al menos 40 horas por semana y sin un aumento del salario en los próximos diez años, podrían generar 400,000 millones de dólares en aportes a la Seguridad Social e impuestos.

De acuerdo con la visión de esta alianza, los nuevos residentes (green card) contribuirían con cerca de 36,000 millones de dólares en pagos de los trámites y 12,000 millones en impuestos en cinco años.

Según el examen de la Coalición Hispana, si al total de 400,000 millones de dólares en los salarios que podrían recibir los inmigrantes legalizados se le agregan 36,000 millones más 12,000 millones de los cálculos anteriores, la suma serían 448,000 millones de dólares.

Restando a esta cantidad los 126,000 millones de dólares en gastos que prevé la CBO como consecuencia de la ley de inmigración del Senado, la ganancia para el Gobierno de EU proveniente de los nuevos residentes (actuales indocumentados) sería de 322,000 millones de dólares, dijo el colectivo hispano.

Señaló que esta podría ser una muy conservadora contribución de los inmigrantes al presupuesto estadounidense en el período 2007-2016.

La Coalición ha llegado a la conclusión de que, a partir de estos estimados, “la reforma de inmigración es buena también para la economía del país”.

 

MENSAJE DE NCLR PARA AMBOS PARTIDO POLÍTICOS: NO DEMONIZAR A LOS LATINOS E INMIGRANTES EN LA CAMPAÑA DEL 2006

Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional de La Raza ­la organización nacional más grande de apoyo y defensa de derechos civiles de hispanos en EU­ hizo un llamado a líderes tanto del partido republicano como democrático a raíz de una serie de comerciales perturbadores que ambos partidos lanzaron en recientes semanas para que dejaran de usar tácticas de campaña que demonizan a los inmigrantes y latinos.

“Los comerciales de campaña de ambos partidos se pasaron de la raya. Está bien tratar el asunto de como resolver el tema de la inmigración, pero demonizar una comunidad entera no es aceptable”, declaró Murguía.

“Encuesta tras encuesta demuestra que los estadounidenses quieren ver acción ­y no verse obligados a elogiar promesas ostentosas y huecas­ en cuanto al tema de la inmigración. Las encuestas también demuestran que los latinos consideran la culpa que se le ha echado a la comunidad latina por los problemas en el sistema de inmigración como un ataque personal. Estos comerciales no sólo son inflamatorios sino contraproducentes”, continuó Murguía.

“Aunque apreciamos el hecho de que el Democratic Senatorial Campaign Committee (DSCC, por sus siglas en inglés) haya quitado uno de sus comerciales de la página web, pedimos el liderazgo sólido de ambos partidos a nivel nacional para que este tipo de comerciales no salgan al aire. También pedimos que dicho liderazgo se use para empezar la labor de aprobar una reforma integral del sistema de inmigración que se ha necesitado desde hace mucho tiempo. Para la comunidad hispana, es hora de ponerse de pie y hacer contar nuestra voz. Si encuentran estas tácticas alarmantes, no hay mejor lugar para hacer escuchar su opinión que en las urnas este noviembre”, concluyó Murguía.