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  • Edición impresa de Septiembre 4, 2014

ACLU logra que EE.UU reconsidere la forma en que realizó algunas deportaciones, lo que beneficiaría a muchos migrantes mexicanos

Las autoridades de Estados Unidos acordaron no presionar a los indocumentados del sur de California para que firmen sus deportaciones, bajo un pacto legal que más adelante podría permitir que algunos deportados regresen desde México para buscar la residencia legal en el país, según explicaron distintos grupos de activistas la semana pasada.

El acuerdo alcanzado entre la Unión de Libertades Civiles Estadounidense (ACLU) y funcionarios federales deriva de una demanda presentada el año pasado a nombre de otros grupos de defensa de los derechos de inmigrantes y cerca de 10 inmigrantes que aceptaron los llamados “retornos voluntarios” a México.

Todos los inmigrantes tenían sólidas bases para que se les permitiera permanecer en Estados Unidos después de que ingresaron ilegalmente al país debido a lazos familiares y la falta de antecedentes criminales, y ahora se les permitirá presentar sus demandas ante Cortes de inmigración de Estados Unidos, explicaron los abogados de ACLU.

Las reformas incluyen que se permita el acceso telefónico a los inmigrantes indocumentados y dos horas para contactar a un asesor legal antes de decidir si firmarán un formulario de retorno voluntario, con el que renuncian a su derecho a buscar una audiencia para apelar a su deportación.

Las autoridades federales también acordaron garantizar que los inmigrantes sean informados de que una vez que sean deportados tendrán prohibido el ingreso legal a Estados Unidos durante 10 años, indican los abogados de ACLU.

Asimismo, el acuerdo despeja el camino para que un juez federal de Los Ángeles permita que algunos inmigrantes mexicanos ya deportados bajo el proceso en cuestión regresen en los próximos meses para audiencias de inmigración. Tal fallo depende de que el juez certifique primero que todos los inmigrantes deportados desde el 2009 constituyen un grupo legal bajo el acuerdo.

Esos criterios cubren situaciones como haber vivido en Estados Unidos durante 10 años y tener un hijo ciudadano estadounidense que sufra problemas o dificultades debido a la separación, así como tener una esposa a familiar que sea ciudadano

 


 

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