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  • Edición impresa de Septiembre 1, 2015

El impacto de las políticas de drogas en los derechos humanos en América Latina

Las políticas de drogas en América Latina afectan los derechos humanos porque la militarización atrae mayor violencia, y la criminalización del consumo produce castigos desproporcionados y encarcelamientos masivos, reveló aquí un informe.

“El impacto de las políticas de drogas en los derechos humanos. La experiencia del Continente americano”, es el nombre del texto de 63 páginas que analiza los resultados de la llamada “guerra contra las drogas” que se puso en marcha hace cinco décadas a nivel internacional.

El informe, elaborado por 17 organizaciones de 11 países, explica que varios países han desarrollado legislaciones que despenalizan la tenencia para consumo personal hasta cierta cantidad, pero como hay espacio para la discrecionalidad, la policía continúa deteniendo usuarios a quienes acusa de crímenes más graves, como el tráfico, para justificar la detención.

“El análisis de los datos policiales y judiciales sugiere que gran parte de los esfuerzos se concentran en iniciar causas judiciales menores relacionadas con la tenencia para consumo personal, antes que en la investigación del comercio o el tráfico a gran escala”, añadió.

Estas detenciones, advirtió, alimentan el crecimiento de la población carcelaria y exponen a las personas detenidas por ofensas mínimas a los abusos y las situaciones de violencia que se producen con frecuencia en las comisarías y los espacios de detención.

“Lo que comienza con una simple identificación puede derivar en una requisa violenta, en una causa penal por tenencia, en maltratos, amenazas o coacciones, en golpes, apremios, torturas, o incluso en la muerte”, denunció.

Por citar un caso, precisó que entre 2001 y 2010 ocho millones de personas fueron detenidas en Estados Unidos por causas ligadas al narcotráfico, pero en realidad el 88 por ciento de ellas apenas si tenía una posesión mínima de drogas.

Señaló que desde 1950, en Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, México y Perú la cantidad de figuras penales que castigan conductas relacionadas con las drogas aumentó 10 veces y el número total de conductas relacionadas con sustancias ilícitas que son penalizadas pasó de 67 a 344.

“Esta inflación penal de las legislaciones latinoamericanas pone de manifiesto el afán por castigar cualquier comportamiento y a cualquier persona que haya tenido aunque sea una mínima relación con sustancias psicoactivas controladas”, señala.

El informe destaca que la llamada “guerra contra las drogas” ha tenido un enorme impacto en el funcionamiento de los sistemas de seguridad, de justicia y en las cárceles de América Latina, y pese a los altos niveles de violencia que adquirió durante muchos años no se lo analizó desde una perspectiva de derechos humanos.

Al hacer un balance de las políticas de drogas, el documento añadió que el prohibicionismo no se lleva a la práctica de un modo coherente y tiene aspectos ambiguos e inconsistentes, porque castiga y persigue de manera implacable a algunos participantes del mercado de las drogas ilícitas y tolera a otros.

 

 


 

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