Violencia generalizada contra indígenas y campesinos (as)

Por Eduardo Tamayo G.

El tema que concentró la atención del "Encuentro internacional de resistencia y solidaridad de los pueblos indígenas y campesinos", fue la violencia que afecta a campesinos y pueblos indígenas.

Delegados (as) asistentes al evento revelaron que en Bolivia, solamente el pasado 12 y 13 de octubre, las fuerzas militares y policiales han asesinado a 46 personas en el marco de la lucha por los recursos naturales y la no entrega del gas a las transnacionales. Desde que se inicio el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada el balance es de 117 muertos civiles. A ello se suma la represión y la persecución de que han sido objeto los dirigentes cocaleros, quienes se oponen al plan "coca cero" elaborado por Bolivia y financiado por Estados Unidos. Los representantes campesinos (as) bolivianos hicieron una diferenciación entre coca y cocaína, pues la primera es un planta milenaria y tradicional y que tiene usos medicinales e industriales y la segunda, una droga elaborada con procedimientos químicos.

En Brasil, desde el primero de enero de 2003, el balance de la acción represiva contra el movimiento campesino que lucha por la tierra y la reforma agraria, es de 52 muertos, 23 presos, 26 perseguidos.

En Chile, 40 mapuches están encarcelados, se les ha aplicado una ley anti terrorista elaborada durante la dictadura de Pinochet y en los procesos judiciales se han cometido varias irregularidades como la compra de testigos, quienes declaran encapuchados, según denunciaron dirigentes mapuches.

El "delito" de los indígenas encarcelados es defender sus tierras y oponerse a la acción de las transnacionales. En México, luego de las movilizaciones de las organizaciones del movimiento "El Campo no Aguanta Más", el gobierno federal presidido por Vicente Fox pretende desarticular este movimiento e incluso ignorar sus demandas. Pero lo más grave, en este caso, es la situación de Chiapas donde decenas de indígenas zapatistas están encarcelados, mientras prosigue la acción de las guardias blancas y continúa la militarización del Estado fronterizo con Guatemala.

En el caso de Venezuela, desde que se iniciaron los procesos de reforma agraria impulsados por el Presidente Hugo Chávez, se han registrado 162 muertos cuya autoría se atribuye a sicarios al servicio de los latifundistas. El recrudecimiento de este fenómeno ha llevado a conformar la Asociación de Víctimas del Sicariato.

Los campesinos e indígenas de Guatemala fueron las principales víctimas del conflicto armado que dejó, en tres décadas, más de 200.000 muertos y desaparecidos, por lo que se habla de un verdadero genocidio. Luego de la firma de los acuerdos de paz con la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, la violencia ha continuado y en los últimos meses ha registrado 20 muertos.

Colombia merece líneas aparte, pues luego de la subida al poder de Álvaro Uribe Vélez se ha desatado una cacería contra líderes sociales, indígenas, campesinos, afrodescendientes, a quienes se acusa, la mayor parte de veces sin fundamento, de ser colaboradores de las fuerzas guerrilleras. Numerosas son las víctimas de los grupos paramilitares que actúan con total impunidad, mientras se han recrudecido fenómenos como el desplazamiento interno, los allanamientos a sedes sociales, la persecución y el encarcelamiento. La violencia ha traspasado las fronteras de Colombia, alcanzado las zonas fronterizas de Ecuador, Venezuela y Panamá. En este último país, grupos paramilitares han asesinado a 6 campesinos y el número de víctimas en Venezuela también es preocupante.

En la mayoría de casos enumerados, la regla es la impunidad y la denegación de justicia. Los procesos judiciales, cuando los hay, son muy engorrosos y los familiares de las víctimas, por ser personas pobres, no pueden sufragar los elevados costos que implica presentar acusaciones particulares. En cuanto a los presos, varios delegados (as), dijeron que debían ser considerados como presos políticos o presos de conciencia pues el motivo de su encarcelamiento es la defensa de causas sociales o la defensa de derechos colectivos de sus comunidades.

El Encuentro adoptó una resolución en la que demanda la libertad del dirigente campesino colombiano Francisco Cortés y los bolivianos Carmelo Peñaranda y Claudio Ramírez, detenidos desde hace más de 6 meses en Bolivia por supuestos delitos de terrorismo.