• México del Norte •
Una de calÉ
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Por Jorge Mújica Murias

La realidad real es una cosa medio chistosa. Le da por no coincidir exactamente con la otra realidad, la de la política.

Sucede que en la realidad política, todo el mundo anda proponiendo medidas antiinmigrantes en cada ciudad, pueblo y condado donde hay inmigrantes (y algunos donde ni siquiera los hay, a la mejor nomás pa’ prevenir la cosa), y según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, en los últimos dos años las legislaturas de los estados han debatido 1,404 medidas y aprobado 170 leyes, unas que prohíben rentarle casa a los indocumentados, y otras que obligan a los trabajadores del Gobierno a pedirle papeles a todo el mundo para tramitar cualquier servicio.

Dicen los que proponen estas medidas que sus acciones se dan ante “la ausencia de medidas del Gobierno federal sobre inmigración”. A mí me suena un poco a un linchamiento de vaqueros y ladrones, donde hay que hacerse justicia por propia mano.

El caso de ahora son las leyes que entran en vigor en Arizona. Una permite que quienes sean detectados como residentes ilegales puedan ser detenidos sin derecho a fianza durante una semana sin ser acusados formalmente de delito alguno. Otra limita algunos servicios públicos a los que solo tienen derecho los residentes legales, y exige que cada solicitante presente papeles que demuestren su situación jurídica. La ley anterior permitía “declarar” que una persona era legal para recibir los servicios.

Una más, tal vez la peor, no entra en vigor hasta el próximo año, y es la típica, la que castiga a los patrones que contraten inmigrantes si sabe que no tienen residencia legal.

Pero hay otro caso, que responde más a la realidad real que a la realidad política y del discurso: el de un pueblo en Nueva Jersey, donde se canceló una medida antiinmigrante: el ayuntamiento de Riverside votó por dejar sin efecto una ley local del mismo tipo, copiada de la infame propuesta de Hazleton, Pensilvania, que prohibía contratar indocumentados y alquilar viviendas a los inmigrantes sin papeles.

La ordenanza fue aprobada en julio, pero ahora se canceló porque “sería muy cara de cumplir”. Resulta que el ayuntamiento no puede pagar los gastos legales para defender su ordenanza en la corte, porque varias organizaciones demandaron su inconstitucionalidad.

La demanda traería un costo tan grande que las multas que proponía la ordenanza no alcanzarían para pagarles a los abogados. Y, además, el ayuntamiento de Riverside ya sabe la posible sentencia en la demanda, porque ahí está el antecedente de Hazleton. Después de reventarse docenas de miles de dólares para defenderla, la corte falló en contra de Hazleton, diciendo a finales de junio que la tarea de regular la inmigración en Estados Unidos recae sobre el Gobierno federal, y que la ordenanza local atropella los derechos constitucionales de sus habitantes, además de los reglamentos estatales y federales sobre acceso a la vivienda.

Riverside se ha convertido en un paraíso para los inmigrantes, primero portugueses y luego brasileños. Según el Gobierno del pueblo, de unos 8,000 mil habitantes, casi la mitad son inmigrantes indocumentados.

A final de cuentas, el ayuntamiento, literalmente, “revotó” la ley y los inmigrantes podrán quedarse tranquilamente en el lugar que han elegido para vivir. La victoria no solamente se debe a la demanda legal, sino a la posición realista de la Coalición de Propietarios de Negocios de Riverside, y a su presidente, David Verduin, quien ni es inmigrante ni brasileño ni portugués, sino solamente una persona con sentido común.

La demanda los hubiera afectado económicamente, y esa es la realidad más real de todas: la de los dólares.