Las uvas de la vida

Por Carlos Miguélez / ccs

Once mil españoles cruzan la frontera cada año para trabajar en la recogida de la uva francesa. Como consecuencia, su país queda sin la mano de obra necesaria para recoger la uva durante la vendimia. Tan solo en la provincia de Ciudad Real, se requiere de 30,000 jornaleros. Los agricultores españoles recurren, en su mayoría, a los inmigrantes que vienen de Rumania y de Bulgaria y que, al terminar su trabajo en Castilla-La Mancha, llegan a Valencia para recoger la cosecha de naranjas y de hortalizas.

En Francia, los jornaleros españoles cobran más de 10 dólares por hora, reciben alojamiento con agua corriente, cocina y baño, además de contar con prestaciones sociales, incluidas las ayudas económicas por cada hijo.

Pero en España, los trabajadores de Europa del Este que recogen la uva cobran 50 dólares por una jornada de trabajo que se extiende hasta las 13. Parte de ese dinero termina en manos de un intermediario de la misma nacionalidad que les consigue el trabajo y al que, como sucede con los coyotes que transportan a los emigrantes mexicanos a Estados Unidos, le pagan con “gratitud”, “lealtad” y mucho temor, por lo que procuran no desvelar las condiciones en las que subsisten.

Algunos viven con sus familias en grandes tinajas que pueblan el paisaje de La Mancha, entre colchones desvencijados en los que duermen entre jornada y jornada. Los niños de muchas de estas familias mendigan o reciben asistencia de organizaciones como la Cruz Roja para no pasar hambre. Estos inmigrantes no cuentan con contrato laboral ni con permiso de trabajo y, por tanto, no cotizan ni 1 dólar en el sistema de seguridad social, por lo que no cuentan con ningún tipo de prestación, a pesar de que Bulgaria y Rumania son ahora miembros de la Unión Europea.

Esto se debe a la moratoria que el Gobierno español impuso a estos dos países y que impide trabajar a búlgaros y rumanos si su empleador no solicita a la administración un permiso con dos meses de antelación. El Gobierno de Castilla-La Mancha había recibido menos de 13,000 de estas solicitudes, cuando las cerca de 30 hectáreas que abarca la provincia de Ciudad Real necesitan 30,000.

Mientras los empleadores se excusan por la escasa rentabilidad de la vendimia, prometen para el próximo año seguir las “reglas de juego” y se escudan tras el argumento de que es imposible tramitar permisos de trabajo cuando no se conoce el número de personas extranjeras que vendrán para participar en la recolección.

La dependencia que la industria del vino en España tiene del trabajo irregular es un ejemplo de lo que ocurre en otros sectores empresariales que reciben un gran número de inmigrantes.