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  • Edición impresa de Octubre 19, 2010

INDIANAPOLIS- El Fiscal General de Indiana, Greg Zoeller, se unió al grupo de trabajo bipartidista para investigar el embargo inmobiliario, como parte de un esfuerzo nacional coordinado por los estados, por medio del National Association of Attorneys General (NAAG), para revisar la práctica del llamado “robo-firma” en la industria de servicios inmobiliarios.

El Mortgage Foreclosure Multistate Group, conformado por abogados estatales generales de los 50 estados y reguladores estatales de la banca e hipotecas de 30 estados, investigará si los prestadores de servicios hipotecarios han usado documentos con requisitos inapropiados para apoyar sus desalojos. El grupo también intentará determinar si las compañías firmaron documentos sin la presencia de un notario público, además de otros asuntos susceptibles a irregularidades o abuso.

Someter documentos de desalojo sin verificación, con representación falsa, o la firma de ciertos documentos legales sin la presencia de un notario público puede constituir una práctica injusta, además de violar leyes estatales y reglamentos de la corte.

Zoeller, como director del Comité de Protección del Consumidor del NAAG, revisará algunos de los primeros resultados de esta investigación con los directores de protección al consumidor en una reunión que se llevará a cabo en Oregon, del 24 al 26 de octubre.

El grupo interestatal, por medio de un comité ejecutivo, entrará en contacto con una lista de prestadores de servicios hipotecarios. Los objetivos iniciales del grupo incluyen:

Poner un alto total a las prácticas inadecuadas de desalojo.

Revisar prácticas pasadas y presentes de prestadores de servicios hipotecarios sujetos a cuestionamiento.

Evaluar soluciones potenciales para prácticas pasadas y para detener prácticas inapropiadas en el futuro.

Establecer un mecanismo de monitoreo independiente más eficiente para prácticas futuras de desalojo hipotecario.

El Mortgage Foreclosure Mutistate Group consultará con reguladores federales y agencias, incluyendo el Mortgage Fraud Working Group del Financial Fraud Enforcement Task Force (FFETF), creado en el 2009.

“Subrayen mis palabras: habrá consecuencias serias si hallamos documentos fraudulentos sometidos a nuestras cortes estatales”, agregó Zoeller. “Pero una consecuencia que quiero evitar es que esto genere un impacto negativo en el movimiento de Indiana hacia una recuperación económica”.

 

 


 

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