Panameños dijeron “sí” a expansión del canal

En medio de la apatía de muchos panameños, la propuesta para expandir el canal interoceánico creado hace 92 años con una inversión de 5,250 millones de dólares estadounidenses fue aprobada en un referéndum con un amplio margen.

De acuerdo con el Tribunal Electoral, el sufragio a la propuesta de expansión recibió el 78.8% de los votos a favor y 21.9% en contra, con casi un 58% de abstencionismo. La participación electoral alcanzó solo el 43.6%, aunque el porcentaje de panameños que favoreció el proyecto fue abrumador, de casi 4-1; sin embargo, la propuesta necesitaba de una mayoría simple para ser aprobada sin importar el nivel de participación alcanzado.

“Hoy hemos sentado las bases para construir entre todos un país mejor. Nos hemos dado la oportunidad de materializar nuestras esperanzas. Apenas a seis años de recuperar el canal hemos decidido sin injerencias foráneas (aludiendo a intervenciones pasadas de Estados Unidos) qué queremos hacer con el canal y con nuestro futuro”, manifestó el presidente Martín Torrijos, quien también destacó el triunfo arrollador del “sí”, aunque el proceso tuvo un alto grado de ausentismo.

Esta fue la segunda consulta popular sobre el canal en las últimas tres décadas: en 1977, los panameños le dieron luz verde en un plebiscito a los tratados Torrijos-Carter, que establecieron el fin de la presencia militar estadounidense y el traspaso de la vía, el 31 de diciembre de 1999. El fallecido general Omar Torrijos, padre del actual Presidente, firmó los tratados del canal en 1977. Su hijo, en tanto, impulsó el mayor plan de reparación de la vía, que tiene a Estados Unidos como su principal usuario, y a Chile y Ecuador como sus primeros clientes latinoamericanos.

El plan que se llevará a cabo consiste en la construcción de dos nuevas esclusas más anchas y largas para permitir el paso de buques gigantescos como los del tipo Post-Panamax, que pueden llevar hasta 12,000 contenedores. Se trata de la reforma estructural más grande que se realizará a la zanja interoceánica desde su apertura por Estados Unidos en 1914.

 

Energía en Bolivia

Diez compañías petroleras transnacionales firmaron nuevos contratos de operaciones por el cual aceptaron quedarse en Bolivia solo como operadoras para explorar y extraer el gas y el petróleo que luego serán comercializados por la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ahora propietaria de esas riquezas naturales. El marco fue la nacionalización dispuesta por decreto el 1 de mayo con el presidente Evo Morales en Bolivia. Los detalles y consecuencias de la renuncia a la propiedad de los hidrocarburos no han sido detallados.

Las firmas fueron Matpetrol y Vintage, de Estados Unidos; Pluspetrol, de Argentina; BG Bolivia Corporation, del grupo británico British Gas; la española-argentina Repsol-YPF; su filial Andina, Chaco, perteneciente a British Petroleum; las brasileñas Petrobras Energía y Petrobras Bolivia; y Total, de Francia. Tras la firma, las empresas saludaron al primer mandatario, quien tradujo las luchas sociales de los últimos años en la recuperación de la riqueza hidrocarburífera.

La nacionalización es muy particular, es un proceso “sin expulsar a nadie, sin confiscar a nadie y sin indemnización”, según indican las fuentes. Con el nuevo esquema, las compañías solo prestarán servicios e YPFB pagará por ellos, previa auditoría de las actividades realizadas, según los documentos suscritos. A pesar de ese cambio, “ninguno resolvió marcharse”, dijo el ministro de Energía e Hidrocarburos, Carlos Villegas, quien reemplazó a Andrés Solíz Rada, radical en la aplicación del decreto de nacionalización quien se alejó del gabinete de Morales el 15 de septiembre. Durante los últimos meses, el suministro de diésel (gasóleo) tanto al transporte pesado como a la producción agrícola y de gas natural a la industria instalada en la zona occidental ha sido insuficiente, y el Gobierno espera regularizar el servicio.

En opinión del ministro Juan Ramón Quintana, los acuerdos demostraron que el país no se aísla de la comunidad internacional porque suscribe contratos con el principio del respeto a las inversiones, pero viviendo con dignidad.

Con la aplicación del decreto de nacionalización, el Estado debe recaudar 500 millones de dólares y con los convenios firmados, los ingresos subirían a 1,000 millones de dólares estadounidenses , la novena parte del producto interno bruto (PIB), estimado en 9,300 millones de dólares estadounidenses. Morales afirmó que con el convenio de exportación de gas natural a Argentina, firmado el mes pasado, y los acuerdos con las petroleras, se obtendrán más de 2.000 millones de dólares estadounidenses de ingresos, y en cuatro años la cifra subirá a 4.000 millones, “Eso es hacer un buen uso de los recursos naturales”, expresó durante su discurso en el acto de la firma de los contratos.

No faltaron las palabras del presidente boliviano dirigidas al grupo negociador que ofreció mayor batalla, Petrobras, al que le expresó su confianza en Brasil, en su presidente Luiz Inácio “Lula” Da Silva, reelecto recientemente, y en la integración de los dos países. “Estamos obligados a vivir con Brasil en matrimonio, porque la energía será un instrumento de integración de Latinoamérica”, dijo Morales.

 

Triunfo arrollador de Lula en Brasil

El presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva conquistó las elecciones para comandar Brasil hasta 2010, al derrotar a su rival socialdemócrata Geraldo Alckmin con una abrumadora mayoría de 20 millones de votos.

“El candidato Lula da Silva fue reelecto”, anunció el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Marco Aurelio de Mello, mientras una fiesta gigantesca se preparaba para celebrar el triunfo en la Avenida Paulista, en San Pablo, el corazón económico y financiero de Brasil.

Lula no había conseguido vencer de manera definitiva a Alckmin en la primera vuelta, el 1 de octubre pasado, cuando sólo obtuvo el 48% de los votos, menos a la mitad los requeridos por la ley electoral para consagrarse vencedor inmediato. Pero en las semanas que siguieron hasta la segunda vuelta, el presidente y sus estrategas arrinconaron a Alckmin y su partido con las comparaciones entre lo logrado por su gobierno en cuatro años y los resultados del que durante ocho años presidió Fernando Henrique Cardoso, hasta 2002.

Lula salía en ventaja, sobre todo con sus programas sociales, que permitieron sacar a millones de la pobreza extrema. Incluso le dieron un apoyo decisivo en las regiones del noreste y norte, donde se concentran los mayores bolsones de pobreza de Brasil. Ese apoyo fue una coraza que protegió a Lula de las denuncias de corrupción que asolaron a su gobierno y despojaron a su Partido de los Trabajadores (PT) de la imagen de “abanderado de la ética” que había proclamado durante los 20 años en los cuales fue oposición.

Los aliados de Lula consiguieron también calar en el electorado la imagen de un Alckmin privatizador, manteniendo al grupo la defensiva del candidato a lo largo de las cuatro semanas que precedieron a esta elección. Con esa imagen de Alckmin, atrajeron los votos “pródigos” de la izquierda más radical que se había separado o había sido expulsada del partido de Lula por reclamarle coherencia con sus principios izquierdistas originales.

Igualmente, al apropiarse de la esencia del programa económico socialdemócrata ­la disciplina fiscal y el combate a la inflación­ la campaña de Lula debilitó el discurso de Alckmin.

 

ONU: ¿otro bloqueo genocida contra Cuba?

Hace tan solo un año la Asamblea General de la ONU (Organización de Naciones Unidas) exigió por 182 votos a favor, 4 en contra (de Estados Unidos, Israel, Islas Marshall y Palau) y 1 abstención (Micronesia), “poner fin al bloqueo económico comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba”. En este mes se debatirá nuevamente el tema en la máxima instancia internacional.

En 14 ocasiones consecutivas el organismo internacional ha condenado el bloqueo más prolongado y cruel que haya conocido la historia de la humanidad. Las sanciones económicas estadounidenses datan de 1962, tras la frustrada invasión de Bahía de Cochinos (Playa Girón), cuando la decidió el entonces presidente norteamericano John F. Kennedy.

La Habana afirma que el bloqueo ha causado pérdidas por más de 86.000 millones de dólares hasta ahora, afectando entre otras actividades a la salud, la educación, la cultura y el deporte.

Según un informe secreto y desclasificado de 1991, el objetivo no es otro que “ a través del desencanto y el desaliento basados en la insatisfacción y las dificultades económicas, negarle dinero y suministros a Cuba, para disminuir los salarios reales y monetarios, a fin de causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno”.

En virtud del bloqueo, entre otras restricciones, Cuba no puede exportar ningún producto a Estados Unidos, ni importar de ese país ninguna mercancía; no puede recibir turismo norteamericano; no puede utilizar el dólar en sus transacciones con el exterior; no tiene acceso a los créditos, ni puede realizar operaciones con instituciones financieras multilaterales, regionales y norteamericanas, además sus barcos o aeronaves no pueden tocar territorio norteamericano.

La pérdida del poder, la posibilidad de que una mayoría demócrata en el Congreso estadounidense busque una impugnación constitucional del presidente George W. Bush y trate de echar atrás 10 años de legislación es una combinación de pesadilla para los republicanos.

“Tonterías”, dicen los demócratas. La líder de la minoría en la Cámara Baja, Nancy Pelosi, se ha cansado de reiterar que de lograr la mayoría, los demócratas van a buscar posturas “moderadas” que no van a sacudir al país o llevar a una crisis constitucional como la que implicaría una impugnación presidencial. John Conyers, que podría regresar a la presidencia del Comité Judicial, ha declarado consistentemente que Bush ha cometido acciones y abusos de poder que ameritan la impugnación constitucional, pero también que el país no soportaría una crisis de ese tipo y que él no iniciaría ese proceso.

 

Norcorea volverá a negociar

Corea del Norte está dispuesta a regresar a las conversaciones sobre su programa nuclear. Tres semanas después de su prueba atómica, Pyongyang dio su aprobación durante una reunión secreta con Estados Unidos, gracias a la mediación de China, para regresar a la mesa de negociaciones a seis bandas.

El Ministerio de Exteriores norcoreano confirmó el cambio de actitud: “La República Popular de Corea del Norte ha decidido retornar a las conversaciones con la condición de que el levantamiento de las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos sean discutidas”, señaló un portavoz del Ministerio citado por la Agencia Central de Noticias norcoreana (KCNA).

 

Bosques destruidos en Argentina

Adital • La organización ambientalista Greenpeace denunció que cinco importantes empresarios argentinos se encuentran vinculados a operaciones de desmontes en todo el norte del país, las cuales han significado la pérdida de más de 30 mil hectáreas de bosques nativos en los últimos 10 años, avaladas por distintos artilugios legales e ilegales, amparados en las débiles normativas y en la incapacidad de control efectivo de las administraciones provinciales.

Los empresarios y sociedades sindicados por Greenpeace son Franco Macri, Victorio Gualtieri, Eduardo Eurnekian y las sociedades anónimas Liag y Madera Dura del Norte, todos asociados a prácticas de desmontes en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa. Las actividades de las empresas son orientadas a la siembra de soja y algodón, extracción de madera, ganadería y otras prácticas productivas incompatibles con el desarrollo sustentable y la preservación de los bosques.

Las denuncias se basan en un informe muy completo de la asociación, “Con este informe probamos que los desmontes son una práctica habitual que se sostiene en una red de debilidades oficiales que favorecen un estado de situación donde el ´vale todo` es el modus operandi más extendido. Muchos de los negocios analizados en este informe son legales, al menos en los papeles, porque los mismos sectores involucrados son los que reciben exenciones y excepciones por parte de los gobiernos, frenan leyes que promueven el aumento de los mecanismos de control y presionan a los pocos funcionarios que intentan investigar”, aseveró Martín Prieto, director ejecutivo de Greenpeace Argentina. “Es obligación del Estado planificar las acciones tendientes a asegurar la provisión de bienes y servicios ambientales que brindan los ecosistemas”, sostuvo, por su parte, el director político, Juan Carlos Villalonga.

Para denunciar a los responsables de los desmontes que se producen a diario, Greenpeace desarrolló la página web

www.parenlosdesmontes.org.ar. En esta hay un mapa del norte argentino en el que se volcaron las denuncias que la organización fue recibiendo en los últimos meses y que tiene como objetivo transformarse en el “veraz” de los desmontes.

 

Falsas informaciones mexicanas a la CIA

Los ex presidentes de México, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, no solo fueron informantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos sino que, al parecer, le dieron información engañosa sobre la Matanza de Tlatelolco en 1968, según documentos divulgados recientemente.

El grupo Archivos Nacionales de Seguridad, un proyecto de la Universidad George Washington dedicado a difundir informes “desclasificados”, colocó en su página de Internet una treintena de documentos que describen la relación entre CIA y ex altos funcionarios del Gobierno de México entre 1956 y 1969.

“Nunca antes hubo una verificación oficial de que la CIA dependió de altos funcionarios de México para ofrecer informes de inteligencia sobre sucesos políticos en ese país”, dijo Kate Doyle, analista y directora del proyecto. En momentos en que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó en México durante más de 70 años, “ejercía la coerción y reprimía violentamente a la oposición, la CIA daba a Estados Unidos información engañosa”, agregó. Además detalló que los documentos describen un panorama en el que tanto Díaz Ordaz como Echeverría Álvarez “dieron a los agentes de la CIA informaciones que ellos querían hacer creer al Gobierno de Estados Unidos sobre la masacre de Tlatelolco”, acontecimiento que data del 2 de octubre de 1968 en la Ciudad de México, cuando una protesta estudiantil culminó en una matanza en la Plaza de las Tres Culturas de ese barrio.

Según Doyle, este es otro ejemplo de como la CIA no hizo bien su trabajo de “recabar informaciones de inteligencia de forma objetiva y analizarla”, al igual que en el conflicto en Irak. La experta lamentó que, a la luz de esta información, el Gobierno de Washington “jamás cuestionó las acciones represivas de México ni su legitimidad”. Además opinó que si los informantes de la CIA en ese período eran el presidente y los jefes de inteligencia mexicanos, la agencia no daba al Gobierno un panorama completo y objetivo de lo que realmente sucedía.

Según el grupo, Winston Scott era el hombre de la CIA en México que en esa época colaboró en la operación, apoyado en altos mandatarios como Díaz Ordaz y Echeverría Álvarez. El nombre de la CIA para la red de espías e informantes era LITEMPO, que fue creada en 1960 e incluía al menos una decena de personas, entre ellas amigos cercanos de Scott.

Los documentos no revelan cuánto pagaba la CIA a sus informantes a través de esa red, pero algunas fuentes indican que era un costo muy alto. También se sabe que en 1963 Scott autorizó un “regalo personal” de mil piezas de munición automática de Colt 223 para entregar a Díaz Ordaz.