Olvidan su pasado, castigan por buscar el progreso y no valoran nuestro trabajo

El Gobierno de España parece no recordar el gran paso de sus habitantes por las tierras americanas, el de Estados Unidos no valora el aporte fundamental de los latinos a su funcionamiento como nación productiva, los funcionarios en ambos países no se ponen en el lugar del prójimo y no reconocen que los inmigrantes les son necesarios.

“Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente”, cantaba el argentino León Gieco al testimoniar el exilio de los latinoamericanos ante las dictaduras de los años 70. Pero aquellos vientos trajeron otras tempestades que la democracia no pudo amainar, y hoy ya son casi 26 millones los que dejaron su terruño.

La tierra tal como la dejaron los regímenes militares, al retirarse en los 80, en especial en el sur de América, provocó otra oleada emigratoria que se catapultó en la segunda mitad de la década del 90 con sucesivas crisis económicas y sociales en la decadencia del neoliberalismo.

Pero el también llamado “exilio económico” no sólo debe afrontar estos días costumbres, lenguajes y modos de pensar diferentes, sino trabas legales, xenofobia y hasta muros o alambradas, como las que levantan en sus fronteras sur Estados Unidos y España, los dos principales destinos de los latinoamericanos.

A pesar de admitir que necesitan la inmigración del Sur para apuntalar sus economías, los Gobiernos del Norte ­por miedo al terrorismo, en un caso, y por los compromisos con la Unión Europea, en el otro­ se han vuelto cancerberos ciegos frente a millones que buscan “una esperanza de dignidad”, como dijo Enrique Iglesias al abrir un seminario sobre la materia en Montevideo, Uruguay.

Iglesias, ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y actual dirigente de la Secretaría General Iberoamericana en España, hijo de inmigrantes nacido allí y criado en Uruguay, no tiene dudas de que la migración es el tema más importante del siglo XXI cuando ya hay cerca de 200 millones de personas en esa condición.

Hay que analizar los costos negativos para los países emisores y valorar la contribución de los extranjeros en las comunidades de residencia “para hacer frente a las tendencias xenófobas”, sostuvo, así como a la atmósfera de rechazo en el marco de las políticas de seguridad derivadas de los atentados del 11-S.

El respeto de los derechos humanos debe estar en el centro de estas preocupaciones, arengó, en coincidencia con el director nacional de Asuntos Consulares de Uruguay, Álvaro Portillo, para quien la premisa es “nunca perder de vista que no se trata de un problema de seguridad sino de personas en situación de vulnerabilidad”.

Aunque la salida de nacionales mermó en el sur de América después de la última oleada provocada por la crisis económica de fines de los 90 y comienzos de esta década, el flujo, en general, no detiene su andar. Los países centroamericanos, México, Ecuador y Uruguay figuran entre los que tienen más emigrados en relación a su población. En términos demográficos, los inmigrantes representan en España el 8.5% de los 44 millones de habitantes.

Cifras oficiales de El Salvador indican que unos 2,5 millones viven fuera de sus fronteras, los chilenos emigrantes son casi 900,000, los argentinos se acercan al millón, en tanto que solo en Florida, Estados Unidos, hay unos 200,000 venezolanos y un número no calculado en España, Canadá y hasta en Australia.

Por su parte, los uruguayos rondan los 500,000, lo cual hace de su país, con apenas 3,2 millones de habitantes en su territorio, uno de los mayores expulsores en América Latina.

Ustedes anduvieron por aquí, ¿recuerdan?

Muchos funcionarios, en especial europeos, parecen ignorar las andanzas de sus antepasados en tierras prometidas de América.

Los migrantes del Norte fueron acogidos en América sin demasiadas trabas ante la necesidad de poblar vastos territorios vírgenes y contar con mano de obra industrial; aunque no faltaron las deportaciones, como las de mujeres solas y con hijos menores, calificadas de “mendigas”, y las de más de 60 años, según una ley argentina de 1876.

Entre 1850 y 1950 se radicaron en América Latina cerca de cuatro millones de naturales de España, lo cual dio lugar a tratados de amistad entre países, como el que suscribieron ese país y Uruguay en julio de 1870. Montevideo reclama ahora su vigencia a favor de sus emigrados en esas tierras. Precisamente, el fallo del Tribunal Supremo de España, que desconoce ese añejo tratado, es una de las piedras en el camino.

Ellos nos necesitan

“La ecuación demográfica de los países industrializados indica que estos necesitarán contingentes cada vez mayores de inmigrantes, como España, donde harán falta más de cuatro millones de extranjeros para 2020”, precisó Iglesias.

Un estudio de España indica que los inmigrantes aportaron un 3.6% del producto interno bruto de ese país en los últimos seis años y son responsables de más de 0.5% de su crecimiento económico anual.

El Consejo de Cooperación Económica, que agrupa a las grandes empresas del sur de Europa, planteó en junio a los gobiernos la necesidad de abrir paso a los inmigrantes por la falta de mano de obra que se aprecia.

Atrapados

España ha deportado a sus países de origen en los últimos meses a centenares de extranjeros apresados incluso fuera de sus aguas territoriales.

Según estimaciones extraoficiales, más de 50 ecuatorianos fallecen cada mes en distintas circunstancias por el intento de llegar en barco a América Central o por tierra a Estados Unidos, muchas veces tras ser abandonados a su suerte por los coyotes, que cobran entre 5,000 y 10,000 dólares por el traslado de cada persona.

También se calcula que mensualmente unos 1,000 inmigrantes son obligados a retornar luego de ser detenidos en Estados Unidos.

Esas tragedias elevaron de modo exponencial el flujo de ecuatorianos a España, donde también han sido víctimas de estafas. Las deportaciones son moneda corriente, en especial en la frontera de Estados Unidos o en países de paso, así fueron devueltos casi 4,000 dominicanos en los últimos dos años y medio y 45,000 salvadoreños entre enero y diciembre de 2005.