México responde a tiros a los maestros en Oaxaca

El pasado 29 de octubre se presentó la temida intervención federal en Oaxaca. Con la presencia de tanques y cañones de agua, más de 4 mil agentes armados de la Policía Federal Preventiva (PFP) entraron en la ciudad para restaurar, según ellos, la “ley y el orden” como fuera ordenado por el Presidente Fox.

La Asamblea Popular de Oaxaca (APPO) y la sección 22 del sindicato estatal de maestros en forma conjunta constituyen un grupo de decenas de miles y habían tomado el control de la ciudad en Junio pasado, a la vez que demandaban que el Gobernador Ulises Ruiz, acusado de represión y mal manejo de los fondos públicos renunciara a su cargo. Los maestros iniciaron la resistencia el 14 de junio cuando la policía estatal de Oaxaca arrestó a varios miembros y bombardeó con gas a los manifestantes en su protesta anual, la cual incluía la justa demanda por el aumento de fondos para la educación, mejores salarios y más servicios para los estudiantes pobres.

Oaxaca es el segundo estado más pobre de México, con las tasas más altas de migración, —150,000 oaxaqueños se trasladan a la parte norte del país y a Estados Unidos cada año buscando trabajo—. Existe una creciente brecha entre la élite rica y la mayoría pobre. En la actualidad, el 76% de los oaxaqueños vive en la pobreza y el 72% gana menos de $6.40 por día.

Los acuerdos de libre comercio, tales como NAFTA, promovidos por el gobierno de los Estados Unidos, decían que disminuirían la pobreza y la inestabilidad de la economía; sin emb0argo, la mayoría de la gente está ahora más empobrecida que nunca. La presión social ha aumentado, especialmente a medida que las necesidades de la población vinculada a la agricultura ha perdido la mayoría de sus subsidios y la posibilidad de competir bajos los ajustes estructurales neoliberales y NAFTA. Esto ha sido ignorado por los líderes políticos alineados con los intereses de las grandes corporaciones internacionales. La implantación de esta forma de violencia económica ha llevado a la emergencia del movimiento popular y la situación resultante a la inminente represión por parte del estado.

El conflicto ha dejado en Oaxaca una decena de muertos, 1.3 millones de niños sin clases durante más de cinco meses y graves problemas económicos.