Protestar es un derecho, reprimir es un delito

Por Greenpeace México

Fotos de Gustavo Graff / Maya

México, DF. Organizaciones civiles, ambientalistas, periodistas, intelectuales, artistas, caricaturistas y ciudadanos de a pie lanzaron un llamado a no utilizar la inseguridad y el clima de violencia sin precedente que vive México para criminalizar la protesta social.

“La criminalización de la protesta social es la atribución que se toman los gobiernos para ejercer una facultad que nadie les otorgó: maltratar a quienes deben cuidar, persiguir a quienes deben proteger, ignorar a quienes deben mayor atención, y servir a quienes deben controlar. En otras palabras, en nuestro país opera un “derecho mafioso”, donde se aplica la ley de forma discriminatoria, particularmente contra los pobres y contra quienes cuestionan o se enfrentan al Estado.

Esto nos preocupa porque significa que en México se están distorsionando conceptos esenciales de la democracia, tales como la legalidad y el Estado de Derecho. Es decir, cuando el gobierno utiliza estos conceptos -legalidad y Estado de derecho- en el marco de la protesta social, lo hace para justificar la represión y la violencia institucionalizada.

La criminalización de los movimientos y protestas sociales en México muestran cuán lejos estamos de una auténtica democracia”, afirmó Edgar Cortez, de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos. “Estamos preocupados porque al amparo del discurso gubernamental contra la inseguridad se está cuestionando a aquellos que, por muy diversas razones, critican el estado actual de cosas en el país.

Hoy quienes defienden su patrimonio natural, quienes se oponen a proyectos depredadores y que excluyen a las comunidades, quienes buscan defender activamente sus derechos, quienes luchan contra la pobreza o quienes, simplemente, no están de acuerdo con las decisiones que en nombre de todos se toman en este país, están siendo convertidos en delincuentes. Al amparo de ambigüedades legales se pretende equiparar a los activistas con delincuentes y esto es una muy mala señal del gobierno.

Los problemas que el país enfrenta necesitan soluciones radicales, de largo plazo y que atiendan al bien común. De ninguna manera van a ser resueltos quitando derechos y acallando a quienes buscamos activamente una sociedad más justa”, afirmó Patricia Arendar, directora de Greenpeace México.

Los representantes de diversas organizaciones que asistieron a la conferencia advirtieron que la criminalización de la protesta social es el primer paso rumbo a la criminalización de la sociedad en su conjunto -por hablar, disentir, cuestionar, protestar- y a la eliminación progresiva de los derechos fundamentales. Algunos de los mecanismos que un Estado represor utiliza para manejar las disidencias ciudadanas ­y que ya están siendo utilizados en México- son:

• Renuncia al diálogo. Se cierran los espacios. Se ignoran las demandas. Se posponen las respuestas. Se dejan crecer los conflictos.

• Represión policial (con policía pública o privada). Represión mediante la violencia física contra movimientos y protestas sociales: uso desproporcionado de la fuerza, detenciones arbitrarias (la policía detiene, tortura y libera sin poner a disposición de la autoridad), abusos sexuales, uso de gases lacrimógenos, amenazas, vigilancia, torturas, cateos ilegales, censura, restricciones para publicar, restricciones para realizar asambleas, reuniones o marchas, etc. Todo esto seguido de la impunidad para los represores.

• Descalificación. Quienes protestan son descalificados, tachados de mentirosos, son señalados como delincuentes,  desestabilizadores y acusados de violar derechos de terceros, por parte de la autoridad, los partidos políticos y los poderes privados.

• Militarización. Se militariza la vida civil para que sea el Ejército quien enfrente a la protesta y el descontento social.

• Criminalización de la protesta social. Es llevar a la vía judicial los conflictos sociales y la renuncia al diálogo y la política. Se lleva el conflicto a la arena judicial y se encarcela y somete a proceso penal a los líderes o participantes de los movimientos, quienes deben concentrarse en su defensa. Las formas en que esta criminalización se manifiesta son: detenciones arbitrarias; equiparación de luchadores sociales con delincuentes; agravamiento de las acusaciones; se legislan nuevos delitos de forma tan ambigua que puedan ser utilizados contra los movimientos sociales, falta de debido proceso penal y sentencias inusitadas.

Las organizaciones invitaron a la ciudadanía y a otras organizaciones a adherirse a la campaña “Protestar es un derecho, reprimir es un delito”, visitando el link:

http://www.greenpeace.org/mexico/GP/protestar_derecho_reprimir_delito.

Entre quienes se han adherido a este manifiesto están: Carlos Monsiváis, Daniel Giménez Cacho, Elena Poniatowska, Javier Sicilia, Julieta Egurrola, Paco Ignacio Taibo II, entre muchos otros, así como organizaciones de mujeres, de derechos humanos, ambientalistas y de consumidores.

Por último, las organizaciones señalaron que es muy importante no permitir que la protesta social sea vista como un delito. El ejercicio de todas las libertades (expresión, manifestación, denunciar las malas políticas públicas y la discrecionalidad, etc.) que tienen que ver con la protesta social, asegura que las distintas voces presentes en la sociedad puedan ser escuchadas, incluyendo aquellas que disienten, pues sólo así será posible tomar decisiones políticas justas y respetuosas de los derechos humanos.

Protestar es un derecho, reprimir es un delito. ¡No a la criminalización de la protesta social!