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  • Edición impresa de Noviembre 17, 2009.

BRASIL • Organizaciones debaten criminalización de la pobreza con representante de la ONU

inter111709f2Seguridad pública y criminalización de la pobreza son algunos de los temas que discutieron representantes de la sociedad civil de Río de Janeiro y la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Navanethem Pillary.

Según Camilla Ribeiro, coordinadora de proyectos de Justicia Global, la idea fue discutir fundamentalmente sobre las “violaciones frecuentes y sistemáticas de los derechos humanos en las comunidades pobres de Río de Janeiro”. Las organizaciones entregaron a la Alta Comisionada un documento sobre las violaciones de los derechos humanos en ese estado.

Según la coordinadora, el accionar del Estado está basado en la “política de combate al enemigo: las personas pobres”. Camilla comentó que la política de enfrentamiento ya generó muchas víctimas: “Los datos del Instituto de Seguridad Pública muestran que hubo un promedio de 3.3 muertos por día durante el gobierno de Sergio Cabral. En 2007 se registró el mayor número absoluto (1,330) y la mayor tasa por cada 100 mil habitantes (8.2)”.

En el comunicado, las entidades firmantes también llaman la atención sobre la ineficacia de las actuales políticas de seguridad: “Las operaciones policiales dentro de las comunidades pobres de Río de Janeiro provocan miedo y terror. Impiden que niños y jóvenes frecuenten la escuela y que los habitantes salgan a trabajar, además de impedir el funcionamiento de los puestos de salud”.

Según la coordinadora de proyectos de Justicia Global, la solución para esta situación sería terminar con las incursiones policiales basadas en el enfrentamiento y en la criminalización de la pobreza, realizar una reforma policial y promover un “cambio en la comprensión del espacio de la favela”.

La coordinadora destacó además la preocupación por el accionar del Estado en la preparación de los Juegos Olímpicos de 2016. Se teme que ocurran las mismas violaciones realizadas en los Juegos Panamericanos de 2007, como desalojos y operaciones policiales.

En el comunicado, las organizaciones resaltan también la discriminación social, representada ahora por la existencia de muros en las comunidades pobres de la ciudad: “La criminalización de la pobreza y el control también están presentes en la construcción de muros alrededor de las favelas de Río de Janeiro. Bajo el pretexto de preservación de la Mata Atlántica, este tipo de política pública es otra demostración de una política orientada a la segregación y al apartheid social”.

 

 


 

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