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  • Edición impresa de Noviembre 17, 2009.

MÉXICO • Multitudinaria huelga cívica contra cierre de la Compañía de Luz y Fuerza

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) realizó un “paro cívico” en Ciudad de México, en protesta contra el cierre de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y el despido de 44 mil trabajadores, realizada el pasado 10 de octubre.

El grupo “cerró” simbólicamente dependencias como las secretarías de Hacienda y del Trabajo y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), impidiendo la entrada de sus funcionarios, de las 7 a las 12 hs. A las 14, una marcha recorrió puntos centrales de la ciudad. Participaron más de 700 organizaciones en el evento.

Los sindicalistas exigieron del gobierno federal la derogación del “decreto de extinción” de la compañía LyFC y la salida inmediata de la Policía Federal del local. Pidieron la instalación de una mesa de negociación “para establecer acuerdos de carácter financiero y técnico, que restablezca la legalidad constitucional en Luz y Fuerza del Centro”.

A las 7 hs., sindicalistas, maestros, campesinos y organizaciones sociales cerraron varios departamentos gubernamentales en Ciudad de México. También se cerraron simbólicamente varios bancos y las organizaciones docentes acompañaron con una medida de fuerza.

A las 14 hs., el grupo continuó la marcha desde el Ángel de la Independencia hasta Los Pinos, donde solicitó una audiencia con el presidente Felipe Calderón. Después regresó hasta el Zócalo, para un encuentro con todas las organizaciones sociales.

El Paro Cívico Nacional es sólo la primera acción de la Huelga General, acordada el pasado día 5 de noviembre, en la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular.

El pasado día 10 de octubre, la Policía Federal y el ejército nacional ocuparon las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro de modo represivo. De acuerdo con el sindicato, sólo en el día siguiente, el gobierno presentó un decreto presidencial, ordenando la “extinción” de Luz y Fuerza y el despido automático de más de 44 mil trabajadores económicamente activos y de 20 mil jubilados. En la práctica, la decisión significó, también, la anulación de su contrato colectivo y del SME. .

 

 


 

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