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  • Edición impresa de Noviembre 4, 2014

Iguala, una herida que no callará

Hace un mes, 43 estudiantes mexicanos que aspiraban a ser profesores rurales y que protestaban ante el cambio de algunos aspectos de la reforma educativa desaparecieron en el municipio de Iguala, estado de Guerrero, apenas a doscientos kilómetros de distancia de la capital del país. La noticia motivó masivas protestas en todo México y ante sus representaciones diplomáticas en el exterior.

En cierto modo, los crímenes de Iguala, que fueron seguidos por numerosos descubrimientos de fosas comunes ya no constituyen un evento extraordinario. Desapariciones por aquí, fosas comunes por allá, decapitaciones y secuestros se han vuelto rutina en México. Lo que es inusual esta vez es la reacción de la sociedad civil. Iguala le dio una vía para rebelarse ante el terror diario, para expresar el hartazgo ante un dolor sofocado, una sed de justicia sin saciar que era una bomba de tiempo. Un estallido previsible para una población saturada por la criminalidad. Es la crisis de un gobierno frente a un pueblo frustrado ante instituciones que no reflejan un mínimo Estado de derecho.

En efecto, un mes antes de los hechos de Iguala, el 21 de agosto, el Gobierno mexicano reconoció oficialmente un total de 22,322 desapariciones desde el año 2006, de los cuales el 44% han tenido lugar durante la actual administración del presidente Enrique Peña Nieto. Estudios indican que la mayor parte de la población atribuye estas desapariciones al Estado y no al crimen organizado

Iguala es, entonces, la punta de un iceberg que concentra el horror que los mexicanos han debido soportar a diario. La situación hace años dejó de ser problema de lucha contra el narco y arrastra al Estado, implicado en desapariciones forzadas y torturas, en un ambiente de impunidad casi absoluta y corrupción de agentes del Estado que no cumplen su papel de proteger a sus conciudadanos ¿Puede esperarse que una sociedad relativamente moderna soporte en silencio una falta de cumplimiento de funciones estatales mínimas? La indignación ya existía, pero este grito doloroso de México, antes de Iguala, era inaudible.

Los precedentes internacionales indican que violaciones de este calibre necesitan soluciones de magnitudes proporcionales a la herida causada. Bien lo sabemos en otros países de la región: las consecuencias de las violaciones a los derechos humanos traspasan generaciones, y lidiar con ellas requiere destinar recursos por largos años. Se necesitan reformas legislativas para cumplir con los estándares internacionales; comisiones y tribunales a los cuales se les proveen mandatos especiales y medios materiales para entregar justicia; establecida una verdad, un liderazgo que asuma públicamente las responsabilidades del Estado en los hechos; reparación a las familias de las decenas de miles de víctimas, que exceden largamente el caso Iguala; y una reforma a la policía y a las fuerzas armadas que incluya recursos que los hagan menos proclives a la corrupción y una educación que instaure el respeto a los derechos humanos.

El grito que emerge de Iguala, el clamor angustioso que hoy resuena en todo México contra la barbarie, no se acallará hasta entonces.

 


 

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