‘Para eso los entrenaron’

La Casa Blanca defendió el comportamiento, “de manera adecuada a su entrenamiento”, del agente federal que abatió a un pasajero que decía tener una bomba en el vuelo 924 de American Arilines, a punto de despegar del aeropuerto de Miami.

“Los agentes parecen haberse comportado para lo que los entrenan exhaustivamente”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Scott McClellan.

Rigoberto Alpízar, un costarricense nacionalizado estadounidense, que dijo tener una bomba en su bolso de mano, fue abatido por un agente federal en el aeropuerto de Miami momentos antes de despegar el avión en el que viajaba con destino a Orlando.

La policía confirmó que no había encontrado ninguna bomba en el equipaje del pasajero y excluyó que se tratara de un caso relacionado con terrorismo.

Según McClellan, el Departamento de Seguridad Interna colabora con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Policía de Miami para establecer con exactitud lo ocurrido.

La muerte de Alpízar es la primera vez en que un agente federal dispara contra un pasajero desde que, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, se reforzó el programa para transportar agentes federales de incógnito en los vuelos civiles.

Cuatro periodistas y un fotógrafo viajaban entre los 30 colombianos que abordaron el avión en Medellín, Colombia, informó el diario local El Tiempo.

Uno de ellos, el fotógrafo Gerardo Chaves, explicó así el drama en el aeropuerto: “Todo comenzó cuando ya estaban terminando de subir los pasajeros. Faltaban por entrar unas dos personas. El señor [Rigoberto Alpízar] era como el penúltimo pasajero que había pasado por mi lado. Yo estaba en las sillas de atrás. De pronto pasó y empujó a la azafata y salió como loco”, dijo Chaves.

Alpízar salió “gritando y se fue hasta la puerta delantera. Detrás iba una señora gritando: ‘¡Está enfermo, está enfermo!’. Y después algunos dicen que se escucharon disparos, pero parece que todo fue en la entrada del avión. (...)

 

Registra EU la mayor oleada de migración en los últimos años

Mientras la Cámara de Representantes se apresta a considerar un proyecto republicano de mayores controles de la inmigración indocumentada en la frontera y en los centros de trabajo, un estudio concluyó que los últimos cinco años han registrado niveles históricos de inmigración tanto legal como indocumentada con el ingreso de hasta 7.9 millones de personas entre 2000 y 2005.

La ley de 2005 para la Protección Fronteriza, Antiterrorismo y Control de la Inmigración Indocumentada (HR 4437) propone mano dura contra los indocumentados en la frontera y en los centros de trabajo, mayores sanciones contra patronos que contraten personas sin documentos y estrictas medidas de verificación de documentos de trabajo, entre otras cosas, pero no incluye el plan de trabajadores temporales por el que aboga la Casa Blanca. Se debate en el pleno de la cámara esta semana.

Grupos pro inmigrantes catalogan la medida de “extremista” y condenan que no aborde el tema de los más o menos 11 millones de indocumentados que viven y trabajan en este país. Advierten, además, que se anticipan enmiendas “antiinmigrantes” en el debate de este proyecto, entre esas, medidas para negar la ciudadanía a hijos nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados.

El HR 4437 se une al proyecto HR 4312 del congresista republicano de Nueva York, Peter King, quien preside el Comité de Seguridad Interna de la Cámara Baja, y que, entre otras cosas, ordena la detención obligatoria y remoción expedita de los indocumentados con menos de 14 días en el país interceptados en un área de cien millas de la frontera estadounidense.

California fue el punto de llegada de la mayor parte de los inmigrantes que arribaron al país entre 2000 y 2005, registrándose un alza de 10% en cinco años. Entre 2000 y 2005 ingresaron 931 mil inmigrantes al estado (legales e indocumentados) para una población inmigrante total de 9,984,000.

México es el país de procedencia de la mayoría de los nuevos inmigrantes, seguido de Asia Oriental, Europa, el Caribe, Centroamérica y Sudamérica.

Los inmigrantes mexicanos tienen uno de los índices más bajos de escolaridad, y entre los hispanos, los colombianos tienen el índice de escolaridad más alto.

Pero mientras algunos sectores abogan por mayores controles migratorios y se oponen tenazmente a programas de trabajadores temporales, otros grupos dicen que llegó el momento de regularizar la situación migratoria de los más de 11 millones de indocumentados que viven y trabajan en este país.

No se puede pretender que no existen y tampoco hay fórmulas mágicas, argumentan, para que desaparezcan del país.

 

Osos, sequoyas y marihuana en los parques de California

Los visitantes de los emblemáticos parques de California pueden toparse con cultivos de marihuana, guardados por mafias mexicanas que se aprovechan de lo recóndito de estos lugares.

Mientras hacían su ronda por el Parque Nacional de las Sequoyas, en California, dos guardias forestales se toparon el otoño pasado con dos hombres que en lugar de mochilas y cantimploras, lo habitual en este entorno, llevaban colgando rifles automáticos.

Los hombres se dieron a la fuga, pero las autoridades del parque los atraparon poco tiempo después en la pequeña localidad de Wawona, una detención que ayudó a destapar un cultivo de más de seis mil plantas de marihuana en el corazón de este espacio protegido.

El año pasado, los guardias del parque incautaron más de 44 mil plantas —un valor de venta, al precio de la calle, de 176 millones de dólares—, lo que supone un incremento de más de un 30% con respecto a lo que se confiscó el año pasado.

En el vecino e igualmente famoso espacio natural de Yosemite, también en California, la situación es similar, según el último informe de la Asociación para la Conservación de los Parques Nacionales.

Se trata de una situación que, irónicamente, ha empeorado desde el 11 de septiembre de 2001, la fecha de los atentados terroristas de Al Qaida contra EU, según Bill Tweed, naturalista del Parque Nacional de las Sequoyas.

Esto es así porque el incremento de la seguridad en la frontera con México tras los ataques terroristas hace que sea más difícil introducir drogas en el país, con lo que existen más incentivos para que se cultive dentro.

Además, para expandir las plantaciones los cultivadores a menudo cortan árboles, excavan zanjas, crean pequeñas presas en los riachuelos y utilizan cañerías de plástico.

En Yosemite, algunos cultivadores cocinan con fuegos al aire libre, lo que podría desencadenar incendios en lugares de muy difícil acceso.

La gravedad de la situación llegó ante el Congreso de EU a mediados de noviembre, cuando directivos de los parques testificaron para denunciar que la producción ilegal de marihuana en parques, bosques y otros espacios protegidos se ha convertido en un negocio multimillonario, principalmente concentrado en California.

 

Extenderán la Ley Patriota

Negociadores de ambas cámaras del Congreso llegaron a un acuerdo para prorrogar la ley antiterrorista conocida como Ley Patriota antes de que ésta caduque a fines de mes.

El presidente de la Comisión Judicial del Senado, el republicano Arlen Specter, anunció que la comisión bicameral negociadora había llegado a un acuerdo que hará permanentes la mayor parte de los incisos de la ley y prorrogará por cuatro años adicionales dos de sus cláusulas más polémicas.

Una de ellas autoriza ligar la intercepción gubernamental de teléfonos a un investigado y no a un número de teléfono específico, haciendo posible interceptar múltiples líneas simultáneamente. La otra consiste en emitir órdenes secretas autorizando el registro de libros, discos y otros artículos de diversos tipos de negocios, hospitales y organizaciones tales como bibliotecas cuando las autoridades investigan casos de seguridad nacional. Estas cláusulas caducarán en cuatro años, a menos que el Congreso vuelva a prorrogarlas.

El acuerdo también reautoriza con pequeños cambios el inciso relativo a las “cartas de seguridad nacional”, utilizadas por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) para obligar a negocios a entregar información sobre sus clientes sin necesidad de orden judicial.

El demócrata Russ Feingold, de Wisconsin, único senador que votó contra la versión inicial de la ley, se opuso también a la extensión de la misma y prometió aplicar tácticas dilatorias (filibuster) para impedir su aprobación.

También se extenderán por cuatro años las normas para vigilar a potenciales terroristas que podrían operar de manera independiente de una potencia o una fuerza extranjera. Si bien estas normas no forman parte de la Ley Patriota, los legisladores las consideraron conjuntamente.

El acuerdo se logró después de que los negociadores ignoraron la presión de la Casa Blanca de que éstos incisos se extiendan por al menos una década en lugar de cuatro años. Sin embargo, la administración Bush aplaudió ayer el acuerdo.

Sin embargo, la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU) denunció el acuerdo y llamó a los legisladores a rechazar la legislación por atentar contra la privacidad de los estadounidenses inocentes.

El Senado votará el texto del acuerdo la próxima semana.

 

Comité aprueba mano dura contra indocumentados

El Comité Judicial de la Cámara de Representantes aprobó en votación preliminar una medida de mano dura contra los indocumentados en la frontera y en los centros de trabajo, mayores sanciones contra patronos que contraten personas sin documentos y estrictas medidas de verificación de documentos de trabajo. Sin embargo, no incluyó en su reforma migratoria el plan de trabajadores temporales por el que aboga la Casa Blanca. A continuación, el plan se debatirá en el pleno de la Cámara Baja la semana que viene.

En votación 23-15, el panel avanzó el proyecto HR 4437 de autoría del presidente del Comité Judicial, F. James Sensenbrenner, republicano de Wisconsin. Demócratas y grupos hispanos catalogaron la medida de “escandalosa y extremista” no sólo por sus múltiples medidas controversiales sino porque, dijeron, no hace nada para abordar la situación migratoria de los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos.

La medida, llamada “Ley de 2005 para la Protección Fronteriza, Antiterrorismo y Control de la Inmigración Indocumentada”, se une al proyecto HR 4312 del congresista republicano de New York, Peter King, quien preside el Comité de Seguridad Interna de la Cámara Baja. Esta última moción legislativa ordena entre otras cosas la detención obligatoria y remoción expedita de los indocumentados con menos de 14 días en el país si son interceptados en un área de 100 millas de la frontera estadunidense.

En cuanto al Senado, su liderazgo republicano indicó que a principios de 2006 abordará el tema migratorio partiendo de la seguridad fronteriza. Sin embargo, lo ampliará a otros aspectos, como un programa de trabajadores temporales que contemple algún mecanismo de regularización para indocumentados.

Por su parte, la Casa Blanca no favorece mecanismos de legalización de trabajadores temporales. Su versión del proyecto dice que al cabo de seis años éstos deben retornar a su país de origen.

Finalmente, la medida resultante surgirá de la reconciliación de las versiones de ambas cámaras, que se negociará el año entrante.

El Consejo Nacional de la Raza (NCLR) dijo estar “escandalizado” por el proyecto de Sensenbrenner que “es una retahíla malintencionada de cláusulas que obstruyen la privacidad”.

Entre otras cosas, el proyecto de Sensenbrenner requiere que los empleadores confirmen si los empleados están autorizados para trabajar en este país corroborando los números de Seguro Social con los bancos de datos federales; y que se niegue la admisión de migrantes que hayan hecho uso indebido de números de Seguro Social.

La bancada latina del Congreso envió una carta al demócrata de más alto rango del panel Judicial, John Conyers, de Michigan, reiterando que el proyecto 4437 es otra política fallida más que destina miles de millones de dólares a medidas policiacas. Estas, afirma, sólo han resultado en incrementos de la inmigración indocumentada que dicen querer frenar.

 

EJECUTAN EN CALIFORNIA A ‘TOOKIE’ WILLIAMS

“¡El estado de California ha ejecutado a un hombre inocente!”. El clamor se escuchaba poco después de la medianoche en la sala de ejecuciones de la cárcel de San Quintín. Con los ojos anegados y el rictus de la impotencia, Barbara Becnel, la escritora y activista que permaneció hasta el último minuto junto a Stanley Tookie Williams, marcaba el final de un drama que volvió a dividir al país frente a la pena de muerte. El gobernador “Arnold Schwarzenegger ha cometido un asesinato a sangre fría. Y por eso vamos a hacer todo lo posible para evitar su reelección”, insistió Becnel, ante la multitud que se mantuvo en vigilia permanente a las afueras de la cárcel de San Quintín, con la esperanza de salvar a Williams. Pero la salvación del ex pandillero nunca llegó y la ejecución se produjo según el horario y el ritual previstos. La muerte de Tookie, nominado en cinco ocasiones al Nobel de la Paz, se producía a las 00:35 locales.

Seguridad fronterisa vs. plan migratorio

La Cámara de Representantes retornó a sus labores con una apretada agenda y escaso tiempo para avanzarla, pero uno de los temas pendientes es aprobar un proyecto de seguridad fronteriza que deja de lado el plan de trabajadores temporales que la Casa Blanca desea implementar.

De hecho, el presidente del panel Judicial de la Cámara Baja, F. James Sensenbrenner, republicano de Wisconsin, planifica presentar su esperado proyecto de ley sobre seguridad fronteriza. En un comunicado de prensa, el congresista indicó que su medida pretende no sólo reforzar la vigilancia y la seguridad en la frontera sino en el interior del país y que aplicará a todos: a quienes traten de ingresar ilegalmente al país y a los empleadores que los contraten.

La semana anterior, la Administración del presidente George W. Bush se dedicó a promover la necesidad de una reforma migratoria integral de mano dura en la frontera, pero que incluya un plan de trabajadores temporales que, según la Casa Blanca, le quitará presión a la franja fronteriza y agotará la necesidad de mano de obra indocumentada sustituyéndola por mano de obra legal, aunque temporal.

Pero pese a los mensajes, ninguno de los sectores involucrados en el debate está del todo satisfecho.

Los grupos pro inmigrantes, por su parte, tienen las esperanzas puestas en el Senado, donde el debate es más amplio y ya se indicó que en febrero de 2006, año de elecciones de medio periodo, se partirá de la seguridad fronteriza para luego abordar el asunto de los trabajadores temporales. Hay diversas propuestas sobre el tapete.

Pero la preocupación de esos grupos es que en el debate de la Cámara Baja se dé cabida a medidas que ellos catalogan de antiinmigrantes. Por ejemplo, en un boletín del Consejo Nacional de La Raza (NCLR), el grupo condena que en medio del debate migratorio se han sometido varias medidas que pretenden negarle la ciudadanía automática a los hijos nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados.

Entre los proyectos de ley republicanos que contemplan la eliminación de la ciudadanía como derecho de nacimiento figuran The Reducing Immigration to a Genuinely Healthy Total (RIGHT) Act, de Tom Tancredo, de Colorado; Citizenship Reform Act, de Nathan Deal, de Georgia; y el Enforcement First Immigration Reform Act, de J.D. Hayworth, de Arizona.

Pero precisamente, el presidente del Comité Nacional Republicano (RNC), Ken Mehlman, convocó a todas las partes involucradas en el debate migratorio a dejar de lado la retórica antiinmigrante.

 

“No estamos seguros”: Thomas H. Kean

La Comisión del 9/11 dice que es ‘decepcionante’ el desempeño del gobierno federal para prevenir otro ataque

En su último reporte de calificaciones al gobierno federal, la Comisión del 9/11 catalogó de “decepcionante” su desempeño en implementar las recomendaciones del panel para que Estados Unidos esté más preparado ante otro potencial ataque terrorista y calificó de “inaceptable” la falta de avances.

Mientras a todo nivel la Administración de George W. Bush asegura que Estados Unidos es un lugar más seguro desde los siniestros del 11 de septiembre de 2001, la comisión bipartidista afirma que “todavía no estamos seguros” y “eso es inaceptable”, declaró el presidente del panel, el republicano Thomas H. Kean.

Una de las principales críticas recayó en el Congreso por la forma en que ha asignado los fondos para la seguridad interna. En lugar de hacerlo basándose en el riesgo que puedan enfrentar determinadas ciudades, lo ha hecho, según la comisión, por consideraciones de tipo político.

Las subvenciones federales para los encargados de responder a cualquier emergencia terrorista “deben distribuirse de acuerdo al riesgo y la vulnerabilidad”, agregó Kean.

Pero el esquema de asignaciones ha hecho que proporcionalmente hablando ciudades con bajo riesgo reciban más fondos que ciudades como Los Ángeles, Nueva York o Washington.

En rueda de prensa en esta capital, Kean dijo que incluso algunas ciudades han gastado el dinero de seguridad antiterrorista en otros usos, como por ejemplo, instalar equipos de aire acondicionado en los camiones de recolección de basura.

Pero los problemas no sólo tienen que ver con la forma en que se distribuyen los fondos. Dentro del mismo gobierno no se han registrado avances satisfactorios para que las agencias de espionaje, por ejemplo, puedan compartir información crítica de manera adecuada, dice el reporte.

El vicepresidente del panel, el ex legislador demócrata Lee Hamilton, dijo que en ese sentido el progreso “ha sido mínimo” a pesar de los cambios que aprobó el Congreso para agilizar y mejorar el intercambio de información. Se requiere, dijo Hamilton, cambiar “la cultura” de desconfianza entre las diversas agencias de inteligencia y la forma en que cada una opera.

Los esfuerzos de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), por ejemplo, se han quedado cortos en relación con las necesidades reales, agregó Hamilton.

El panel evitó mencionar directamente a la actual Casa Blanca de Bush o al gobierno demócrata de Bill Clinton. Las críticas se formularon hacia el gobierno federal en general.

De las 41 recomendaciones que la comisión sometió hace año y medio muy pocas se han implementado. Una de ellas fue crear el puesto de director nacional de inteligencia, que se estableció tras dimes y diretes entre el Congreso y la Casa Blanca en torno al alcance de los poderes de dicha oficina que al presente encabeza el ex embajador John Negroponte.

Asimismo, dicen que los miles de millones de dólares que se han gastado y se siguen gastando en Irak debieron usarse para garantizar la seguridad de Estados Unidos ante otro potencial ataque terrorista.

 

OPOSITORES ACUSAN A BLAIR DE NO VER NI OÍR DENUNCIAS DE VUELOS SECRETOS DE LA CIA

El opositor Partido Demócrata Liberal (PDL) británico denunció hoy que el gobierno de Tony Blair adoptó una “política de no los veo, no los oigo” en relación con las acusaciones de complicidad en el caso de los vuelos secretos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en Europa. 

El señalamiento fue hecho luego que el ministro de Relaciones Exteriores, Jack Straw, declaró a la BBC que los ministerios del Interior y del Exterior hicieron una “minuciosa revisión de los libros de registro” y no encontraron que el gobierno del presidente George W. Bush haya solicitado a Gran Bretaña autorización para el traslado de presuntos militantes de organizaciones islamitas, por sus aeropuertos. 

 

ADVIERTEN A MEXICANOS DE ABUSOS

Porque queremos evitar que nuestros paisanos sean extorsionados y víctimas de abuso en esta época del año, vamos a presentarnos en la frontera para denunciar cualquier irregularidad o anomalía por parte de las autoridades migratorias de México. Lo anterior fueron las palabras de Manuel Rodela, presidente de la Coalición Internacional de Mexicanos en el Exterior (CIME), quien junto con otros 11 miembros de dicha organización partirán a la frontera en los pasos más conflictivos para vigilar y denunciar los abusos directamente al presidente de México. “Creemos que en estos momentos la situación de abusos en la frontera no está muy dura, gracias a que Fox dijo que se castigará a todos aquellos que extorsionen a los paisanos; sin embargo, sabemos que aún así hay agentes de migración que lo hacen y eso no lo podemos permitir”, dijo Rodela.