México/Estados Unidos • Héroe no anónimo

Las autoridades de México y Estados Unidos rindieron homenaje, en el cruce fronterizo, a un inmigrante indocumentado que rescató a un niño de 9 años, después de que la madre del infante muriera en el desierto del sur de Arizona.

Manuel Jesús Córdova Soberanes, de 26 años, se encontraba tímidamente al lado de su madre y padrastro mientras las autoridades hablaban de su esfuerzo por salvar a Christopher Buchleitner el día de Acción de Gracias.

“El desierto tienen una forma particular de restablecer las prioridades y para Manuel Jesús Córdova la prioridad se encontraba frente a sus ojos ese día”, dijo Beatriz López Gargallo, cónsul general de México en Nogales. “Y este hombre, este héroe, hizo lo que hacen los hombres de honor en todos los países y en todas las culturas”, agregó.

Las autoridades señalaron que, de no ser por Córdova, Christopher podría haber muerto.

Manuel Jesús hacía dos días que viajaba desde México rumbo a Arizona cuando vio a Christopher solo y herido en el desierto. Tenía la pierna rasguñada, vestía sólo shorts a pesar del frío del desierto y su madre había muerto recientemente cuando su camioneta había caído por un precipicio. El niño había logrado escapar y salió a pedir ayuda.

Después de una larga y fría noche en el desierto, Córdova y Christopher fueron descubiertos por un grupo de cazadores, que llamaron a las autoridades.

Christopher fue transportado en helicóptero a un hospital y luego se reunió con sus familiares. Córdova quedó bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y estuvo de acuerdo en regresar a su hogar en Magdalena de Kino en el estado mexicano de Sonora, sin tener que pasar por los trámites formales de deportación.

El director del distrito del congresista de Estados Unidos, Raúl Grijalva, demócrata de Arizona, dijo que Córdova se merecía la oportunidad de venir a trabajar a Estados Unidos y pensaba presentar un proyecto de ley que le permitiría obtener una visa especial para demostrar su agradecimiento.

 

NACARA entreabre su puerta

Después de 10 años de la firma de la Ley de Ajuste para Nicaragüenses y Alivio para Centroamérica, conocida como la ley “NACARA”, esta podría resolver el estatus migratorio de miles de guatemaltecos que llegaron a Estados Unidos huyendo de la Guerra Civil y solicitaron asilo político entre el 1º de octubre de 1990 y el 31 de diciembre de 1991.

Gracias a un fallo del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, que consideró que aquellos que no fueron elegibles bajo la clase ABC (American Baptist Churches) o que extraviaron sus comprobantes, pero sí pidieron asilo político durante este período, podrían obtener los beneficios de la ley NACARA que les ha dado estatus legal a más de medio millón de inmigrantes.

La resolución surgió del caso presentado por Hugo Leonel Chaly-García contra el secretario de Justicia de Estados Unidos, Michael B. Mukasey, y el Departamento de Seguridad Interna, quienes tienen un término de entre 40 y 45 días para apelar ante la Suprema Corte de Justicia o pedir una audiencia con un panel de 11 jueces.

Se estima que, de quedar en firme, esta nueva opción beneficiaría a entre 20,000 y 25,000 guatemaltecos que esperan una respuesta que les permita vivir legalmente en este país, les negaron el asilo político, apelaron la decisión o ya fueron deportados.

La ley NACARA es la última posibilidad de regularizar la estadía de miles de indocumentados en la Unión Americana, tras la fallida reforma migratoria, dijo Jorge-Mario Cabrera, director de comunicaciones de la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas (NALAAC): “Unos que ya están deportados pueden pedir una moción para reabrir su caso; otros, cuando ya su caso llega a la Corte, pueden argumentar que aunque no tienen en mano la carta de ABC, si comprueban que aplicaron al asilo después del 1º de octubre de 1990, se van a considerar elegibles”.

NACARA dio amnistía a nicaragüenses y cubanos que ingresaron a Estados Unidos antes del 1º de diciembre de 1995.

El ABC fue una demanda colectiva presentada en 1988, cuando reclamaron a la Casa Blanca no administrar leyes de asilo conforme a la ley. El resultado fue un acuerdo donde se establecieron nuevas reglas y la posibilidad de aplicar nuevamente. Empero, por mala asesoría o falta de evidencia muchos casos fueron desechados. Hubo quienes terminaron en su país de origen con el argumento de que “ya se terminó la guerra en Guatemala”.

 

Aumentan arrestos de extranjeros fugitivos

Agentes de inmigración duplicaron el número de detenciones de extranjeros fugitivos durante el año fiscal 2007, en los seis estados sobre los que tiene jurisdicción el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) de Chicago.

El año pasado hubo 520 arrestos y, según un comunicado del ICE, en el ejercicio de 2007 la cifra se elevó a 1,043. El incremento se explica por la acción de dos equipos de agentes dedicados a la búsqueda de fugitivos en Chicago, y otros dos en Milwaukee e Indianápolis.

A nivel nacional, el ICE duplicó también el número de detenciones al pasar de 15,462 a 30,408, aunque esta cifra es muy pequeña en comparación al total de fugitivos en Estados Unidos, más de medio millón.

Los fugitivos son indocumentados que no se presentaron a las audiencias de inmigración o no cumplieron con las órdenes de deportación.

“Hemos aumentado las posibilidades de identificar, localizar y detener a aquellos que son una amenaza a la comunidad o que han ignorado órdenes de deportación”, dijo en un comunicado Glenn Triveline, director de la Oficina de Detenciones del ICE en Chicago. Como ejemplos mencionó el arresto allí del guatemalteco César Augusto García Hernández, el 27 de marzo pasado.

García Hernández había sido procesado en 1990 por asalto sexual contra un menor y sentenciado a dos años de libertad condicional. En 1997 fue encarcelado nuevamente por solicitar los favores de una prostituta; en 2003 un juez de inmigración ordenó su deportación y un año después perdió su estatus de residente permanente.

También el ICE destacó el caso del salvadoreño Orlis Ibáñez Villalobos Cabrera, de 44 años, detenido el 5 de octubre pasado en el suburbio de Glenview. Esta persona protagonizó un accidente cuando manejaba un vehículo en estado de embriaguez en noviembre de 1993 y fue condenado a dos años de prisión por homicidio no intencional por la muerte de su acompañante. Debido a este antecedente criminal perdió su residencia permanente en febrero de 2006 y desde entonces estaba prófugo, al no presentarse para deportación.

El ICE de Chicago cubre los estados de Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Missouri y Wisconsin.

 

Amparo en Nueva York

La Procuraduría Municipal de Manhattan anunció la creación de un departamento especial para procesar los crímenes contra inmigrantes, incluso los indocumentados.

El fiscal Robert Morgenthau anunció que creó una unidad para asuntos de inmigrantes sin importar su estado legal migratorio, y para encausar a quienes se aprovechan de ellos, sin tener que reportar su estado migratorio. “Nueva York es una ciudad de inmigrantes, y Estados Unidos es un país de inmigrantes. Todo el que venga aquí tiene derecho a la protección total de la ley”, aseveró.

Morgenthau dijo que su oficina procesa 110,000 casos anuales y que una tercera parte de estos tiene que ver con personas que no hablan inglés.

En 1989, el entonces alcalde Edward Koch emitió una orden para que los empleados de la ciudad no reportaran el estado legal de inmigrantes. El alcalde Rudy Giuliani continuó con la misma política, pero la Ley Federal de Reforma de responsabilidad de inmigración ilegal de 1996 anuló las ordenanzas de las ciudades que les prohibían a sus empleados reportar el estado migratorio de cualquier persona a las autoridades federales.

Giuliani presentó una demanda en contra de esa ley y perdió. Desde entonces, Nueva York ha adoptado una política de no denunciar y de prohibirle a la Policía interrogar sobre el tema. El político ha tenido que defender su posición durante la actual campaña electoral presidencial. El ex gobernador de Massachusetts, Mitt Romney, dijo que las ciudades santuario animan a la inmigración ilegal y que a estas se les debe negar dinero del Gobierno federal. Además, calificó a Nueva York como “el modelo de las ciudades santuario”.

La nueva unidad de Morgenthau será la única en los cinco municipios de la ciudad.

Suposición en cuanto al estado legal de inmigrantes es consecuente con las posiciones de muchos otros lugares, entre otros San Francisco y Miami, que han adoptado políticas “de santuario” para los inmigrantes, pero con la reciente ley.

 

Registrarse fuera del Estado?

Miles de indocumentados residentes en Carolina del Norte tendrán que viajar a otros estados para registrar sus vehículos, debido a una ley que los obliga a mostrar una identificación válida del estado.

Aunque muchos latinos indocumentados lograron tramitar sus placas, registros y títulos de propiedad de automóviles antes de la fecha con documentos de sus respectivos países, la mayoría no logró hacerlo.

De acuerdo con la nueva legislación, aprobada por el Legislativo estatal en julio y firmada por el gobernador Mike Easley, las personas deben presentar una licencia de conducir o una identificación del estado para poder registrar sus vehículos.

“Antes recibíamos licencias de conducir de otros países y hasta la tarjeta consular mexicana, pero con la nueva ley todo eso ha terminado”, dijo al periódico Mi gente Sandra Elliot, directora del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), en Charlotte.

Un gestor latino que ayuda a los indocumentados a realizar sus gestiones en el DMV y que pidió no ser identificado, dijo al agencia de noticias EFE que el asunto es grave, pues muchas personas se verán obligadas a poner sus vehículos a nombre de personas que están legalmente en el país o simplemente venderlos.

“Los latinos indocumentados se verán obligados a vender sus vehículos, pues no podrán manejar en el estado, sobre todo en Carolina del Norte, donde los agentes de los alguaciles y los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), han mostrado actitudes antiinmigrantes”, dijo el gestor. Según el hombre, por lo menos el 70% de los latinos indocumentados se quedó sin registrar sus vehículos.

“Los que nos dedicamos a gestionar placas y títulos de propiedad de vehículos de los indocumentados tendremos que hacer las diligencias en otros estados donde aún se pueden realizar esas gestiones con la tarjeta consular mexicana u otras identificaciones”, explicó.

La Oficina del Censo de los Estados Unidos calcula que en Carolina del Norte viven 700,000 latinos, de ellos el 80% es indocumentado, en su mayoría de origen mexicano.

Fuente: Agencia EFE. Desde Charlotte, Carolina del Norte.

 

No dan marcha atrás

El Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés) apeló el fallo de un juez federal de San Francisco, quien paralizó en octubre pasado el envío de cientos de miles de cartas a empleadores a fin de que verifiquen las diferencias entre los números de Seguro Social y el nombre de los trabajadores.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones laborales y proinmigrantes habían entablado la demanda ante la Corte de Distrito de San Francisco para detener el envío de las cartas, a través de la norma federal que fue propuesta en enero de 2006.

Michael Chertoff, secretario del DHS, dijo que, lejos de abandonar sus planes por que se aplique la norma federal de no coincidencia o discrepancia de los números del Seguro Social, el Gobierno presionará para que el fallo de la Corte de Distrito sea enviado al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito y se pueda obtener una resolución lo más pronto posible.

Reiteró que la norma federal que exige verificar la diferencia entre el número de Seguro Social y el nombre del trabajador (No match rule) es un gran paso para prevenir la contratación de trabajadores indocumentados.

Caitlin Vega, de la Federación del Trabajo de California, grupo que participa en la demanda, explicó que la querella tiene que ver con la protección de todos los trabajadores de la discriminación laboral que suscitarían las cartas de discrepancia del Seguro Social.

Chertoff adelantó que muy pronto emitirán un complemento a la regla que específicamente atiende las tres decisiones sobre las cuales la Corte de Distrito basó su fallo. E indicó que “los únicos beneficiarios de la estrategia de la ACLU son los empleadores que prefieren cerrar los ojos a la fuerza de trabajo barata y rentable que en obedecer las leyes de nuestro país”.

Con base en la norma de no coincidencia, ningún empleador puede despedir a un empleado tomando en cuenta la carta. Sin embargo, ningún empleador debe ignorar la discrepancia.

Según el DHS, quienes ignoren la no coincidencia se colocan en riesgo, pues despiertan sospechas de que son cómplices de contratar trabajadores indocumentados.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos y la Asociación Americana de Diseñadores de Jardines son dos de las grandes organizaciones que se oponen a las cartas de la Administración del Seguro Social.

A través de un comunicado, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que aglutina a más de tres millones de empleadores, dijo que la regulación federal pone en riesgo a los pequeños negocios por los costos que implica y que tendría un efecto negativo en la economía del país.