• México del Norte •

Saber o no saber ... 

Por: Jorge Mújica Murias

Una de las muchas lecciones que aprendimos todos después de la famosa redada de Postville, Iowa, ocurrida el 12 de mayo de este año, es que los trabajadores inmigrantes indocumentados sí son, después de todo, criminales.

No porque sea un crimen trabajar sin papeles, ni porque sea un crimen ser indocumentado en este país, sino porque la oficina del Procurador General de Estados Unidos puede acusar a los indocumentados de un montón de cosas en lugar de acusarlos de ser indocumentados.

Entre los casi 400 casos de detenidos en Postville, según consta en los archivos del caso, solamente se hallaron dos personas que “calificaban” como criminales, es decir, que tenían expedientes abiertos por haber cometido algún crimen mayor.

Sin embargo, la Secretaría de Justicia acusó a la mayoría de los detenidos de un crimen, el de tener una identificación falsa. Prácticamente ningún indocumentado se salva de este tipo de acusación, por el simple y sencillo hecho de que para conseguir un trabajo hay que presentar algún tipo de identificación, y por si alguien todavía no se entera, el significado de “indocumentado” es, ni más ni menos, “no tener documentos”.

Es una verdadera criminalización del trabajo sin papeles, pues ninguno de los detenidos en Postville fue acusado de nada que tuviera que ver con la Ley de Inmigración, sino de acuerdo a leyes de delitos criminales, como las identificaciones falsas.

  he ahí el dilema.

Sucede que, legalmente, el gobierno siempre debe buscar la acusación más fuerte que tenga contra un “criminal” y que crea que puede ganar en la corte. Las de inmigración son solamente violaciones civiles, y es mucho más fuerte la acusación de los papeles falsos, y eso es lo que hicieron en Postville.

Según la ley, “transferir, tener o usar las identificaciones de otra persona” es un delito que se castiga con un mínimo de 6 meses de cárcel. Y peor aún si se acusa al detenido de haberlo hecho con dolo y alevosía. En ese caso, la sentencia mandataria es de dos años de cárcel.

A los detenidos de Postville les “ofrecieron” que se declararan culpables de la primera ofensa a cambio de no acusarlas de la segunda, y la mayoría aceptó. Después de los obligados seis meses de cárcel como criminales convictos, se procedería a su deportación inmediata sin siquiera una audiencia con un juez de inmigración.

Pero el tipo de acusación se ha convertido en un caso legal que ya llegó hasta la Suprema Corte. La cuestión es si un indocumentado que compra una identificación falsa “sabe” que le pertenece a otra persona, o si el solo hecho tener una identificación falsa constituye dolo y alevosía.

Obviamente, todo indocumentado que compra una tarjeta del Seguro Social “sabe” que es falsa, pero no necesariamente sabe si le pertenece a alguien más o no. En otras palabras, no es lo mismo comprar cualquier tarjeta del Seguro con cualquier número que ir a comprar a sabiendas la tarjeta con el nombre y el número de una persona que realmente existe. Lo segundo sí podría ser doloso por las consecuencias para el dueño real del nombre y número.

La Suprema Corte va a revisar el caso, pero independientemente de lo que resuelva, el presidente electo tendría derecho, si quiere, de ordenar que a los indocumentados se los acuse de ser indocumentados bajo la Ley de Inmigración y punto.

Con una simple firma, Barack Obama podría echar para atrás eso que nosotros derrotamos con nuestras marchas pero que desde Postville ya se dio en la práctica: la criminalización del trabajador indocumentado.