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  • Edición impresa de Diciembre 1, 2009.

Acto en Bruselas condena tratados comerciales entre Europa y América Latina

Organismos civiles internacionales realizaron el 18 de noviembre pasado una manifestación frente al Parlamento Europeo contra los Tratados de Libre Comercio (TLC) entre la Unión Europea y América Latina. Para los manifestantes, estos acuerdos permiten que multinacionales europeas acentúen la crisis económica y socio-ambiental que viven los pueblos latinoamericanos.

Los grupos criticaron con este acto el doble discurso de la Unión Europea, que por un lado afirma apostar al desarrollo regional latinoamericano y, por otro, propone TLC que debilitan la capacidad de los países de promover políticas de desarrollo y los obligan a fomentar el modelo extractivista de recursos naturales.  

Según los manifestantes, los tratados integran un modelo económico global que profundiza la pobreza de los pueblos, las graves violaciones de derechos humanos y la concentración de la riqueza y de la tierra.

En el centro de las discusiones sobre los tratados comerciales en América Latina aparecen los países miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

En julio de 2008, Bolivia y Ecuador se negaron a negociar un TLC con la Unión Europea, lo que obligó a toda la CAN a suspender un acuerdo de asociación con el bloque europeo. En febrero de 2009, la UE inició negociaciones con Perú y Colombia para la firma de un TLC conjunto.

Los gobiernos de Colombia y de Perú han reaccionado con represión ante las manifestaciones de indígenas, de trabajadores y de sindicalistas contrarios a la implementación de los TLC.

La manifestación fue parte del cierre del seminario internacional “La complicidad de la Unión Europea en el saqueo de las empresas transnacionales europeas en América Latina y el Caribe”, realizado por la Red Birregional Enlazando Alternativas, en Bruselas.

Los participantes analizaron la estructura que está por detrás de las multinacionales de capital europeo y la complicidad de los gobiernos y empresas europeas en delitos ambientales, culturales y económicos cometidos en América Latina. Los debates ayudaron a elaborar las denuncias que, en mayo de 2010, el grupo llevará al Tribunal de los Pueblos, en Madrid.

 

 


 

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