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  • Edición impresa de Diciembre 6, 2011

 

Abuso de autoridad causa maltrato a la comunidad inmigrante

La Sra. López (nombre cambiado) es detenida por el alguacil, quien le pide su licencia de conducir. Cuando ella le dice que no tiene ninguna, es llevada directamente a la cárcel. Allí se le pregunta si tiene un número de seguro social y al responder que no, es colocada en detención de inmigración.

Anteriormente, si inmigración no venía por el individuo dentro de las 48 horas siguientes, la persona quedaba en libertad hasta su presentación ante el tribunal. En el caso de la Sra. López esto no sucedió, ya que después de 30 horas, el alguacil la envió a Indianápolis.

¿Por qué la experiencia de la Sra. López debe preocupar a cualquier ciudadano o inmigrante de los Estados Unidos? Porque en esta situación, y tal vez en muchas otras, se quebrantó la ley.

El 18 de agosto del 2011, la administración de Obama anunció un cambio parcial en sus políticas de deportación. De acuerdo a Janet Napolitano, Secretaria de Seguridad Nacional, “cerca de 300.000 casos de deportación serán revisados a fin de concentrarse en individuos que han cometido ‘violaciones graves’ y suspender muchos de los casos de prioridad baja de deportación (inmigrantes que no presentan una amenaza de seguridad pública o seguridad nacional)”. La Sra. López no presentaba amenaza alguna, sin embargo fue puesta en deportación únicamente por no tener una licencia de conducir.

Los condados de Elkhart y Noble son dos de los 54 condados de Indiana actualmente bajo el programa de Comunidades Seguras (Secure Communities) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el Estado de Indiana. http://www.deportationnation.org/library/sc-map/. Comunidades Seguras es un programa abarcante para identificar y sacar a los extranjeros criminales.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en su página web declara que:

ICE establece prioridades en la remoción de extranjeros criminales, aquellos que presentan una amenaza a la seguridad pública y con violaciones repetidas de inmigración.

Bajo Comunidades Seguras, el FBI automáticamente envía las huellas digitales a ICE para verificarlas en su bases de datos de inmigración. Si dicha verificación revela que un individuo presente en los Estados Unidos en forma ilegal con remoción pendiente debido a una condena criminal, ICE toma acción ejecutoria – estableciendo la prioridad de remoción de individuos que presentan la amenaza más significativa a la seguridad pública según esté determinada por la gravedad de su delito, su historia criminal y otros factores – así como aquellos que han violado repetidamente las leyes de inmigración.

Comunidades Seguras no impone ningún requerimiento nuevo o adicional a las agencias de orden público federal, y el gobierno federal, no el estatal o local determina qué acción de las políticas de inmigración se aplicarán, si alguna es apropiada.

Solamente los agentes federales de DHS pueden tomar decisiones de cumplimiento de las políticas de inmigración y lo hacen solo después que un individuo es arrestado por una violación criminal de la ley estatal, separada y aparte de cualquier violación de la ley de inmigración. Se puede encontrar más información en: http://www.ice.gov/secure_communities/

Basado en los estándares de ICE, la Sra. López no debería estar en prisión. Ni tampoco debería el Alguacil haberse tomado el cumplimiento de la ley de inmigración, ya que de acuerdo a las políticas de ICE, solamente los agentes federales de DHS toman decisiones sobre cumplimiento de las leyes de inmigración y lo hace solo después de que el individuo es arrestado por una violación criminal de la ley estatal, separada y aparte de cualquier violación de la ley de inmigración.

¿Cómo el caso de la Sra. López elude las estándares de ICE?

Primero, de acuerdo a la ey de Indiana, no tener una licencia de conducir es un delito menor de clase C. Un delito menor de clase C es el nivel delictivo más bajo en Indiana, conllevando una penalidad al ser convicto no más de sesenta (60) días en la cárcel y una multa hasta de $500.00. Si el individuo no tiene ofensas anteriores o record, no cae en las categorías A y B. Por lo tanto, el individuo no tiene que ser puesto en deportación.

Entonces. ¿Por qué es la Sra. López va a ser deportada? Si la ley es ejercida por un juez y no por un policia o alguacil, el individuo tiene derecho a su dia en el tribunal y es el juez el que determina la severidad del delito, la multa y si es necesario el encarcelamiento. En el caso de la Sra. López se saltaron todos esos pasos.

Un ciudadano de E.U. o un trabajador inmigrante que se preocupe puede preguntar: ¿Quién paga por el extenso período que la Sra. López pasará en la cárcel?

Si la Sra. López fue arrestada y encarcelada por una delito menor de clase C, el cual no es un delito grave, por qué se sucede el punto D? ¿Por qué la Sra. López es llevada ante un agente federal de inmigración, ya que ella no presenta una amenaza de seguridad pública ni es un violador repetitivo de inmigración?

En Agosto del 2011 un informe de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración documentó 127 casos en todo el país en que DHS inició el proceso de remoción contra inmigrantes que no presentaban una amenza grave a la seguridad nacional y no habían sido convictos de violaciones criminales graves.

Si el primer paso no se hizo de acuerdo a la ley, ¿cómo pueden ser válidos los siguientes pasos?

Dentro del lapso de un mes en este verano, tres gobernadores estatales: Gov. Quinn, Gov. Deval Patrick [D-Mass.] y Gov. Andrew M. Cuomo [D-N.Y.]- trataron de salir de Comunidades Seguras. Y en septiembre, el Condado de Cook Ill aprobó una ordenanza que no requería a las cárceles del condado retener a los inmigrantes ilegales, quienes hayan sido convictos de delitos menores o graves (felonies). En su publicación de agosto del 2011, ICE define a los “extranjeros criminales” como “inmigrantes que han sido convictos de un delito por un tribunal de ley.

De acuerdo a las estadísticas del DHS, en el año FY2010, cerca de 31.000

“extranjeros criminales convictos” fueron sacados con violaciones de tránsito, citadas como su único delito. Las “violaciones delictivas de tránsito” fueron la tercera categoría más común de convicción criminal, después convicciones por ofensas peligrosas de drogas y violaciones por delincuentes de inmigración.

Actualmente el programa está identificando inmigrantes en el momento de hacer la ficha policial. Ninguna convicción o datos del ICE han mostrado que el programa esté solamente enfocado en criminales convictos.

El Instituto Warren también encontró que solo a un dos por ciento de los inmigrantes fichados en detención según Comunidades Seguras se les dio fianza por parte del ICE.

Esta situación, que afecta repetidamente a nuestras comunidades está separando familias, creando una carga económica y emocional indebida en ellos y está ignorando la ley de proveer una acción legal justa. Solo 52 por ciento de los no ciudadanos arrestados a través de Comunidades Seguras son programados para tener una audiencia ante un juez de inmigración. La ley requiere que dicha comparecencia se lleve a cabo. Cuando las comunidades perciben que la policía no está haciendo cumplir las leyes de inmigración, especialmente si existe la percepción de que dicho cumplimiento está teniendo por objetivo a ofensores de delitos menores, esa confianza se rompe.

Si a nivel local dejamos de lado el lugar de la ley y el papel que juegan los jueces y los tribunales, entonces nos estamos convirtiendo en un estado policivo donde los agentes del orden son los que ejercen la ley.

La nación está tomando un camino peligroso cuando se usa la fuerza policíaca contra individuos desarmados (El uso de fuerza contra los manifestantes de Occupy en varias ciudades también suscita la preocupación de que en este país libre nos acostumbremos al uso de la fuerza en lugar de la ley).

Además de la preocupación respecto del uso de la fuerza, aun cuando los inmigrantes firman la deportación voluntaria, les lleva de 3 a 5 meses de encarcelamiento antes de que finalmente sean deportados. Algunas veces son enviados de una cárcel a otra, aumentando la cantidad de dinero gastado en su transporte y mantenimiento.

Múltiples informes han destacado los altos costos asociados con el programa en que las localidades incurren con el programa. Estos costos pueden forzar a la policía a dedicar sus escasos recursos al cumplimiento de las políticas de inmigración en lugar de luchar contra el crimen.

De acuerdo al Departamento de Corrección de Indiana, en la actualidad cuesta un promedio de $54.28 al día mantener a un prisionero adulto encarcelado en el estado de Indiana (Fuente: Source:  http://www.in.gov/idoc/). El presupuesto anual del fondo general del Departamento para el 2010-2011 es de $691.6 millones.

 

Apropiación para el FY 2009 de DHS suministró $200 millones para Comunidades Seguras, lo cual es solo una pequeña porción de $1 billón que ICE recibió para identificar y sacar inmigrantes con condenas criminales. La propuesta de apropiaciones del FY 2010 contenía $1.5 billones para identificar y sacar extranjeros criminales, incluyendo $200 millones para Comunidades Seguras.

No importa cual sea la opinión que cualquiera pueda tener respecto de los inmigrantes indocumentados, cualquier ciudadano de EU, debe estar preocupado por como se está aplicando la ley, y si los fondos que pagan por el encarcelamiento están siendo bien utilizados, especialmente en momentos en que los fondos federales están siendo retirados de las escuelas, salud, bibliotecas públicas, beneficios y muchos lugares donde los dineros son necesitados.

¿Qué debe suceder para que nadie sea lastimado por la forma en que en la actualidad se realiza el programa de Comunidades Seguras?

• ICE debe clarificar los objetivos y propósitos del programa de Comunidades Seguras, así como los parámetros y funcionamiento del programa.

• ICE debe mejorar la transparencia del programa.

• ICE debe clarificar que los violadores de la ley civil de inmigración y los individuos acusados o convictos con delitos menores u otras ofensas menores no son la prioridad del cumplimiento, a menos que haya otras indicaciones de que ellos presentan un riesgo grave a la seguridad pública o seguridad nacional.

• ICE debe dar instrucciones para que en la jurisdicción de las Comunidades Seguras los agentes locales de la policía no estén autorizados para hacer arrestos, detener o en cualquier forma tratar mal a nadie bajo el programa de Comunidades Seguras.

• El público debe recibir información consistente acerca de la operación de Comunidades Seguras.

¿Bajo la situación actual, qué acciones deben tomar los ciudadanos conscientes de la ley?

 


 

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