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  • Edición impresa de Diciembre 16, 2014

Procurador General de Indiana deniega demanda sobre inmigración del gobernador Pence

Indiana podría no tener la habilidad legal de demandar al presidente Barack Obama por su acción ejecutiva sobre inmigración, según expresó el procurador general Greg Zoeller la semana pasada.

Zoeller se negó a manejar la demanda por parte del estado, y permitió en su lugar que el gobernador Mike Pence contrate consejo foráneo para embarcarse en una demanda multiestatal encabezada por Texas.

La demanda intenta evitar que Obama proporcione permisos de trabajo y protección contra deportación a 5 millones de inmigrantes que viven en el país de manera ilegal.

De acuerdo con Zoeller no está claro que Indiana y los otros 16 estados que quieren derogar la acción puedan demostrar que les afecta de manera suficiente. “La mayoría de nosotros podríamos estar en desacuerdo con respecto a si los estados tienen una postura o no”, dijo Zoeller con respecto a una carta que él y otros procuradores generales firmaron alentando al Congreso a que repare las leyes migratorias. Pero el procurador general de Indiana, también un republicano, dijo que es mejor que Pence contrate abogados separados para la demanda, debido al esfuerzo de años de Zoeller por presionar a que el Congreso revise las leyes migratorias, a las que considera de responsabilidad federal.

“Greg, o cualquier otro procurador general que contempla a un gobernador que empieza a litigar, tiene que revisar esa decisión y tomar pausa, ya que la corte federal ya encontró que el estado no tiene un caso suficiente como para demandar”, dijo Hood.

Esa demanda se inició en el 2012 por un grupo de agentes migratorios que decían que la acción de la administración de Obama no les dejaba hacer su trabajo.

El gobernador de Mississippi, Phil Bryant se unió a la demanda y forma parte del reto actual contra las últimas decisiones de Obama.

Bryant había argumentado en un caso previo que la inmigración ilegal genera una carga financiera significativa para Mississippi. Un juez federal dictaminó que Mississippi no podía demandar a la Administración porque no podía demostrar que la cantidad de dinero que los inmigrantes indocumentados le cuestan a Mississippi mediante educación, salud y otros costos, hubiera aumentado debido a la acción del Gobierno federal.

La carta que Hood y Zoeller les escribieron a los líderes del Congreso sostiene que, independientemente de si Obama tenía la autoridad de actuar, el Parlamento debe “avanzar hacia reformas legislativas con sentido común para nuestro sistema migratorio, para asegurar nuestras fronteras, apoyar a las empresas y trabadores y promover la seguridad en nuestras comunidades”.

 


 

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