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Jueza decide en favor de hijos de indocumentados Indiana no puede negar documentos de paternidad a niños nacidos en Estados Unidos simplemente porque sus padres son inmigrantes ilegales y no tienen números de Seguridad Social, determinó una jueza federal. La decisión de la jueza federal de distrito, Tanya Walton Pratt, se derivó de una demanda presentada por padres que argumentaron que una política estatal que exige las claves de Seguridad Social viola los derechos de los niños bajo la 14ta Enmienda constitucional, la cual reconoce a los pequeños como ciudadanos estadounidenses. Pratt emitió un mandato provisorio prohibiendo esa política, que inició en julio pasado. “Estos recién nacidos son ciudadanos estadounidenses, y debemos recordar eso”, señaló Pratt. Bajo la nueva política, los funcionarios estatales de salud exigen que las actas notariales de paternidad presentadas por padres no casados contengan los números de Seguridad Social de ambos. Si no cumplen estos requisitos pueden ser devueltas, sin registrar, a la oficina de salud del condado. Sin las actas, que establecen la paternidad legal, la madre o padre de un niño no es reconocido legalmente como tal. “Negar a los padres la capacidad de establecer la paternidad legal equivale a discriminación contra sus hijos”, indicó la jueza. “Sin derechos de paternidad, los niños pierden subsidio de menores, legado testamentario, derecho de visita y otros beneficios”, agregó. “Este caso no es sobre los padres”, dijo Ken Falk, abogado de la Unión Americana para las Libertades Civiles, que representó a dos parejas de padres cuyos casos recibieron estatus de demanda colectiva. “Se trata de los niños”. La funcionaria de registro civil del estado, Lisa Erin Kellam, testificó que estableció la política con base en su interpretación de la ley estatal y federal que impera sobre los documentos. Pero Falk argumentó que los funcionarios estatales han aceptado las actas de paternidad durante años sin claves de Seguridad Social de quienes no podían proporcionarlos. Y, agregó, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos ha advertido a los estados que tales números no eran necesarios.
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