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Exhortan a Holcomb a vetar propuesta de ley anti protestas
Quienes apoyan la enmienda inscrita del Senado 471 dicen que la legislatura ayudaría a proteger infraestructura crítica, incluyendo plantas eléctricas, gasoductos y refinerías, al imponer castigos penales fuertes y cárcel por actos de desobediencia civil y protesta que involucren la invasión de propiedad privada. Katie Blair directora de activismo y política de ACLU Indiana, contendió que la propuesta va demasiado lejos, y notó que fue creada en respuesta a las protestas contra el gasoducto Dakota en 2016. “Sabemos que estas leyes están respaldadas por grupos de interés poderosos buscando aplastar desde retos legítimos hasta acciones corporativas y políticas”, dijo Blair y añadió: “Esta propuesta de ley es una de muchas a lo largo del país que intenta demonizar las protestas y la libre expresión”. Quienes iniciaron el proyecto argumentan que éste pondría fin a que los manifestantes quiebren la ley. Sin embargo, Blair explicó que ese es un crimen que ya está penalizado. La medida también convertiría en delito invadir instalaciones, que según ella no están típicamente consideradas como infraestructura crítica, así como fábricas de papel, aluminio, instalaciones fabricantes de farmacéuticos y algunas gasolineras. Margo Tucker, consejera asistente de energía y medio ambiente con Citizens Action Coalition, argumentó que la propuesta es ambigua, que dice que las “personas” pueden ser multadas con $100,000 por conspirar con un ofensor. Eso es diez veces la multa actual permitida por la ley. “Uno arriesga una persona que se separe del grupo e invada propiedad privada, y toda la organización y otras personas en la protesta quedan implicadas”, observó Tucker. “Una multa de $100,000 podría ser extremadamente dañina, no sólo para una persona sino incluso para una organización sin fines lucrativos. Podrían caer en bancarrota”. Tucker dijo que la medida se movió tan rápido en la legislatura que hubo poco tiempo para examinar completamente la implicaciones. Ella cree que claramente la medida está dirigida a cierto tipo de protesta política. “Yo diría que la protesta política que quieren limitar es la de tipo medioambiental y los Hoosiers preocupados con la dominación de los intereses corporativos por encima de los temas medioambientales. Eso va a encapsular a los manifestantes para la justicia social y medioambiental”. Una legislatura similar ha fallado en muchos otros estados y ha sido rechazada por los gobernadores de Wyoming y Minnesota. ACLU de Indiana, Citizens Accion Coalition, Indigenous Environmental Network y Sierra Club se encuentran entre los grupos que enviaron una carta al gobernador Holcomb, solicitando que rechace la propuesta de ley.
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INDIANAPOLIS- Grupos que representan a miles de Hoosiers están solicitando al gobernador Holcomb revocar una propuesta de ley que infringe los derechos constitucionales de los que protestan.