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Tribunal federal bloquea la política de Trump de regreso forzado a México Un tribunal federal bloqueó temporalmente la nueva política de la administración Trump que obligaba a los buscadores de asilo a regresar a México y permanecer ahí hasta que sus casos sean considerados. Las agencias American Civil Liberties Union, Southern Poverty Law Center y Center for Gender & Refugee Studies buscaron de manera exitosa una orden preliminar en contra de lo que irónicamente la administración llama “Protocolos de protección para migrantes”. Judy Rabinovitz, directora segunda del Proyecto de derechos de inmigrantes de ACLU, comentó sobre la reacción que tuvo el juez del distrito de EE.UU., Richard Seeborg: “El tribunal rechazó contundentemente la política sin precedente e ilegal de la administración Trump de forzar a quienes buscan asilo a regresar a México sin antes escuchar sus declaraciones. Aunque lo intente, la administración de Trump no puede simplemente ignorar nuestras leyes para lograr su meta de evitar que la gente busque asilo en los Estados Unidos”. Se emprendió una demanda a nombre de 11 individuos buscando asilo y organizaciones demandantes como Innovation Law Lab, Central American Resource Center of Northern California, Centro Legal de la Raza, la Clínica de defensa de inmigración y deportación de la Escuela de leyes de la Universidad de San Francisco, Al Otro Lado y Tahirih Justice Center. “La victoria de hoy es especialmente importante entre reportes de que la administración Trump está planeando avanzar con políticas migratorias aún más extremas. La decisión evitará que individuos tremendamente vulnerables sean atrapados en condiciones peligrosas en México, pero sólo se trata de un paso en una lucha mucho más larga. Somos naciones de leyes, no podemos y no permitiremos que los oficiales electos burlen esas leyes con la intención de implementar una agenda anti inmigrante. Seguiremos luchando”, dijo Melissa Crow, abogada supervisora en jefe del Southern Poverty Law Center. La demanda cita violaciones al Inmigration and Nationality Act, Administrative Procedure Act, así como al deber que tiene Estados Unidos bajo ley internacional de no regresar a las personas a condiciones peligrosas. “El decreto de hoy reconoce que la política de regreso obligado no contaba con los cuidados adecuados para proteger a los buscadores de asilo de la persecución. Asumiendo la orden preliminar, la Corte ha rechazado el intento del Gobierno de regresar a los buscadores de asilo a México, violando las leyes de Estados Unidos y las obligaciones internacionales para con nuestros refugiados”, destacó Karen Musalo, directora co legal del Centro de Estudios de Género y Refugiados.
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