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Cuatro de cada diez desalojos en Indiana ocurren en el condado Marion
Un nuevo análisis de tasas de desalojo en el condado más grande de Indiana proporciona información sobre cómo se puede enfrentar mejor el problema en todo el estado. El informe del Centro de Investigación y Política Social del Instituto de Política Pública de la Universidad de Indiana revela que en el condado Marion ocurre el 40 por ciento de los desalojos en Indiana, aunque ahí vive sólo el 14 por ciento de la población del estado. La Dra. Breanca Merritt, directora del Centro, comentó que Indiana carece de políticas que sean amigables para los inquilinos. “Eso significa que a los inquilinos les cuesta más trabajo justificar salirse de un contrato o navegar el sistema en términos del sistema tribunal y cómo lidiar con lo que sucede al ser desalojado, además de lo que se puede hacer para evitar el desalojo”, dijo Merritt. Varias leyes estatales y ordenanzas locales están en los libros de Indiana y delimitan los lineamientos sobre el desalojo y la relación inquilino-arrendador. Sin embargo, Merritt dice que Indiana continúa siendo uno de ocho estados que no protege a los inquilinos de las represalias por parte de los arrendadores. Por otra parte, los desalojos tienen ramificaciones económicas a largo plazo. “Si alguien es desalojado y eso aparece en su historial crediticio, a lo largo del tiempo eso puede evitar que puedan rentar nuevamente. Afecta su habilidad de solicitar otros tipos de crédito. No sólo complica su posibilidad de vivir en otra casa, abarca otras cosas también”, detalla Merritt. Por otra parte, resaltó que se requiere mayor investigación sobre las diferencias en la tasa de desalojo entre las zonas urbanas y rurales, disparidades entre la gente de color y las mujeres y los problemas con la recolección de información. “Además de que la información no siempre está presente y que suceden desalojos informales sin registro alguno, existe mucha información que no estamos recolectando”, opinó. Las recomendaciones para enfrentar la alta tasa de desalojo que aparecen en el reporte incluyen educación obligatoria para inquilinos y arrendadores sobre los derechos de los inquilinos, el uso de servicios de mediación antes y durante el proceso de desalojo, así como más opciones de calidad, que sean asequibles para los arrendadores.
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