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Tras fracaso de la pregunta sobre ciudadanía, Trump afirma que usará otros métodos para contar inmigrantes Después de no lograr que su pregunta sobre ciudadanía fuera incluida en el censo, el presidente Donald Trump afirma ahora que su plan alternativo brindará un conteo incluso más preciso, porque permitirá determinar la nacionalidad de 90% de la población, “o más”. Sin embargo, ese plan posiblemente enfrente obstáculos logísticos y restricciones legales. El mandatario pretende condensar una enorme cantidad de datos de siete agencias gubernamentales, y posiblemente de 50 estados. “Las barreras logísticas son importantes, aunque no insorteables”, declaró Paul Light, alto miembro de Estudios de Gobernación en la Universidad de Nueva York, con un largo historial de investigación en reforma gubernamental. “El Gobierno federal no invierte, y no ha estado invirtiendo desde hace mucho tiempo, en el tipo de sistemas de datos y reclutamiento de expertos que serían necesarios para la construcción de este tipo de base de datos”. Trump dijo que tiene intención de responder a la pregunta de cuántas personas viven en el país de manera ilegal y que podría utilizar esa información para distribuir los escaños legislativos de acuerdo a la ciudadanía. También es una manera para que muestre a su base de simpatizantes que no se está replegando (aunque ha tenido que hacerlo) en la batalla por la pregunta sobre su tema distintivo: la inmigración. El Gobierno enfrentó el año pasado desafíos jurídicos cuando un juez federal dispuso que creara con rapidez un sistema que permitiera rastrear a las familias de inmigrantes que habían sido separadas por las autoridades de inmigración. Lo que se encontró fue que los sistemas de las agencias eran incompatibles. “Compartir información no es un hábito entre las agencias federales”, declaró Light. Trump pretende con su plan evitar de nuevo las impugnaciones jurídicas contra un asunto relacionado con inmigración, ya que las cortes le han prohibido preguntar sobre la ciudadanía en el censo de 2020. Sin embargo, ese plan podría desatar más acciones jurídicas dependiendo de lo que el Gobierno pretenda hacer con la información sobre la ciudadanía. La orden ejecutiva que Trump anunció el jueves pasado requiere datos muy detallados, como archivos a nivel nacional de todos los residentes permanentes, información de llegada y partida facilitada por Aduanas y Protección Fronteriza, y registros maestros gubernamentales de beneficiarios del Seguro Social. Asimismo información sobre el Medicaid y los sistemas de salud infantil, y sobre visas de refugiados y de asilado. La orden dicta que “generar información precisa referente al número total de ciudadanos, extranjeros y extranjeros ilegales en el país no tiene nada que ver con la aplicación de las leyes de inmigración contra individuos particulares”, y que la información sería usada “únicamente para producir estadísticas» y no para “emprender medidas relacionadas con las leyes de inmigración contra individuos particulares”.
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