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El gobierno impone el programa “Comunidades Seguras” en todo el país El gobierno de Estados Unidos ha decidido imponer a los 50 estados el programa “Comunidades Seguras”, pese a los problemas que encara y que erosionan la confianza de la comunidad inmigrante en las autoridades policiales. La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) informó que ampliará la aplicación del programa “Comunidades Seguras”, aún si los gobiernos estatales no quieren participar, y deja sin efecto los acuerdos hasta ahora pactados. En una carta enviada a 40 gobernadores y funcionarios locales, el director de ICE, John Morton, explicó que su agencia busca eliminar la confusión que ha creado “Comunidades Seguras” respecto a si esos acuerdos verdaderamente eran necesarios para aplicar el programa en las jurisdicciones locales. Esa decisión, sin embargo, no resuelve los problemas que aquejan al controvertido programa, puesto en marcha en el 2008 y que, según activistas pro reforma, han erosionado la confianza y la cooperación de la comunidad inmigrante con las autoridades policiales. El programa “Comunidades Seguras” permite que las autoridades locales compartan con el gobierno federal las huellas digitales y otros datos biométricos de los indocumentados en cárceles locales y de los condados. Los presos con serios antecedentes penales, entre éstos violadores, homicidas y secuestradores, quedan sujetos a un proceso de deportación. Pero a los activistas les preocupa que el programa vaya a atrapar, además de criminales peligrosos, a personas con infracciones menores de tránsito u otros delitos de menor cuantía. Los propios datos de ICE demuestran que casi la mitad de los fichados bajo “Comunidades Seguras” no eran criminales o sólo habían cometido delitos menores. El año pasado, las autoridades deportaron a 72,000 criminales indocumentados a través de “Comunidades Seguras”, de los cuales sólo 26,000 habían sido condenados por delitos graves. Frente a las críticas, la respuesta de Morton es que “Comunidades Seguras” fue diseñado para atrapar a criminales peligrosos y que, en aras de la seguridad nacional, tiene mucho sentido. La Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aún no ha completado una investigación sobre los fallos del programa, y la Oficina de Supervisión del Gobierno (GAO) prevé divulgar un informe el próximo año. Más de 200 grupos defensores de los inmigrantes han exigido que la Administración Obama reforme el programa, de tal manera que sólo se deporte a los indocumentados con antecedentes criminales. La indignación de estos grupos es entendible si se toma en cuenta que, en paralelo a la ampliación del programa, los gobiernos estatales continúan adoptando sus propias leyes de inmigración. Hay aproximadamente once millones de indocumentados en Estados Unidos y no todos son “criminales peligrosos”. “Comunidades Seguras” es un programa punitivo que impide que las personas denuncien delitos.
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