18 meses en detención migratoria y aún lucha por recibir atención médica

July 10, 2026 EL PUENTE STAFF

Un inmigrante, que se encuentra recluido tras haber vivido en Los Ángeles, lleva meses sufriendo hemorragias rectales. “A veces pienso que aquí quieren matarme”.

Por Kate Morrissey

Este artículo fue publicado originalmente por la galardonada organización periodística sin ánimo de lucro Capital & Main y se publica aquí con autorización.

Un año y medio después de ingresar bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), José sigue sufriendo sangrado rectal.

José, un inmigrante guatemalteco que vivió más de dos décadas en Los Ángeles, ha luchado durante todo el tiempo que ha permanecido detenido para recibir atención médica adecuada. Tras la presión ejercida por los medios de comunicación y sus abogados, incluyendo dos artículos publicados por Capital & Main, finalmente se sometió a una colonoscopía en agosto pasado y posteriormente a una cirugía. Sin embargo, afirma que las condiciones en el Centro de Detención Otay Mesa, en San Diego, han impedido una recuperación adecuada.

“El trauma está empeorando”, dijo José en español. “Últimamente no puedo dormir”.

Capital & Main no identifica plenamente a José por temor a posibles represalias.

Consultado sobre el caso, ICE no respondió específicamente a la situación de José.

“Estamos comprometidos a brindar atención segura, humana y respetuosa a todas las personas bajo nuestra custodia”, indicó la agencia en un correo electrónico enviado por un portavoz que pidió permanecer en el anonimato. “Tomamos muy en serio nuestra obligación de cumplir con todos los estándares federales de detención aplicables y continuaremos garantizando que todos los detenidos reciban atención médica adecuada y oportuna”.

Brian Todd, portavoz de CoreCivic, la compañía privada que administra el Centro de Detención Otay Mesa, señaló que no podía comentar el historial médico de José debido a leyes de privacidad.

“CoreCivic sigue comprometida con satisfacer las necesidades de atención médica de todas las personas bajo nuestro cuidado”, afirmó Todd. “La persona a la que usted se refiere recibe una dieta especializada, monitoreo regular por parte del personal médico de la instalación y atención para todos los problemas médicos conocidos. Esto incluye cuatro citas médicas la semana pasada”.

Una advertencia ignorada

En abril de 2024, poco antes de su arresto, José acudió a una sala de emergencias de Kaiser Permanente debido a dolores y sangrado rectal, según registros médicos. Los médicos le indicaron que debía realizarse una colonoscopía lo antes posible porque existía la posibilidad de cáncer.

En mayo de ese año, agentes de la Patrulla Fronteriza lo detuvieron cerca de Tecate, California, después de que recogiera a un hombre guatemalteco que había cruzado la frontera sin autorización para permanecer en Estados Unidos, según documentos judiciales. José enfrentó inicialmente un proceso penal en una corte federal, donde se declaró culpable de un cargo grave por “transporte de determinados extranjeros”.

Posteriormente, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos lo transfirió a custodia de ICE. Según sus registros médicos, durante su ingreso en enero de 2025 informó al personal médico que temía padecer cáncer de colon.

Sin embargo, durante meses solicitó una colonoscopía sin éxito.

En junio, dijo a un juez de inmigración que temía estar muriendo. Incluso mostró al juez un frasco con sangre que había recolectado de su recto ese mismo día. El juez preguntó al abogado de ICE qué estaba provocando la demora en su atención médica. El abogado respondió que la instalación evaluaba si podía proporcionarle el nivel de atención requerido o si debía ser transferido.

El juez señaló que no podía dejarlo en libertad debido a sus antecedentes penales. Según la ley migratoria, transportar a una persona indocumentada se considera un delito agravado, una categoría que conlleva severas consecuencias migratorias, incluida la detención obligatoria.

Semanas de espera

A principios de julio, el personal de CoreCivic lo trasladó a la sala de emergencias del Sharp Chula Vista Medical Center debido al sangrado. Allí se le realizó una tomografía computarizada que no detectó evidencia de hemorragia extensa en el colon. Las instrucciones médicas establecían que debía someterse a una colonoscopía en el plazo de una semana.

José volvió al centro de detención y esperó aproximadamente seis semanas más para recibir el examen.

Durante varias semanas, a partir de finales de julio, el personal médico lo mantuvo en aislamiento para monitorear su estado.

En ese momento, José declaró a Capital & Main que suplicaba regresar a su módulo de vivienda para tener mejor acceso a las tabletas electrónicas y poder comunicarse con su familia y sus abogados.

“Solo estoy acostado y cada vez me siento más enfermo. A veces pienso que quieren matarme aquí”, dijo José. “No me siento nada bien encerrado aquí”.

Las notas médicas indican que era revisado una o dos veces al día. La mayoría de los profesionales lo describían como “paciente”, aunque una enfermera lo identificó como “detenido”.

Diagnóstico y cirugía

A finales de agosto de 2025, después de que Capital & Main publicara dos reportajes sobre su caso y de que un grupo de abogados voluntarios interviniera para intentar obtener su liberación debido a la falta de atención médica, José finalmente acudió a un especialista de la Universidad de California en San Diego para realizarse una colonoscopía.

Durante el procedimiento, el médico extirpó un pequeño pólipo que resultó benigno. Además, detectó hemorroides internas que podrían estar provocando el sangrado y recomendó supositorios para reducir la inflamación.

En septiembre, José regresó al hospital de UC San Diego porque continuaba experimentando dolor rectal y sangrado. El médico lo remitió a una cirugía colorrectal para tratar las hemorroides y redujo el intervalo recomendado para su próxima colonoscopía de diez años a cinco.

Meses después fue sometido a cirugía y esperaba encontrar finalmente alivio.

Pero sostiene que el dolor y el sangrado persisten.

“Me negaron los medicamentos que me recetaron en el hospital”, afirmó. “No me han dado la dieta alta en fibra”.

Según José, el personal médico le informó que ICE no aprobó los medicamentos prescritos.

En diciembre presentó una queja formal solicitando una dieta rica en fibra. De acuerdo con una copia del documento, el centro le proporcionó suplementos de fibra en pastillas, aunque él sostiene que eso no equivale a una dieta adecuada.

A finales de mes presentó dos quejas más.

“No me estoy recuperando bien de mi cirugía”, escribió.

CoreCivic respondió que no tenía capacidad para ofrecer una dieta alta en fibra y que únicamente podía suministrar los suplementos.

Mientras espera la apelación

José también asegura que sus pies están hinchados, un problema que, según dice, no tenía antes de permanecer bajo custodia.

En marzo, durante una audiencia, el juez de inmigración Guy Grande rechazó sus solicitudes de protección y ordenó su deportación a Guatemala. José sostiene que la nueva pareja de su exesposa, a quien ha descrito como sicario y policía corrupto, lo matará si regresa.

José afirma que el juez dijo creer su relato, pero consideró que había pasado demasiado tiempo desde que mantuvo contacto con la persona que teme.

“Pero eso no tiene sentido”, señaló José. “¿Cómo voy a tener contacto con alguien que quiere hacerme daño si me estoy escondiendo?”.

Posteriormente encontró abogados que lo ayudarán a apelar la decisión.

Mientras su caso avanza hacia la Junta de Apelaciones de Inmigración y posiblemente al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, continuará detenido.

José cree que el gobierno espera que renuncie a su lucha y acepte la deportación.

“No voy a rendirme”, afirmó.

Sus abogados presentaron recientemente una nueva petición de hábeas corpus para intentar obtener su liberación.