Estafadores se hacen pasar por funcionarios de ICE y estafan a las familias de los solicitantes de asilo en Estados Unidos

Con conocimiento de los datos personales, los impostores de ICE han sacado miles de dólares a los temerosos familiares de los detenidos.

Por Gabriel Thompson

Este ensayo fue publicado originalmente por la premiada organización periodística sin ánimo de lucro Capital & Main.

El 5 de abril, Mariana estaba en su lugar habitual en una acera de Miami vendiendo perros calientes y maíz asado cuando sonó su teléfono.

No reconoció el número 1-800, y la persona que llamó dijo que era un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llamado Marcos Cruz. Sabía el nombre de Mariana, así como el de dos de sus sobrinos, hermanos que habían huido de Nicaragua. Cruz sabía que estaban retenidos en el Centro de Detención de Stewart, en la zona rural de Georgia. Dijo que un juez había concedido a sus sobrinos una fianza de $3,900. Si la pagaba, quedarían libres al día siguiente.

La llamada fue una respuesta a sus plegarias. Mariana había agonizado por la suerte de sus sobrinos desde que llegaron a la frontera de Estados Unidos en busca de asilo. Habían salido de Nicaragua por temor a ser perseguidos por participar en protestas y marchas contra el presidente nicaragüense Daniel Ortega, un temor que se intensificó después de que un familiar fuera asesinado y los sobrinos se enteraran de que sus nombres estaban en la lista de objetivos de un grupo paramilitar. En el camino, fueron secuestrados por el Cártel del Golfo en San Luis Potosí, México, y retenidos durante tres días hasta que su guía hizo los pagos para su liberación. Le habían contado a Mariana el duro trato recibido en Stewart, que un medio de comunicación identificó recientemente como la cárcel de inmigrantes más mortífera del condado.

“Han sufrido mucho. Sentí pura felicidad cuando recibí la llamada”, dijo Mariana, que habló con Capital & Main con la condición de no utilizar su nombre real ni el de sus sobrinos solicitantes de asilo porque temía por la seguridad de sus familiares en Nicaragua.

Cruz preguntó si sus sobrinos tenían un abogado. Mariana le confirmó que sí y le dio el número que tenía de la oficina del abogado. Minutos después, recibió una llamada de lo que parecía ser ese número.

La persona que llamó se identificó como el abogado Joseph Giardina y le confirmó la buena noticia de la fianza. Unos minutos más tarde, Cruz envió a Mariana lo que parecían ser dos documentos judiciales, cada uno con el logotipo del Departamento de Seguridad Nacional, que mostraban el importe de la fianza y la solicitud de Cruz para suspender la deportación.

Más tarde, el hombre que se identificó como Giardina volvió a llamar. Le dijo a Mariana que, debido a la pandemia, ICE sólo aceptaba pagos de fianzas a través de su oficina en Los Ángeles mediante servicios de transferencia de dinero como Western Union.

Mariana se apresuró a conseguir el dinero, y en una hora había pedido prestados $4,000 a dos amigos. El marido y la hija de Mariana enviaron dos pagos de $1,950 a través de Western Union y Ria Money Transfer a una persona llamada Alejandra Moreno, a la que le habían indicado ser una abogada ICE en Los Ángeles. Mariana llamó a su hermana en Nicaragua y le comunicó la noticia: sus hijos estaban a punto de ser liberados. Su hermana, que se estaba recuperando de una grave infección de COVID, también rompió en llanto.

En su casa, Mariana esperó una actualización. Le habían dicho que sus sobrinos tomarían un vuelo a las 6:30 de la mañana del día siguiente con destino a Miami. A medida que pasaban las horas, intentó llamar a Cruz, pero no recibió respuesta. Cada vez más preocupada, se puso en contacto con una asistente que conocía del bufete Giardina y Guevara, situado en Baton Rouge, y le preguntó por qué se había retrasado la compra de los boletos de avión.

La asistente no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Le pasó los supuestos documentos judiciales y le explicó que había hablado con Giardina y con un funcionario del ICE llamado Cruz. Una vez que Giardina vio los documentos, supo quién estaba detrás de la estafa. Varios meses antes, el mismo “Marcos Cruz” había tenido éxito con el familiar de un cliente anterior, un solicitante de asilo brasileño recluido en un centro de detención de Luisiana. Cuando le explicó que Mariana había sido estafada, volvió a derrumbarse.

“Soy una persona que trabaja y lucha sin mucho dinero. Y no es tanto el dinero, sino que jugó con mis emociones y me hizo creer que iba a ver a mis sobrinos a la mañana siguiente”, dijo Mariana, llorando de nuevo al relatar la experiencia.

Mariana ha sido sólo la víctima más reciente de una amplia estafa que se ha dirigido a los familiares de los inmigrantes detenidos en al menos cinco estados. Desde enero, Capital & Main ha entrevistado a más de una docena de familiares y detenidos a los que se dirigía Cruz, ha recopilado registros judiciales fraudulentos y ha escuchado grabaciones de mensajes de WhatsApp y llamadas telefónicas de Cruz y su socio.

Lo que surge es el retrato de un hombre que tiene un importante conocimiento sobre el funcionamiento del sistema de fianzas para inmigrantes, tiene acceso a información sensible que suele recopilar el gobierno, utiliza métodos cada vez más sofisticados para estafar a familiares desesperados y, a medida que la lista de sus víctimas crece, ha operado con impunidad durante más de un año.

“Operan sin conciencia”, dijo Giardina, “y se aprovechan de personas en situaciones increíblemente desesperadas que sólo intentan ayudar a sus familias. Es repugnante”.

La estafa de la fianza está alimentada por el miedo y la desesperación. Los inmigrantes, muchos de ellos en busca de asilo en Estados Unidos, son encerrados por decenas de miles cada año mientras sus casos avanzan. Los familiares y amigos de esos inmigrantes, preocupados por su salud mental y física, desean desesperadamente verlos en libertad y reunirse con ellos. Organizaciones sin ánimo de lucro de todo el país recaudan dinero para pagar las fianzas y liberar a los inmigrantes, pero también ha surgido un segmento más turbio de operadores.

“Empezamos a ver muchas situaciones de estafa de fianzas a los pocos meses de la pandemia”, dijo Blake Vera, que trabajó durante más de tres años en RAICES, un grupo a favor de los derechos de los inmigrantes con sede en Texas, antes de dejarlo en diciembre para estudiar derecho. Como director del fondo de fianzas para inmigrantes de la organización, calcula que se encontró con entre 10 y 15 incidentes de estafa, la mayoría de los cuales consistían en que los individuos encontraban diversas formas de ponerse en contacto con los familiares de los inmigrantes detenidos y suplantarlos para obtener más información, y luego solicitar pagos iniciales para las fianzas, a veces incluso haciéndose pasar por un miembro del personal de RAICES. Sin embargo, la mayoría de ellos parecían ser operaciones de corta duración.

Homero López es cofundador de Immigration Services and Legal Advocacy (ISLA) en Nueva Orleans, y representa a inmigrantes detenidos en Luisiana. También dijo que el año pasado hubo una oleada de casos de fraude -uno de los estafadores incluso llamó a su oficina-, pero que no habían podido generar mucha atención pública sobre el problema.

“Pensamos que podría ser alguien dentro de ICE, o alguien que no esté necesariamente en ICE pero que trabaje en un centro de detención y tenga acceso a la información de los detenidos”, dijo López. La sospecha de que podría tratarse de un empleado de un centro de detención concreto se debe a que muchos de los primeros casos se centraban en detenidos de Luisiana, que se ha convertido en uno de los principales estados del país en cuanto a encierro de inmigrantes.

El número utilizado por Cruz -el 1-800-458-8814- apareció por primera vez en un sitio web donde la gente puede identificar números de teléfono desconocidos o sospechosos el 12 de enero de 2021. En junio del año pasado, un periodista ciudadano de Tijuana publicó una entrevista con una familia que vivía en El Chaparral, un extenso campamento fronterizo mexicano que ha sido desmantelado desde entonces, que decía haber sido contactada por un tal “Marcos Díaz” y que mostraba el mismo tipo de documentos adulterados utilizados por Cruz. En ese caso, los familiares en EE.UU. le giraron $3,500, tras haberles dicho que eso permitiría a sus familiares mexicanos entrar en EE.UU.

En enero, Capital & Main publicó un aviso en el mismo tablón de anuncios. Desde entonces hemos hablado con 12 personas que han sido contactadas por Cruz y cuyos familiares están o estuvieron detenidos en cinco centros distintos de detención de ICE en Arizona, Georgia, Luisiana y Texas. Las personas contactadas dijeron que hablaron con una persona que se identificó como “Marcos Cruz” o cuya voz coincidía con una grabación de Cruz que les fue reproducida.

Según los familiares, otras tres personas nunca fueron retenidas por ICE, sino que permanecieron bajo la custodia del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, lo que plantea nuevas preguntas sobre cómo recibe Cruz su información. Algunos familiares dijeron que Cruz llamó y les proporcionó muchos detalles, como la fecha de nacimiento del detenido, su “número A” de 9 dígitos (un número de identificación que se da a los inmigrantes y que no está disponible públicamente), o que sabía que un juez había denegado previamente una solicitud de fianza. Otras veces, sólo tenía el nombre y el número de teléfono del familiar.

Mariana fue una de las tres familiares de detenidos que hablaron con Capital & Main y que fueron víctimas de la estafa.

Capital & Main se puso en contacto con Cruz a través de WhatsApp, y éste negó que tuviera nada que ver con la estafa. “La gente les está contando mentiras”, dijo. Cuando le dijeron que Capital & Main tenía grabaciones de sus conversaciones con inmigrantes en las que se hacía pasar por agente de ICE, colgó y bloqueó el número.

Hay varias teorías sobre cómo Cruz está recibiendo su información. Una posibilidad es que los inmigrantes que han pasado meses sufriendo en las celdas estén compartiendo inadvertidamente su información con personas externas que se hacen pasar por abogados o defensores. “Mucha gente se está lanzando al vacío, llamando a cualquier número que consigan mientras están detenidos para tratar de encontrar cualquier tipo de ayuda”, dijo Vera, el antiguo miembro del personal de RAICES. Otra posibilidad, señalada anteriormente por López, es que los guardias o incluso los compañeros de detención recojan información en un centro de detención concreto y la transmitan.

Sin embargo, teniendo en cuenta el amplio alcance y la longevidad de la operación de Cruz, parece que éste puede tener acceso a información sensible dentro del Departamento de Seguridad Nacional.

Una semana antes de que Mariana fuera contactada por Cruz, un joven de Guatemala fue trasladado al Centro de Detención de Eloy, en Arizona. El detenido, que pidió que no se utilizara su nombre, dijo que el día que llegó, un empleado de Eloy se acercó a su celda con una computadora portátil y le preguntó si tenía algún familiar en EE.UU. Le dio el nombre y el número de su primo en Kentucky, y vio cómo el hombre aparentemente añadía la información a su expediente.

Tres días después, su primo en Kentucky recibió una llamada de Cruz, quien le dijo que su primo tenía una fianza de $3,900. El familiar, que en un principio creyó que Cruz era un funcionario real de ICE, buscó el número 1-800 y descubrió que era un fraude, y grabó las posteriores llamadas telefónicas con Cruz y un supuesto abogado del gobierno que representaba a su primo, que se identificó como John Kelly. Este hombre describió extensamente el proceso de fianza, a veces con precisión, señalando que la fianza se devolvería si el primo asistía a todas sus citas en el tribunal y que si el primo cambiaba de domicilio tendrían que notificarlo al tribunal. Se le dijo que transfiriera el dinero a Alejandra Moreno, el mismo nombre dado a Mariana.

Cuando el pariente dijo que no pagaría, el comportamiento amistoso de Cruz se convirtió en una amenaza. “Voy a enviar toda tu información [al juzgado]”, dijo. “Y eso te va a causar problemas. No vas a jugar con nosotros. Con nosotros, no vas a jugar”.

Tres abogados dijeron a Capital & Main que habían alertado a ICE sobre varias estafas de fianzas, incluida la dirigida por Cruz. Dijeron que no sabían qué había hecho la agencia con la información. El abogado que representa a los sobrinos de Mariana, Joseph Giardina, presentó una denuncia en enero ante ICE después de que un familiar anterior de un cliente fuera estafado por Cruz, y se le dijo que el departamento de Homeland Security ya tenía una investigación abierta sobre el fraude de fianzas.

Capital & Main preguntó a un representante de ICE si había una investigación abierta sobre Cruz y si había habido casos anteriores en los que se había descubierto que empleados del Departamento de Seguridad Nacional compartían información privada sobre los detenidos para obtener beneficios económicos. Un portavoz de ICE dijo que la agencia no revela el estado o la existencia de las investigaciones emprendidas por el departamento de investigaciones de Seguridad Nacional, cuyo ámbito incluye el fraude financiero y las estafas, y no respondió a la pregunta de si ha habido casos anteriores en los que se ha descubierto que los empleados de ICE han compartido ilegalmente información privada de los detenidos.

La operación de Cruz, aunque tiene como objetivo a detenidos de todo el país, parece estar anclada en California, ya que varias de las transferencias de dinero fueron rastreadas por dos familiares diferentes hasta el mismo Walmart, situado en South Gate, una ciudad del condado de Los Ángeles, utilizando MoneyGram, Western Union y Ria Money Transfer. Junto con Alejandra Moreno, Cruz ha transmitido a los familiares numerosos nombres de falsos abogados o agentes de ICE a los que debían dirigir las transferencias de dinero, siempre identificándolos como si estuvieran en varias ciudades del sur de California.

Casi todos los detenidos cuyos familiares han sido contactados por Cruz no tenían fianza, y varios de ellos han sido deportados desde entonces. Los sobrinos de Mariana fueron una excepción: un funcionario real del ICE les había concedido a cada uno una fianza de $10,000, y cuando Capital & Main habló con Mariana una semana después de haber sido estafada, su estado de ánimo se había levantado de forma espectacular. Un compañero de trabajo de su marido se había enterado de su dilema y se ofreció a prestarle $20,000. El compañero de trabajo había pagado la fianza el día anterior, y esa mañana sus sobrinos llegaron a Miami para una reunión llena de lágrimas. Mariana tenía una deuda de $24,000 y no tenía ni idea de cómo comenzar a devolver el dinero, pero por ahora sólo se sentía aliviada por haberse reunido con sus sobrinos.

Durante una conversación anterior, había dicho que la situación a la que se enfrentan los solicitantes de asilo ya es bastante dura, ya que han huido de sus países de origen en busca de seguridad y libertad sólo para acabar entre rejas una vez llegados a Estados Unidos, y a veces obligados a pagar grandes sumas para ser liberados.

“Y luego tener a este maldito imbécil que, de alguna manera, lo sabe todo sobre nosotros y juega con nuestras emociones y nos roba la esperanza”, dijo, y su tristeza se convirtió en ira. “Hablo de esto ahora porque no quiero que otra persona caiga en su trampa”.