Un grupo de Míchigan presiona para eliminar el gran capital de la política
Por Chrystal Blair • Michigan News Connection
Una nueva iniciativa para limitar la financiación empresarial en la política de Míchigan parece estar ganando terreno.
Existe un fuerte apoyo bipartidista a la restricción de las contribuciones políticas procedentes de monopolios regulados y de empresas que buscan contratos públicos, según una encuesta encargada por los partidarios de la propuesta. Los partidarios afirmaron que la medida aumentaría la transparencia y reduciría la política del “paga para jugar”, en la que las donaciones políticas pueden influir en las decisiones del gobierno.
Christy McGillivray, directora ejecutiva del grupo Voters Not Politicians, afirmó que la respuesta de los votantes ha sido uniforme en todo el espectro político.
“Tiene una gran acogida”, informó McGillivray. “Vamos por buen camino para alcanzar nuestro objetivo, y el apoyo bipartidista entre los votantes es increíble. Los votantes, independientemente de su partido político, están furiosos por cómo el dinero ha corrompido la política”.
Los organizadores deben conseguir cerca de 360,000 firmas válidas antes del 27 de mayo para poder presentarse a las elecciones, y aspiran a alcanzar unas 450,000 para compensar las firmas rechazadas. Los detractores de la propuesta afirman que, incluso con los límites establecidos, el dinero seguirá llegando a la política, solo que a través de canales diferentes y, en ocasiones, más difíciles de rastrear.
Sin embargo, los partidarios sostienen que la iniciativa tiene que ver con la equidad, argumentando que muchos habitantes de Míchigan sienten que sus voces quedan eclipsadas por el gran capital en Lansing. McGillivray subrayó que la cuestión se reduce a a quién responden en última instancia los legisladores.
“Nada está cambiando en Lansing, y no se les está exigiendo responsabilidades porque, en el fondo, el dinero en Lansing es a lo que responden los legisladores en lugar de a sus electores”, subrayó McGillivray. “Cuando eso ocurre, significa que la gente empieza a perder la fe en la democracia”.
Los partidarios afirmaron que la propuesta podría ayudar a reconstruir la confianza en el gobierno al aumentar la transparencia y garantizar que los líderes electos respondan ante los votantes, y no ante los grandes donantes.
